República, poderes e injerencia

Por Juan Ángel Cableiro

Para LA GACETA - TUCUMÁN

Que haya al menos un poder no sometido a la voluntad mayoritaria del pueblo es, paradójicamente, un resguardo para la democracia y las instituciones, porque la mayoría puede ser cruel y despiadada a veces; consigo misma, incluso, pero sobre todo con las minorías y los disidentes. A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, que surgen directamente del voto popular en una determinada coyuntura histórica, el Poder Judicial es fruto de mecanismos y procesos de selección de largo plazo, gestados con la participación indirecta de la sociedad en tiempos de aguas tranquilas, como reserva de racionalidad y sensatez.

Por eso, cuestionar el carácter no electivo de los jueces por un berrinche de ocasión resulta peligroso e irresponsable; ideas totalitarias que surgen cuando se disfruta del poder y se cree tener el voto seguro, atado y bien atado, o se pretende, por una conveniencia circunstancial, desautorizar sus fallos. Pero el descrédito de nuestro Poder Judicial, si le cabe, no tendrá que ver con el modelo de su conformación, sino, muy por el contrario, con el grado en que pierda su autonomía y se someta a los intereses de la política. Tampoco por su injerencia en otras esferas, que es el otro motivo por el que ligeramente se lo cuestiona.

Injerencia, sí

Cuando el presidente de la república y otras autoridades, secundados por una parte del periodismo, se quejan y pretenden denunciar como un escándalo «la injerencia de la Corte Suprema (o de otros ámbitos judiciales) sobre el Poder Ejecutivo» se olvidan de ese principio fundamental del sistema republicano que da sentido y fundamento a la división de poderes: la función de contralor, límite y contrapeso que estos poderes ejercen entre sí. ¿Cómo hacerlo sin que haya «injerencia»?

El ejercicio de estas funciones sería imposible si cada poder operara desde compartimentos estancos: afortunadamente no es así, y cuando uno de ellos se extralimita o delinque esperamos la intervención de otro para enmendarlo. Esto, mal que nos suene, es una forma legítima de «injerencia» entre poderes. No solo legítima, sino imprescindible y esencial al sistema, y criticarla es caer en la «falacia de la no injerencia», una especie de «no te metás» institucional. Existen también, por supuesto, formas ilegítimas de injerencia: es el caso de un poder que pretenda usurpar las atribuciones de otro o convertirlo en un mero apéndice de sus intereses. Ocurre que los límites entre una forma y otra de injerencia, a veces sutiles, quedan borrados ante la retórica dominante del oportunismo y la chicana.

No se trata de distinciones meramente dialécticas, sino de cuestiones de fondo, que hacen al funcionamiento de nuestro ordenamiento institucional. Ambas críticas (al carácter no electivo de la justicia y a su injerencia en otros poderes) circulan con demasiada liviandad y cruzan un límite intolerable: la peligrosa disposición de nuestra clase dirigente a sacrificar principios fundamentales de nuestro sistema político para resolver sus trapisondas.

Un sistema político, el nuestro, que no es, por fortuna, una democracia pura, directa o asamblearia, sino un sistema combinado, «demoliberal», en el que el principio democrático se complementa con los del liberalismo político. Una especie de amalgama feliz entre Maradona y Borges, donde las efusiones de la mayoría encuentran su límite en los derechos adquiridos de las minorías, y los abusos de la estadística, en el apego a «las sentencias, los libros, los dictámenes...».

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Juan Ángel Cabaleiro – Escritor.