03 Agosto 2023
RESARCIMIENTO. La fiscalía logró arribar a acuerdos con las partes.
Con el objetivo de resarcir a varias víctimas de delitos que implicaron perjuicios económicos, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que conduce Mariana Rivadeneira, consiguió sellar una serie de convenios entre las partes que incluyó acuerdos millonarios. Además, al haber indemnizado a las víctimas, y según lo acordado, estos convenios les posibilitaron a los acusados evitar ser condenados por los hechos.
Las causas
Durante diciembre de 2022 y enero de 2023, una agente de Rapipago, aprovechándose de una demora en el seguimiento de las rendiciones periódicas que era causada por una falla operativa en el sistema de procesamiento de las operaciones, desvió la recaudación, por un monto de $20,9 millones, del circuito de rendición de cuentas, quebrantando el deber de cuidado del patrimonio ajeno confiado a su cargo. Los acusados pagaron una reparación de $ 21 millones.
Por otro lado, el 14 de septiembre del año pasado, una persona vendió su automóvil marca BMW a un ciudadano en su carácter de socio gerente de una firma de venta de transportes. La transacción se hizo por U$S 32.000, siendo que una parte de la operación fue abonada con dos cheques firmados por el comprador y un pagaré rubricado por otro. Sin embargo, al momento del cobro fueron rechazados por falta de fondos. La víctima trató de recuperar el automóvil pero al obtener un informe de dominio vio que había sido transferido a un individuo domiciliado en la provincia de Jujuy. El comprador al final pagó una reparación de U$S 170.000.
Finalmente, el 28 de junio de 2021, tres integrantes de una asociación, aparentando un emprendimiento inmobiliario de loteo referente a un proyecto urbanístico, vendieron por $ 1,8 millón a un hombre un lote de 455 metros ubicado dentro del emprendimiento, ubicado en La Picada, departamento Tafí Viejo, instrumentándose a tales efectos un boleto de compraventa entre los mencionados y un contrato mutuo. Todo ello, a sabiendas de la imposibilidad de su realización debido a que el padrón correspondiente al inmueble se encontraba en áreas destinadas a espacios verdes y parquizaciones de uso público. Se causó un perjuicio económico a quien ya había abonado la suma de $ 933.330 antes de advertir esta maniobra delictiva. Finalmente, la causa caducó cuando los acusados abonaron una reparación de $ 2 millones a la víctima.
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