No es una novedad para el Gobierno nacional que el salto en el dólar provocó una marea de aumentos en todos los rubros de la economía diaria y que golpeó fuerte y directo al poder adquisitivo de los argentinos, principalmente los asalariados. El anuncio del combo devaluación-inflación (en julio llegó al 6,3%, según el Indec) movilizó en lo inmediato el traslado a los precios en varios rubros de la economía cotidiana como combustibles, carne, pan y tarifas, entre otros.
Sin embargo, las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional no acusan recibo ni lectura del resultado negativo que obtuvieron en las PASO ni menos de la también negativa reacción de la economía de precios por el mismo motivo. Ni el presidente, Alberto Fernández, ni el ministro de Economía, Sergio Massa, plantearon las alternativas para llegar sin traumas con la economía hasta las elecciones de octubre y su transición hasta entregar el Gobierno en diciembre. Quizá haya un plan o esté en elaboración, pero sucede que se acrecentó la incertidumbre sobre lo que pasará en el corto plazo ante la imposibilidad demostrada por las autoridades para contener la inflación, aplacar el mercado cambiario y frenar, ahora, los atisbos de un desabastecimiento de la mano de la sempiterna especulación.
Por lo pronto, no alcanzan aún para ganarse la confianza de los mercados las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional para recuperar la fuerza de las reservas del tesoro, ni la devaluación para nivelar el retraso cambiario, entre las principales acciones. Los analistas advierten que el Gobierno intenta rearmarse y cambia en algunos casos de estrategia. Así mencionan a la política monetaria con la devaluación de la moneda y la súper tasas de interés, y también citan a las mayores restricciones a los dólares financieros para morigerar la volatilidad.
Desde el equipo económico se anunció la continuidad de los Precios Justos, y que en ese afán se creó una unidad para negociar acuerdos de precios, integrada por Guillermo Michel, titular de Aduana, Carlos Castagneto, titular de la AFIP, Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, y Matías Tombolini, el Secretario de Comercio. Ratificaron que los acuerdos con las empresas una por una, seguirán adelante, fijando precios por 90 días (hasta octubre) con ajustes mensuales del 5%.
Antes de este anuncio, el único que salió a hablar el lunes pasado fue el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. Planteó que el resultado electoral “trajo muchas turbulencias en el mercado financiero, tanto aquí como en el exterior”, razón por la cual Economía tomó ese día “medidas para dar previsibilidad y dar estabilidad macroeconómica”.
“Todos sabíamos que mucha gente estaba interesada hace tiempo en una devaluación brusca que nosotros no compartimos y además, forzados por el resultado electoral, nos llevó a tener que dar certidumbre, fijando un valor tipo de cambio hasta el 30 de octubre”, subrayó.
Al respecto, Rubinstein consideró que el sistema económico “salió fortalecido” luego de esa medida, y que la suba de la tasa de interés al 9,7% efectiva mensual, permitió al Banco Central comprar U$S 340 millones entre el lunes y el martes pasados.