Por Nahuel Toledo
22 Agosto 2023
MODIFICACIÓN. La oposición promueve el retorno de los contratos a dos años y que el ajuste sea acordado entre las partes.
Después del cimbronazo político que representó el resultado de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Cámara de Diputados de la Nación retomará su trabajo con un tema sensible y que demanda, desde hace meses, respuestas urgentes. A pedido de la oposición, mañana se discutirá en el recinto legislativo la Ley de Alquileres y una vez más las posturas del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) sobre el tema volverán a enfrentarse. En este escenario y teniendo en cuenta el contexto electoral, las conductas de la bancada libertaria también están bajo la lupa.
Los principales bloques de la oposición ya ratificaron su decisión de participar de la sesión especial, convocada para las 12, y poder debatir una nueva ley para el sector. Aunque no resulte sencillo porque carece de dictamen de comisión, la derogación lisa y llana de la ley es la idea que promueve el bloque de Javier Milei (La Libertad Avanza) y un sector del PRO. Por su parte, el oficialismo y la izquierda impulsan modificaciones más graduales que dejarían condiciones más o menos como las actuales. Actualmente, se estima que hay más de cinco millones de inquilinos en todo el país y tantos otros propietarios esperando por un nuevo cuadro normativo que brinde certidumbre a un sector golpeado.
Tras la ratificación de la sesión, ahora la responsabilidad de los bloques de la oposición será no solo reunir el quórum -129 diputados presentes en el recinto- sino también acordar una propuesta común superadora a la del dictamen de mayoría que respalda el FdT. Para alcanzar al número anhelado en el recinto, JxC, que posee 117 escaños, negocia con los bloques Encuentro Federal (cuatro bancas) y el interbloque Federal (ocho bancas) para llegar a un mínimo de 124 escaños e imponerse a las 118 voluntades que reúne el kirchnerismo
Poroteo y estrategias
En la oposición son conscientes de que no será sencillo derogar la ley vigente por una cuestión numérica y ante esto se confían en poder voltear el dictamen mayoritario, mediante un rechazo. Por lo tanto, los jefes de la oposición coinciden en que el primero objetivo es alcanzar el quórum para abrir la sesión, luego rechazar el dictamen de mayoría y finalmente tratar la propuesta de minoría.
En este escenario, los exponentes del oficialismo en la provincia mantienen cautela y antes de opinar al respecto optan por esperar lo que se resuelva hoy en la reunión de bloque. Allí se fijará la posición del espacio.
Por su parte, Domingo Amaya, representante del bloque Encuentro Federal, aseguró que aunque el objetivo macro “sería derogar la ley”, entiende que lo óptimo sería encontrar “una posición consensuada en la que no se mida quién saca más o menos ventajas”. “No es momento de meter a la política en medio de esto. Es un tema sensible que nos obliga a actuar de forma responsable”, enfatizó el legislador a LA GACETA.
La propuesta oficialista establece que la validez de los contratos se mantenga en tres años, con una actualización anual, con un tope que fije el Índice de Contratos de Locación (ICL), una fórmula que elabora el Banco Central que contempla en partes iguales la variación de la inflación y los salarios. Asimismo, el espacio cercano a la gestión de Alberto Fernández propone incentivos fiscales para monotributistas propietarios, así como también un sistema de incentivos para la construcción de viviendas.
La oposición, en cambio, coincide en modificar la ley actual para que los contratos de alquileres vuelvan al plazo estipulado en la ley anterior -dos años- y que el ajuste sea acordado entre las partes. En cuanto a las actualizaciones, el dictamen establece que los ajustes podían realizarse con la periodicidad por intervalos de entre tres y 12 meses.
Propuesta de privados: reducción en el período de actualización
La Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), elevaron una propuesta y pidieron a los legisladores que pongan en consideración la modificación de dos artículos de la legislación actual. Uno de los cambios primordiales radica en la reducción como mínimo a cuatro meses el período de actualización de los cánones locativos. “El precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales”, precisa.
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