Por Gustavo Rodríguez
25 Agosto 2023
CON APOYO. Familiares y allegados de la víctima estuvieron en el Centro Judicial de Monteros para acompañarla en la audiencia.
“No puedo creer lo que pasó. Con todo esto lo único que están haciendo es revictimizarme. La Justicia me dio otra cachetada”, aseguró al borde de las lágrimas P, la joven que fue abusada durante su viaje de egresados. Su enojo se debió a que la audiencia que debía realizarse ayer, y con la que la docente pretendía cerrar un proceso penal que lleva nueve años, fue suspendida por un error administrativo. El caso, si no ocurre ningún inconveniente, debería llegar a su final el próximo miércoles, un día antes de que prescriba la causa.
El 12 de agosto de 2014, los alumnos de un establecimiento secundario partieron de Monteros a San Carlos de Bariloche en el viaje de egresados. Los estudiantes, en el trayecto, consumieron bebidas alcohólicas mientras escuchaban música y se divertían.
En un momento ella se acostó a dormir en los últimos asientos del micro. Allí, aprovechándose de su situación, fue atacada por tres jóvenes (dos menores y un mayor), cuyos nombres se mantienen en reserva. El abuso se concretó en el interior del micro y duró unos 15 minutos. La adolescente, a través de terceros, se enteró de lo que le habían hecho cuando llegó a la ciudad de Córdoba. Allí comenzó su sufrimiento.
P. decidió romper el silencio antes de que la causa fuera cerrada a través de una solución alternativa, tal como lo prevé el código procesal penal, como es una probation. “No era lo que pretendía, pero era lo mejor que me podía pasar. Era una manera de cerrar todo lo que viví durante estos nueve años”, reconoció la joven en una entrevista con LA GACETA.
La víctima, acompañada por la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís, con la fiscala María Eugenia Posse y los defensores de los acusados, acordaron acceder a esta herramienta. Según el convenio, los imputados deberán realizar un tratamiento psicológico, talleres sobre cuestiones de género, tareas comunitarias, abonar una reparación de $ 1 millón a la víctima por el daño causado y un pedido público de disculpa que se realice en una audiencia. “Sólo me interesa que ese perdón sea realmente sincero”, había afirmado la víctima.
Dos golpes
“Sabía que sería durísimo llegar a esta instancia porque tendría que revivir todo y volver a enfrentarme con los que me robaron el alma. Tomé el valor porque quería cerrar de una vez por todas esta situación”, explicó P. “Lo que pasó es increíble. Supuestamente la Justicia y, por ende el Estado, deben protegerme, pero una vez más me revictimizaron”, añadió con la voz entrecortada.
P., antes de que se iniciara la audiencia, le pidió al juez Marcos Núñez Campero que LA GACETA cubriera la audiencia. “Lo único que quería es que se supiera la verdad”, comentó. Pero el magistrado, por pedido de los defensores, negó el acceso, ya que dos de los tres acusados eran menores de edad cuando se cometió el abuso. Sus colegas del Centro Judicial Capital sí permiten el ingreso a la prensa advirtiendo la prohibición de mantener la identidad de los acusados en secreto. Argumentan que ninguna norma puede cercenar el derecho al acceso de la información de calidad.
El segundo golpe lo recibió minutos después. El auxiliar de Defensor de la Niñez (no trascendió su nombre al haberse negado la cobertura periodística) pidió la suspensión de la audiencia porque apenas lo habían notificado ayer a la tarde y no tuvo el tiempo para estudiar el caso. Pese a la oposición de la víctima y de la representante del Ministerio Público, Núñez Campero decidió suspender por cinco días hábiles el debate.
Según pudo reconstruir LA GACETA, la fiscala Posse le advirtió al juez que el jueves 31, día el que había fijado la audiencia, se prescribía la causa por inacción judicial, por lo que la adelantaron para el miércoles 30. “La verdad es que ya no sé qué pensar. Acepté este acuerdo justamente porque todo podía quedar en la nada y ahora esto. La verdad que es tristísimo para todos, inclusive para los acusados. Pareciera que la Justicia se ríe de nosotros y todo por un error administrativo”, destacó.
Profundo dolor
P. concurrió al Centro Judicial de Monteros acompañada por sus familiares y allegados. “Tenía la ilusión de que esto se acabara de una vez por todas. Durante mucho tiempo me preparé para que esta horrible historia llegue a su final. Pero otra vez la Justicia se negó a que consiguiera algo de paz. Pareciera que está empecinada en dañarme”, aseguró en la entrevista con LA GACETA.
“No entiendo qué piensan los funcionarios. Nunca busqué una venganza. Hasta decidí aceptar esta salida sabiendo que ellos terminarían más beneficiados, pero no. Otra vez, como lo hicieron a lo largo de estos nueve años, volvieron a victimizarme”, comentó la joven. “Pareciera que ni siquiera, tanto yo como los acusados, tenemos una vida, trabajamos y no podemos pasarnos todos los días deambulando por tribunales”, agregó.
Alivio
La joven, que está casada y ejerce como profesora de inglés, se mostró complacida por una sola razón. “Durante mucho tiempo tuve temor de contar lo que me había pasado y lo que había sufrido. Un día después de haber acabado con ese silencio puedo decir que estoy contenta de haberlo hecho. Muchas personas, después de todos estos años, se arrimaron para decir que me acompañarán hasta el final”, comentó.
“También espero que las chicas que pasaron por la misma situación se animen a denunciar. Si bien es cierto que el camino que recorrí fue muy doloroso, cada golpe que recibí me terminó fortaleciendo. Ahora, con el acompañamiento de muchos, el miércoles cerraré esta pesadilla”, finalizó.
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