Es la primera vez que el peronismo, estando en el gobierno, sufre los saqueos. Cuando era Presidenta de la Nación, el 27 de diciembre de 2012, Cristina Fernández de Kirchner ensayó un mea culpa en el que responsabilizó a “sectores del PJ” por los saqueos de 1989 y de 2001, que terminaron con los gobiernos radicales de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa. Ella venía de pasar Navidad en Santa Cruz y días antes de esa celebración, en Bariloche (Río Negro) hubo bandas que robaron en tres supermercados. A propósito de esos hechos, la actual Vicepresidenta de la Nación dijo aquella vez: “Este es un manual para saqueos, violencia y desestabilización de gobiernos que tiene su historia y que se inauguró el primer tomo en las postrimerías del gobierno del doctor Alfonsín. Más allá de la situación económica, social, sectores políticos, y fundamentalmente sectores del PJ también, todos lo sabemos, lo sabemos perfectamente… Yo fui, soy y seré toda la vida peronista, pero antes que peronista soy argentina y creo que la verdad no debe ofender a nadie. Y la verdad que tampoco fueron espontáneos aquellos saqueos que terminaron luego, sí, muy mal y que obligaron a la salida anticipada del doctor Alfonsín. Creo que también fueron provocados. Todos sabemos que fueron provocados, seamos peronistas, radicales, independientes o lo que fuéramos. Porque bueno, hay sectores que realmente tienen prácticas que al no poder conciliar con los votos, tienen este tipo de actitudes. Lo mismo pasó en el año 2001”.
Es la primera vez en lo que va de esta cuarta experiencia kirchnerista (la versión siglo XXI del peronismo) que la oposición se planta, consigue quorum y modifica una ley. Concretamente, la cuestionada Ley de Alquileres. Sorpresivamente, porque está lanzada la carrera por las elecciones presidenciales que se celebrarán dentro de dos meses, el grueso de la oposición depuso diferencias e intereses particulares y consiguieron cambiar la norma. Es toda una derrota para el oficialismo.
En rigor, es otra derrota. Hace dos domingos fue la primera vez, en sus casi 80 años de historia, que el peronismo salió tercero en una elección nacional. En este caso, las PASO. Nunca antes, como ya se avisó, el movimiento fundado por Juan Domingo Perón quedó tan relegado. Ni siquiera cuando estaba proscripto por sucesivos golpistas, entre 1955 y 1973.
La verdad y la mentira
Esta emergente seguidilla de malas “primeras veces” conforma un fenómeno político específico: un momento de rupturas. Rupturas en la linealidad de la historia política argentina. ¿Qué hay debajo de estas fracturas expuestas? Otras rupturas, aunque mucho más profundas. Mucho más sistémicas.
El cuarto gobierno kirchnerista rompió la moneda de los argentinos. Y lo hizo sobre la base de una cuidadosa y planificada aplicación de las peores recetas posibles. Un gasto público demencial. El último informe sobre Gasto Público Consolidado (abarca los tres niveles del estado: Nación, provincias y municipios) corresponde a 2021 (disponible en Argentina.gob.ar). Equivale al 42,8% del Producto Bruto Interno del país. Es decir, de toda la riqueza que genera la Nación, casi la mitad está destinada a sostener el gasto del Estado. Esa relación es insostenible porque, precisamente, también es insostenible el modelo kirchnerista: un Estado que lo paga todo. Absolutamente todo.
Para financiar ese costosísimo modelo, que ningún programa económico es capaz de hacer viable (el cuarto kirchnerismo jamás presentó uno), emitieron pesos argentinos de manera infame. Hoy la base monetaria (el dinero en circulación) es de 6,35 billones (son millones de millones de pesos). Un 48% más que el año pasado. Un 113,5% más que hace dos años. Un 409% más que hace un lustro. Un 1.841,8% más que hace una década. La mala noticia es que, para respaldar semejante dineral, las reservas del Banco Central, hoy, son negativas. La peor noticia es que el pasivo remunerado del BCRA (las Leliq, que el Gobierno calza a una tasa del 118% anual a cambio de tomar depósitos bancarios para que no se vuelquen al mercado) equivale al triple de la base monetaria.
El Gobierno, como desgraciada consecuencia, rompió la economía. La Argentina volvió, en numerosos rubros, a esa instancia de incertidumbre ilimitada que es la desaparición de los precios.
Huelga decirlo, están rotas las finanzas domésticas de los argentinos, de la mano de una inflación que ya no se presume, sino que se asume de dos dígitos para este mes.
Por ende, está roto el progreso. Ese valor fundacional de esta nación que prometía, a cambio del esfuerzo del trabajo, la garantía de que los hijos iban a vivir mejor que sus padres. La pobreza en este país se mide sobre la base de los ingresos de la población. Los precios van por elevador y los salarios tratan de subir mediante un palo enjabonado. Así que los pobres, lejos de ser menos del 40% de la última medición, serán muchos más. ¿Cuántos más pobres serán sus hijos, en el país que antes de la devaluación de hace dos lunes ya registraba una pobreza infantil del 60%?
