16 Agosto 2023
Desde hacen varios años venimos expresando opiniones sobre la necesidad vital para el Gran Tucumán, el cuidado de la sierra de San Javier. Especialmente de desde que participé en el Programa de Desarrollo de Áreas Metrolitanas del Interior del País (DAMI), financiado por el BID, concurso que ganó la Facultad de Arquitectura, a través de su Instituto de Planeamiento y Urbanismo. En dicho curso participaron 12 técnicos (urbanistas, arquitectos, ingenieros, geólogos, zootecnistas, expertos en comunicaciones, transporte y economistas; el único abogado fue quien esto escribe). Un curso intensivo de más de dos años sobre el cual volveremos. El proyecto “federal” ahora presentado, integrado por diversos organismos técnicos de la UNT, el Conicet, el Inteph, para el objeto de protección del sistema de San Javier es, a no dudarlo, muy bienvenido y habla de un mismo interés científico por una cadena montañosa de la cual depende el microclima habitable del Gran Tucumán. Repetimos: es indudable de interés público y científico todas las actividades programadas tendientes a reflexionar sobre los alcances de la urbanización sin control y el enorme daño que puede acarrear sobre un sistema natural que es esencial para el hábitat del conglomerado mayor de la provincia. Pero queremos detenerlos en un aspecto que, al menos en que publica este diario, resulta insuficiente si en verdad el avance científico puede transformarse en políticas públicas de largo alcance, es decir en Políticas de Estado, como único medio de lograr resultados eficaces para los altos fines propuestos. Advertimos en el “Proyecto Federal” cierta contradicción para que se transforme en realidad la actual situación de avance de la voracidad inmobiliaria. En realidad es el antiguo dilema entre el conocimiento científico y la realidad política; en un país con excelentes científicos y una triste realidad económica y política como la que estamos viviendo en la actualidad. Dice la investigadora: “Nuestro rol no es ejecutivo… somos técnicos en territorio”, y agrega: “tratando de poner los recursos del conocimiento por delante de los intereses inmobiliarios”. Es toda una definición indiscutible, ¿pero de qué modo puede hacerse realidad esta loable ambición de proteger la sierra y poner límites a los insaciables intereses inmobiiarios? ¿Quiere decir que no es tan sólo un rol científico, sino resulta claro que tiene fines concretos de política económica? Si esto surge de la propia expresión de una investigadora organizadora, quiere decir que, aun sin proponérselo, está en el territorio político. Y entonces no es solo con los municipios y las comunas rurales con las que puede contar para llevar adelante una acción concreta para los controles de defensa de los bienes naturales como los bosques y el medio ambiente. Volvamos brevemente a la experiencia del DAMI, que se aprobó por el BID con felicitaciones, pero las 130 fojas y 300 infogramas del estudio nunca se pudieron publicar a pesar de recurrir a todos los organismos del Estado, incluida la UNT y las empresas privadas, y duerme en algún anaquel sin que haya inspirado ninguna acción concreta y coherente para el Gran Tucumán. En síntesis: si no se consigue una Ley Convenio entre la UNT y la Provincia que involucre a municipios y comunas rurales, y sobre todo un diagrama de seguridad compartida entre los guardaparques de la Universidad y una Policía rural bien equipada, todo el despliegue científico corre el riesgo de seguir a la larga el mismo fracaso del DAMI y la eterna frustración nacional entre ciencia y política, entre la teoría y la práctica, entre los sueños y la realidad.
Benito Carlos Garzón
Lo más popular
