17 Agosto 2023
SAN JOSÉ, Costa Rica.- El Ministerio Público de Nicaragua acusó de “terrorismo” a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de ese país, y solicitó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, incluidas sus cuentas bancarias.
La jueza que firmó la orden alega que la institución funciona como un “centro de terrorismo”, acusación que el organismo que agrupa a esa orden religiosa en Centroamérica niega enfáticamente.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró en la red social X que esta es “otra arremetida contra los Derechos Humanos en el país, ya que la UCA “ha sido un bastión de educación progresista y en defensa del movimiento estudiantil”.
La decisión ocurre en medio de un creciente conflicto entre la iglesia católica y el gobierno del presidente Daniel Ortega.
En un documento interno fechado ayer, la UCA señala que el 15 de agosto recibió un oficio en el que se le notifica la decisión de la jueza de incautar “bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional y extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”.
La universidad dirigida por la orden jesuita es la principal institución privada de educación superior en Nicaragua y alma mater de líderes juveniles que encabezaron protestas contra el gobierno en 2018, que dejaron un saldo de más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, que representa a los jesuitas en la región, condenó en un comunicado la incautación y rechazó las acusaciones. “Esta nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad no es un hecho aislado; forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país”, dijo.
“Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”, subrayó.
Managua disolvió este año 26 universidades, al retirar la personería jurídica a varias de ellas, también cerró partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
El gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, no respondió preguntas sobre la incautación de bienes, como tampoco lo hizo el Poder Judicial de Nicaragua.
Líderes religiosos mediaron en las protestas antigubernamentales del 2018, pero también criticaron la forma en la que Ortega reprimió el movimiento social, lo que molestó al mandatario, quien entonces inició una campaña en contra de los religiosos que se intensificó este año.
El gobierno mantiene en prisión a cuatro sacerdotes y al obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Ortega y uno de los religiosos más influyentes de la iglesia católica nicaragüense.
En 2022, el Congreso eliminó fondos públicos que la UCA recibía desde 1990 por disposición constitucional. Ese mismo año su rector y vicerrector fueron impedidos de regresar a Nicaragua de un visita de trabajo que realizaban en el extranjero. (Reuters)
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