29 Julio 2023
La emergencia desatada en los últimos días con el hacinamiento de detenidos en las dependencias policiales y las fugas de comisarías pusieron en movimiento las estructuras de seguridad en busca de salidas urgentes. Pero la situación es compleja y requiere de muchos esfuerzos que no se terminan de concretar. Según se sabe, las comisarías están colapsadas con 1.900 personas, cuando tienen espacio para poco menos de 500. De todas ellas, 1.000 son condenados a quienes no se pudo ingresar en las prisiones de Villa Urquiza, Concepción o la cárcel de mujeres, por falta de cupo. En algunos casos están desde hace mucho tiempo, como ocurrió en un caso de la fuga del destacamento Falivene, al sur de la capital, de donde se escapó un condenado por homicidio que estaba alojado allí desde un año atrás. Además de ellos, hay personas procesadas por distintos delitos y también otras aprehendidas por contravenciones, es decir que no se trata de gente acusada o procesada por delitos, sino por infracciones a la convivencia. Según se informó, el último fin de semana hubo 400 aprehendidos por contravenciones.
Todas estas personas, privadas de su libertad por diferentes motivos, y con distintas condiciones legales de detención, se encuentran en muchos casos mezcladas por falta de espacio en lugares absolutamente inapropiados. Hace tres días se vio el caso de la seccional 8ª, donde había 54 personas amontonadas en un sitio donde sólo entran 20, sin higiene, sin luz ni agua y junto a una laguna cloacal al costado de la comisaría, una imagen que daba la idea de uno de los círculos del infierno de Dante, donde cabía imaginarse que podían estar hacinados un condenado por homicidio con un procesado por robo y un aprehendido por gritar en la calle. La circunstancia fue tan grave en esta dependencia que el martes los detenidos se amotinaron para exigir que se los traslade a la cárcel. “Diariamente nos piden eso; todo se originó producto de la sobrepoblación de internos que tenemos alojados. Por suerte pudimos calmar la situación rápidamente a través del diálogo y no hubo lesionados ni daños materiales”, dijo el comisario, y un oficial agregó: “en todas las comisarías estamos así; ahora en invierno están más tranquilos porque están calentitos, pero cuando vienen los tiempos de calor colapsan completamente”. A esto se añade el movimiento constante de detenidos de una dependencia policial a otra, por razones de cupo o por requerimientos de la justicia, lo cual insume tarea excesiva de los agentes, que además deben ocuparse de otro tipo de custodias, como las requeridas para casos de violencia de género.
En principio no hay perspectivas de que la situación vaya a cambiar, si se tiene en cuenta que se estima que por mes se agregan unas 100 personas condenadas y un tanto similar por procesamientos. El vicegobernador, en su alocución a los jefes policiales, les advirtió que prefiere “que los detenidos estén incómodos en un calabozo y no libres en la calle”. Pero esa incomodidad es lo que se ha traducido en los motines, las 17 fugas de las últimas semanas y la confesión de los policías de que son insuficientes para estos cuidados y de que no dan abasto.
En principio, se van a distribuir en las dependencias policiales los 500 agentes penitenciarios que estaban alistándose para trabajar en el penal de Benjamín Paz, que no va a estar disponible al menos por tres meses más. También se han presentado planteos para que se habiliten otras dependencias como galpones del ex Comando, junto a Tribunales, lo cual debería ser estudiado. También convendría convocar a las distintas áreas de construcciones del Estado para acelerar los tiempos en la reparación de comisarías –según el ministro de Obras Públicas, se renovaron 31 comisarías, pero los trabajos en alcaldías como la de Delfín Gallo y la de Las Talitas, que empezaron hace un mes y medio, todavía están en aprestamiento-, puesto que la situación está desbordada y requiere respuestas que pueden salir con un adecuado e intenso estudio del problema, como fue el de los guardiacárceles.
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