Por Bárbara Nieva
08 Agosto 2023
LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
El miércoles 23 del corriente mes se pondrá nuevamente en discusión la Ley de Alquileres vigente en la Cámara de Diputados. Tanto inquilinos como propietarios se mantienen a la expectativa, dado que la intención de la oposición, que se pronunciará en conjunto, es dar el primer paso para la derogación del marco actual.
Las principales críticas a la normativa N° 27.551 se centran en que el régimen de contratos y de ajustes no permiten que la oferta de inmuebles se eleve, sino que sucede al contrario. Y es que los ajustes de los montos de alquiler se actualizan de forma anual, lo cual limita las ganancias del propietario por su imposibilidad de ajustar los valores en la medida que avanza la inflación.
Esto también supone un golpe económico para el inquilino, que debe enfrentarse a cambios bruscos de la renta, al menos una vez por año. Según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central, los inquilinos que firmaron un contrato en agosto de 2022 afrontan este mes un aumento del 110%.
Así, el propietario no quiere alquilar sus inmuebles para no quedar “atado” a una misma renta por 12 meses y el inquilino sufre una severa variación del alquiler que solía pagar, además de que se le complica encontrar un lugar por la baja en la oferta inmobiliaria.
Otro punto que cuestiona la oposición es que la duración de los contratos debería volver a ser de dos años, y no de tres. Y proponen que el método de ajuste sea de libre acuerdo entre partes y con aumentos semestrales.
Opiniones
“Hoy quienes tienen una propiedad destinada al alquiler, prefieren ponerla en venta. Y es que cuando hacemos más largos los períodos de decisión (por los tres años de contrato), es más difícil captar al inversor para que alquile”, explicó a LA GACETA Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia.
De modificar el plazo de contratos a dos años y establecer un ajuste cuatrimestral de la renta, “se volcarían más propiedades hacia el sector de alquileres”. “Es un producto que está congelado por un año, es muchísimo. Por eso hay propietarios que ponen un precio más alto al que deberían para tratar de compensar un poco a causa del contexto inflacionario”, manifestó.
Es por eso que Guzmán considera que el tratamiento de esta ley y su modificación significarían un gran impulso para el sector inmobiliario. “Se debe hacer un tratamiento profundo del tema para ir acomodando un poco el mercado y también aumentar la oferta”, agregó.
Esta postura también fue acompañada por los diputados nacionales Roberto Sánchez y Lidia Ascárate (Unión Cívica Radical), Paula Omodeo (CREO) y Rossana Chahla (Unión por la Patria).
El ex intendente de Concepción consideró que deben tratarse los artículos 3 y 14. “La ley actual, sumada a la situación macroeconómica, produjo una reducción de las propiedades ofertadas en alquiler, ocasionó un aumento del precio inicial de la renta y la migración de dichas propiedades a la venta”, comenzó diciendo.
“Como consecuencia, hubo una baja del precio de las propiedades en venta, perjudicando al sector inmobiliario. Además, la forma de actualización establecida hace que los propietarios pierdan rentabilidad al cabo de dos a tres meses”, agregó.
Es por eso que el ex candidato a gobernador por Juntos por el Cambio en los comicios provinciales consideró que “no hay dudas de que hay que debatir y modificar la ley, para el bien de todas las partes”.
“Juntar voluntades”
Por su parte, Ascárate afirmó: “La realidad económica y política actual del país, en un escenario de inflación anual de tres dígitos, depreciación cambiaria, nulo acceso al crédito e inseguridad jurídica, no sólo volvió a la Ley inefectiva, sino que en algunos aspectos agravó el problema”.
La diputada remarcó que lo fundamental es “juntar las voluntades para que a fin de mes haya una respuesta a las necesidades de la sociedad”. “Frente a este panorama electoral y con expectativas de cambio de gobierno, derogar la ley de alquileres parece la mejor alternativa; es lo que más nos preocupa y confiamos en que sucederá”, aseveró.
Lo que se espera para el 23 es que “al menos salga el dictamen de minoría”, señaló Omodeo. “Es un poco menos peor que la ley actual, pero es una ley que a mi gusto quedaría corta”, lanzó la referente de CREO.
“El verdadero problema que hay hoy es la inflación; como no podés pactar un número y las actualizaciones de renta no alcanzan, la gente tiende a ofrecer alquileres temporarios porque la inflación hace que los contratos queden con suma irrisoria”, consideró la abogada.
En este sentido, agregó: “La ley puede ayudar o mejorar (la situación), pero el verdadero problema es la inflación y la falta de vivienda; es mucho más grave que una mera ley de alquileres”.
Compromiso
Por su parte, Chahla apuntó a que “existe un consenso en que la ley no produjo los resultados esperados ni benefició a los inquilinos”. “La mayoría de los actores políticos sostienen que es necesario modificar esta ley”, dijo.
Y se refirió a las autoridades nacionales. “Por parte de UP, Sergio Massa anunció que era necesaria una reforma y en la apertura del 140° período de sesiones el presidente Alberto Fernández mencionó la problemática y dijo que el Congreso debía encargarse de hacer las modificaciones necesarias”, mencionó la intendenta electa de la Capital.
Si bien se mostró de acuerdo en que la normativa debería someterse a unas modificaciones, enumeró los puntos en los que la ley fue beneficiosa. Mencionó que “obligó a registrar los contratos ante la AFIP”, “bajó el tope de los depósitos; de un mes de alquiler por año del contrato a sólo el primer mes”, “consagró el derecho a exigir y disponer reparaciones a cargo del propietario”, entre otros.
La sesión especial en la que se debatirá la ley de alquileres surge de una presentación hecha por la mayoría de los partidos de la oposición. Esta solicitud se produjo después de que Juntos por el Cambio (JxC) intentara, sin éxito, promover la derogación de la legislación actual.
Las expectativas están puestas en el asunto, aunque los opositores señalan que el oficialismo “parece rehusarse a dar tratamiento”.
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