30 Julio 2023
En el encuentro del jueves del gobernador electo con la plana mayor de la fuerza de seguridad, Jaldo les dijo que “la Policía debe tener presencia en cada rincón de la ciudad, en cada pueblo, en cada municipio”. Según uno de los asistentes al encuentro, “claramente dijo que saldrán todos a las calles”. Pero en medio de la crisis carcelaria, con los efectivos policiales dedicados a cuidado y traslado de personas privadas de libertad y a custodias por casos de violencia de género, esa orden no parece de cumplimento inmediato, en momentos en que la inseguridad crece, tal como quedó de manifiesto en las marchas de las familias de los dos policías asesinados en la zona este capitalina y de los cadetes de mensajería. Los comisarios le expresaron al gobernador electo su preocupación por la falta de recursos para realizar tareas de prevención, especialmente en el servicio 911 y en la Unidad Regional Capital, y por la cantidad de consignas que ordena la Justicia. Estimaron que serían casi 5.000 los efectivos destinados a realizar esa tarea, es decir casi la mitad del total de la fuerza de seguridad.
La salida a largo plazo para descomprimir la crisis carcelaria y alivianar la tarea policial es la construcción del penal de Benjamín Paz y de las alcaldías de Delfín Gallo y Las Talitas, así como una nueva área en Villa Urquiza. Ninguna de estas soluciones saldrá antes de año. Mientras tanto, se ha organizado que los 500 guardiacárceles nuevos asistirán en las comisarías a los 500 agentes ocupados en cuidados y traslados.
La cuestión de las custodias es más compleja. Hace tres años ya se sabía que había al menos 1.200 agentes ocupados en vigilancia por casos de violencia de género, y el número de efectivos dedicados a esa tarea ha aumentado, de la mano de la inquietud general de la sociedad por las conductas agresivas misóginas y el incremento de denuncias.
Una de las medidas que podría cambiar las cosas es el uso de pulseras electrónicas, pero no parece que sea posible obtener en lo inmediato más de las que ya hay, por el complejo sistema de distribución de la Nación (la única que las provee), que tiene en cuenta cantidad de habitantes, de agentes, de ocupación de cárceles y de conflictividad. En Tucumán hay 550 dispositivos, de los cuales 150 son duales (usan víctima y agresor) y 400 para seguimiento de procesados y condenados. Un proyecto del Ministerio Público Fiscal, el PE y la Universidad Tecnológica para fabricarlas se cayó por falta de coordinación para entrega de fondos y luego por las complicaciones para adquirir insumos importados. Parece importante que se trate de reflotar ese proyecto y ver las posibilidades de concreción.
Por otra parte, las municipalidades de Banda del Río Salí y Yerba Buena están llevando a cabo estrategias frente a la violencia de género. En la Banda funciona una aplicación de alerta que utilizan 3.500 víctimas y que ha resultado efectivo, según las autoridades. El intendente de La Banda dijo que lo propusieron a las autoridades de seguridad provincial y al mismo gobernador, “pero no se avanzó”. En Yerba Buena funciona un sistema personalizado de contacto de la guardia municipal con las víctimas y el uso de un botón antipánico.
Es decir que se pueden estudiar alternativas que acaso pueden aportar rápidas salidas para descomprimir el atolladero en que se encuentran los agentes de seguridad y que afectan que puedan salir a las calles, que tanto funcionarios como vecinos reconocen como una parte esencial de su tarea de prevenir el delito. Convendría ver esas alternativas, y acaso otras que se estén aplicando, puesto que la generalidad de las municipalidades de la provincia tienen sus guardias de seguridad y podrían coordinar sus tareas con la provincia.
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