Se reabren las heridas que generó el caso Facundo Ferreira

Pasaron más de cinco años del crimen de un niño de 12 años. Una muerte que dividió la opinión de gran parte de los tucumanos. Un homicidio que tuvo un juicio polémico y cuya sentencia cosechó elogios y rechazos. Hoy comenzarán a reabrirse las heridas de las familias de las víctimas y de los acusados. A casi dos años del primer fallo, se iniciará el segundo debate del caso Facundo Ferreira, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia hace cinco meses.

Según la investigación de la fiscala (ya jubilada) Adriana Giannoni, en la madrugada del 8 de marzo de 2018, Facundo había estado junto a otros amigos en una carrera de motos en la zona del parque 9 de Julio. El encuentro clandestino tuvo un final abrupto. El niño, junto a su amigo J., actualmente condenado por una causa de robo, subieron a la moto y decidieron regresar a sus hogares ubicados en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) con un grupo de jóvenes.

Los agentes Mauro Díaz Cáceres y Javier González Montes de Oca, motoristas del servicio 911, trataron de detenerlos. Se inició una persecución que se extendió durante varias cuadras. En el trayecto se escucharon y se observaron fogonazos de varios disparos. En la esquina de avenida Avellaneda y Río de Janeiro, Facundo recibió un balazo en la nuca que le provocó la muerte. A su amigo, un proyectil le rozó la cabeza. Los testigos dijeron que las víctimas no habían disparado. Los agentes señalaron que sólo habían actuado en defensa propia.

Giannoni los acusó de homicidio agravado, pero ninguno de los dos estuvo ni un día detenido por este caso, pese a los numerosos intentos que realizó la investigadora. Díaz Cáceres siguió prestando servicios en la fuerza, aunque realizando tareas administrativas. González Montes de Oca también, pero hasta que fue detenido por haber robado la cartera a una mujer en Banda del Río Salí. Por ese delito, en el que se confirmó que era adicto, terminó siendo condenado y aún cumple la pena que le impusieron.

En el juicio, que se inició en septiembre de 2021, pudieron escucharse numerosas versiones. Hubo confirmación de algunos datos y desmentidas de otros. Para el tribunal sí quedó en claro que hubo un intercambio de disparos, pero también logró probarse que Facundo no manipuló ningún arma. También lograron confirmar que la Policía había alterado la escena donde se desencadenaron los hechos. Según el fallo, González Montes de Oca primero hirió con postas de goma a Facundo y luego Díaz Cáceres gatilló tres veces su arma reglamentaria contra el niño. Con los votos de Wendy Kassar y María Fernanda Bähler, y la disidencia de Raúl Cardozo, los policías fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el ejercicio abusivo de la función de miembros de las fuerzas de seguridad.

La polémica

Los defensores Macario Santamarina (González Montes de Oca), Julio Roque Silva (h) y Aurora Díaz Argañaraz (Díaz Cáceres); y José María Molina, que representó en el debate a la Fiscalía de Estado, cuestionaron la sentencia ante la Corte. Los profesionales señalaron que los jueces no habían analizado correctamente todos los testimonios escuchados durante el debate, particularmente los que favorecían a los uniformados y aceptaron algunas pruebas como la legalidad de un informe balístico.

Al tratarse de un caso complejo y de alta repercusión en la sociedad, como es poco común que ocurra, el recurso fue analizado y decidido en febrero por un máximo tribunal integrado por todos sus miembros. Con los votos de Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eduardo Romero Lascano (reemplazó a Eleonora Rodríguez Campos que se excusó de participar) y la disidencia de Daniel Posse y Claudia Sbdar, resolvieron anular la sentencia y ordenar que el juicio se hiciera nuevamente con otros jueces.

Básicamente, los vocales señalaron que no se habían analizado correctamente las evidencias que permitían sostener que los uniformados actuaron en legítima defensa, es decir, que respondieron al ataque de desconocidos. Confirmaron que Facundo y J. no tenían armas, pero que el ataque podría haber provenido de los otros seis jóvenes que estaban con ellos.

