18 Agosto 2023
TAXIS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / foto de Archivo LA GACETA
Un sindicato que representa a choferes de taxis presentaron una nota dirigida al gobernador, Juan Manzur, para solicitarle que promulgue una ley "anti-Uber", sancionada en 2022 por la Legislatura.
El texto firmado por el delegado gremial de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Julio Rodríguez, y por el abogado de la entidad, Guillermo Petros, requiere al titular del Poder Ejecutivo que indique "los motivos y razones por los cuales al día de la fecha" no se ha puesto en vigencia esta normativa.
Se trata del proyecto tratado en el ámbito legislativo para derogar la Ley 9.352/2020, que había tenido por objeto "regular en el ámbito provincial el servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas".
"La ley (de derogación de la 9.352) ha sido sancionada por la Legislatura el 9 de noviembre de 2022, y remitida al PE para su promulgación mediante nota al día siguiente. Cuenta además con dictamen favorable por parte de la Fiscalía de Estado desde el 24 de noviembre de 2022, por lo que ha transcurrido un tiempo más que prudencial de espera a fin de que sea promulgada", indicaron los representantes sindicales.
Además, advirtieron que esta medida es "de suma importancia para la actividad taximetrera" de Tucumán, ya que permitirá "proteger y tutelar la fuente laboral de miles de compañeros taxistas".
La ley de la controversia
La Legislatura aprobó la Ley 9.352 en diciembre de 2020, y si bien el PE dispuso un veto parcial sobre el texto original, fue promulgada al mes siguiente y publicada en el Boletín Oficial.
Esta norma apunta a regular el servicio de transporte privado de pasajeros que se ofrece a través de plataformas digitales, como Uber.
Además de la creación de un registro de prestatarios y de conductores dentro del ámbito provincial, la Ley 9.352 establece el pago de impuestos y las características de los vehículos habilitados para brindar el servicio.
Casi un año después, tras varias reuniones y reclamos de taxistas, la Legislatura avanzó con la derogación de esa norma.
"Razones entre otras como la falta de infraestructura vial, medioambiente, altos índices de siniestralidad vial, congestión en el tránsito que afecta la fluidez vehicular, motivan la presentación de esta iniciativa", explicó en los fundamentos del proyecto el legislador Armando Cortalezzi (Frente de Todos).
Además, el dirigente peronista señaló que "el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales, como es el caso de Uber u otros, es una actividad que desde hace unos años viene siendo controvertida en muchos países del mundo, con fallos judiciales a favor y/o en contra de dicha actividad".
Cortalezzi recordó que "todavía se discute la naturaleza jurídica o la legalidad" de este sistema, y que tal discusión "pareciera no tener fin, y por lo tanto, promete seguir".
"Si bien no hay que desconocer que para ciertos ciudadanos el uso de transporte privado a través de plataformas electrónicas podría representar una opción más, también es cierto que nuestra provincia no está preparada para permitir dicha actividad. Asimismo, resulta necesario procurar priorizar y coadyuvar el transporte público de pasajeros y de taxis, actividades que, como es de público conocimiento, se encuentran en crisis en los últimos años", describió el legislador oficialista en los fundamentos de la propuesta "anti-Uber".
El proyecto de ley "anti-Uber" sancionado por la Legislatura
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