Si al cabo de una vida de trabajo la pobreza es verdad y el progreso es mentira, lo que también está irremediablemente rota es la legalidad en este país. Los saqueos son, también, la ruptura de ese principio esencial para el Estado de Derecho.
El origen de todas estas rupturas radica en que el cuarto kirchnerismo, sin más, rompió la política.
El poder y sus fuentes
La política es el gobierno de las situaciones sociales: la actividad de dirigirlas, ordenarlas e integrarlas. La definición está contenida en el ensayo “El poder y los sistemas políticos”, del politólogo Luis Bouza-Brey (“Manual de Ciencia Política”, de Miguel Caminal -coord.-, Editorial Tecnos, Madrid, 1996). El español agrega que la herramienta indispensable para la política es el poder. Pero el cuarto gobierno kirchnerista también rompió el poder.
El poder, dice Bouza-Brey, es la capacidad de obtener obediencia. “Tiene poder aquel individuo o grupo que consigue que otros (individuos o grupos) hagan (o dejen de hacer) lo que él quiere”.
Ese poder deriva, siguiendo al español, de tres fuentes. El poder coercitivo obtiene obediencia por la fuerza, o por la amenaza de su uso. Es, típicamente, el poder de quien administra el Estado.
El poder persuasivo es el que logra obediencia mediante la unificación de las preferencias y las prioridades ajenas con las propias. Es, sin más, el poder de las ideologías.
Finalmente, el poder retributivo obtiene obediencia estableciendo una relación de intercambio. El que obedece lo hace no por la fuerza o la convicción, sino por la conveniencia. Es, clásicamente, la que se da entre empleados y empleadores en el mundo laboral.
El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner fundió los motores de cualquiera de esas fuentes del poder.
Los saqueos de esta semana exponen que el poder coercitivo está roto. Hubo robos en banda en San Juan, Mendoza, Chaco, Córdoba, Río Negro y Neuquén. Y están los de Buenos Aires: en Tigre, Escobar, Pilar, Loma Hermosa, José C. Paz, Tres de Febrero, Moreno y Merlo.
Precisamente en el territorio bonaerense, el último bastión “K”, hubo profusas imágenes sobre un Estado por momentos inerme. Los dueños de un supermercado de Moreno, de origen chino, estuvieron indefensos frente a una horda que les robó hasta las máquinas cortadoras de fiambre. En Loma Hermosa, los dueños de una pañalera se enfrentaron a tiros contra quienes intentaban saquear el local. La conclusión es que el Estado no consigue obediencia de sectores sociales ni siquiera con la amenaza de la privación de la libertad. Por un lado, porque hay situaciones sociales límite. Por otro, porque el propio Gobierno viene desautorizando esa amenaza, en la ejecución de las leyes, en la interpretación de las leyes y en el dictado de las leyes. En tercer término, porque la fuerza pública, que encarna la coerción, a menudo brilla por su ausencia.
El actual gobierno kirchnerista, en paralelo, ha roto su poder persuasivo. Y hace bastante tiempo, ya. Viene de perder las últimas tres elecciones nacionales: las PASO de 2021, las generales de ese año, las PASO 2023. Una vez es excepcional. Dos veces puede ser casualidad. Tres veces es tendencia. Y esa tendencia hace fácil de entender algo difícil de explicar: al oficialismo ya no le creen. Conducir del peronismo es liderar el partido de la clase obrera organizada. Sin embargo, convirtieron al partido de los trabajadores en el partido de los pobres. Y los conductores del movimiento no son pobres, en ninguno de los casos. Difícil persuadir mayorías tras 20 años de esa receta.
Finalmente, la cuarta experiencia kirchnerista rompió, incluso, el poder retributivo. Un crimen de leso peronismo, teniendo en cuenta que más allá del ejercicio del poder y de la instalación de relatos, el peronismo siempre fue pragmático. Muchos, acaso la mayoría, son peronistas desde la cuna y por convicción y sentimiento. A la vez, no son pocos los que terminaron acercándose al peronismo (o cayendo en paracaídas) sólo porque convenía “estar” ahí dentro. En las PASO, sin embargo, ni siquiera las propias autoridades del peronismo se comprometieron con la propuesta de Unión por la Patria, a pesar de que les conviene que haya más peronismo en el poder.
Javier Milei terminó imponiéndose en 16 provincias argentinas. De esos distritos, sólo en cuatro hay en ejercicio gobiernos que no son afines al oficialismo nacional (Jujuy, Córdoba, Mendoza y Neuquén). En las otras 12 (Misiones, Salta, Tucumán, Santa Fe, San Luis, La Rioja, San Juan, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) todos se tratan de “compañeros”. En Buenos Aires, donde ganó Unión por la Patria, el gobernador Axel Kicillof logró el 36,4% de los votos. El binomio de Sergio Massa y Agustín Rossi, en cambio, sumó sólo el 32,1%.
El cuadro general pinta una escena en la que el kirchnerismo paga por sus propios platos rotos. Esa es, también, toda una “primera vez” en el peronismo.