La sentencia de la Corte generó un enorme revuelo entre los organismos de derechos humanos y las oficinas gubernamentales. La provincia, con este fallo, quedó en el centro de la polémica. Días antes, el máximo tribunal también resolvía otra causa de gatillo fácil: absolvió al agente Mauro Navarro que había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio de Miguel Reyes Pérez, registrado en 2016. El caso tiene muchas similitudes con el de Facundo. El penado y su compañero Gerardo Figueroa (que terminó siendo absuelto en el debate) persiguieron a la víctima porque supuestamente había cometido un robo y estaba armado. Hubo una pelea donde el joven recibió un perdigón en la cara, herida que le provocó la muerte en enero de 2017.

Contexto complicado

El debate que comenzará hoy será exactamente igual que el anterior. Los jueces Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Diego Lammoglia escucharán los mismos testimonios y se analizarán las mismas pruebas que en el debate anterior. Pero el peso de la historia y el contexto no serán los mismos, según la opinión de los defensores y la querella.

Históricamente, cuando la Corte ordena realizar un nuevo juicio porque no se analizaron correctamente las pruebas, un nuevo tribunal cambia la sentencia (ver ejemplos aparte). “Confiamos plenamente en los jueces que intervendrán en el debate. El fallo técnicamente fue malo y dejó en evidencia la presión que ejercieron sectores corruptos sobre algunos vocales. Por eso creo que no tendrá demasiada influencia”, sostuvo Carlos Garmendia, que representa a la querella iniciada por la familia.

“La posibilidad de que sea otra la sentencia es muy grande y no porque la Corte pretenda influenciar a los jueces, que tienen una dilatada trayectoria. Aquí hay evidencias y testimonios que no fueron tenidos en cuenta. Y eso quedó marcado con el voto de disidencia del juez Cardozo en el primer debate”, sostuvo Santamarina.

Díaz Argañaraz y Roque Silva enumeraron algunas de las irregularidades que observó el máximo tribunal. “En el debate quedó demostrado que hubo un tiroteo; sin embargo, los jueces entendieron que no hubo un enfrentamiento. Tampoco aparecieron dos testigos clave que no pudieron ser encontrados y esperemos que en esta oportunidad sí podamos contar con la presencia de ellos”, comentó la profesional, refiriéndose a las personas identificadas como un “trapito” de la zona y una joven a la que se la conoce como “La chilena”. Es muy poco probable que aparezcan, ya que ambos vivían en esos tiempos en situación de calle. “Fue una pena arbitraria porque no se analizaron bien todas las pruebas y eso es lo que sostuvo la Corte. Hubo situaciones insólitas, como que ambos sigan con prisión preventiva por este hecho a pesar de que se anuló el fallo condenatorio”, añadió el profesional.

“Estamos ante un caso muy triste. Un niño de 12 años perdió la vida y un policía como Díaz Cáceres, que tiene sangre azul porque su abuelo y su padre fueron policías, está detenido por haber cumplido con su deber. Es doloroso, pero para las dos familias. Ahora se reabrirán las heridas para todos”, indicó Díaz Argañaraz. “El juicio se iniciará antes de que se cumpla un mes de las muertes de los policías (Ramón) Sánchez y (Víctor) Lazarte por los que parte de la sociedad y la misma familia de esos hombres cuestionaron los problemas que tienen los uniformados para actuar. Y los acusados en este hecho lo único que hicieron es defenderse de un ataque a tiros”, añadió.

Garmendia tiene una opinión totalmente diferente. “Estamos ante un caso de una gravedad institucional gravísima. Dos policías, uno de ellos con problemas de adicción, mataron a un niño de 12 años, que no estaba armado, de un tiro por la espalda. No hay nada más que discutir”, indicó.