Siguiendo el consejo de su abogado, la niñera Graciela Margarita Parientes (42 años), optó por no declarar ante la jueza Lorena Rocha. En la audiencia de ayer se agravó la acusación en su contra y ahora afronta cargos por un delito que contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión efectiva. Esto a raíz de que el bebé que estaba a su cargo terminó falleciendo por su descuido.
El hecho ocurrió el 9 de junio. Una pareja contrató a Parientes para que cuidara de su bebé de 10 meses hasta que ellos volvieran del trabajo. Ese día la cuidadora decidió bañar al pequeño, a pesar de que -según la acusación- tenía estrictas órdenes de no hacer esa tarea, porque era algo que los padres preferían hacer personalmente. En ese contexto, la niñera dejó solo al niño en la bañera y fue a otra habitación; cuando regresó encontró sumergida a la víctima y sin signos vitales. El pequeño fue reanimado en el hospital Kirchner y luego permaneció internado en el Hospital de Niños hasta el 28 de julio, cuando falleció.
Reformulación
En la audiencia de ayer, la auxiliar fiscal Luz Becerra anunció que por la muerte de la víctima la causa pasaba de la Fiscalía de Atentados contra las Personas a la Fiscalía de Homicidios, esta última a cargo de Carlos Sale. La investigadora además pidió agravar los cargos, y que la acusación pasará a ser por el delito de abandono de persona agravado por fallecimiento (hasta ayer el agravante era por daños a la salud y contemplaba una menor pena).
Becerra además enumeró las pericias que ya concretaron desde la detención de la niñera (el 16 de junio). A Parientes le realizaron una pericia psicológica (ver detalle en nota complementaria), también se concretaron las entrevistas a los padres de la víctima y a un amigo de la pareja que había recomendado a Parientes para ese trabajo. Ya constan en los legajos -además- los testimonios de los médicos del hospital Kirchner que realizaron las maniobras de reanimación y también se incorporó el informe preliminar de la autopsia, que confirmó que el bebé no tenía lesiones por golpes, pero sí mostraba signos de haber tenido agua en los pulmones.
Por otro lado, la auxiliar fiscal pidió que se prorrogara la prisión preventiva de la imputada por dos meses, plazo en el que estiman que podrán concluir las pericias pendientes. Resta contar con los informes telefónicos y con las declaraciones de los pediatras que asistieron al niño durante su internación, pero además, Becerra mencionó que ya comenzaron charlas con las partes y habría buena predisposición para arribar a una salida alternativa (un juicio abreviado).
Para justificar el pedido cautelar, la profesional recordó que la mujer dio dos domicilios donde no fue ubicada, además de que luego propuso la casa de su suegra como lugar para cumplir de manera domiciliaria su arresto, pero la madre de su pareja la rechazó sintetizando: “no la quiero ni cerca”.
Sobre ese tema, el abogado querellante, Joaquín Olaizola, enfatizó: “entendemos que Parientes les mintió a los padres del niño, a su defensor e incluso a una jueza sobre su domicilio. Recordemos que por eso la Policía terminó aprehendiéndola en la calle”.
El defensor, Marcelo Cisneros, no se opuso a la reformulación de cargos ni a la prórroga de la preventiva. Por esa razón, la jueza Rocha dio lugar a todo lo pedido por la Fiscalía, aclarando que dos meses le parecía demasiado para concluir pericias, pero que contemplaría ese plazo para que las partes tengan el tiempo necesario para poder discutir los términos de un posible juicio abreviado.
Acercamiento
Luego de la audiencia, Cisneros le dijo a LA GACETA que entiende que la salida alternativa del juicio abreviado podría ser la mejor solución para evitar un desgaste jurídico. Aclaró que por el momento sólo habló con la Fiscalía sobre la posibilidad de llevar adelante esta opción y que espera poder reunirse con la querella para dialogar los términos de una pena. Por su parte, Olaizola le había adelantado a nuestro diario que verían con buenos ojos la posibilidad de cerrar el caso con un juicio abreviado siempre y cuando la niñera acepte el máximo de la pena (15 años).