Prometer, prometen todos…

¿Cuánto tiempo es demasiado? ¿Cuántas veces se debe ser inflexible? ¿Cuándo es hasta las últimas consecuencias? ¿Cuánto debe temblar el pulso antes de tomar medidas? Desde hace años Tucumán vive una crisis permanente de seguridad. No es cíclica. No es algo que de pronto estalla sin dar demasiadas señales con anticipación. Pasan los hombres, pasan los cargos, pasan los planes pero la inseguridad sigue allí, inmutable. ¿Hasta cuándo?

Año a año, los discursos se repiten. “No nos temblará el pulso para tomar las medidas que se consideren pertinentes. Sea en el área de Seguridad o en otras”, aseguró el martes el vicegobernador y gobernador electo, Osvaldo Jaldo. El tranqueño ha mostrado desde que tuvo que hacerse cargo del sillón de Lucas Córdoba cuando Juan Manzur fue convocado como jefe de Gabinete a la Nación, que la seguridad le inquieta tal vez aún más que la situación económica. Es que justamente todo lo que suceda con la inflación se le escapa de las manos al ser un tema con una profunda influencia nacional. Pero la seguridad es otra cosa. Si la delincuencia se hace fuerte en la provincia, la responsabilidad es directamente de él. Jaldo usó esta semana casi el mismo discurso que hace un año. En mayo de 2022 aseguró: “Tenemos 1.500 presos en comisarías, y las comisarías no son para tener presos, sino para prestar servicios a la comunidad. Pero, por no tener espacio en Villa Urquiza, lamentablemente tenemos que usar las comisarías y afectar el personal. Pero no están preparadas para eso, corremos riesgo de fuga”. Vaya si tenía razón. En la provincia en la última semana hubo cinco evasiones, un intento de escape y cuatro motines.

Tucumán viene de emergencia en emergencia. Eso sugiere dos cosas: por un lado, se reconoce el problema, por otro lado, evidentemente no se puede, o lo que es peor, no se sabe solucionarlo. En septiembre de 2016 la Legislatura aprobó un texto que, entre otros puntos, destacaba la sanción de la emergencia carcelaria y que, al igual que la emergencia en seguridad, fue dictada por un plazo de 365 días con una posibilidad de ser renovada por un año más. Allí se apuntaba a “posibilitar el logro de los siguientes objetivos fundamentales: 1) adecuar, mejorar o ampliar la infraestructura edilicia en materia de servicio penitenciario; 2) ampliar, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en las fuerzas de seguridad de nuestra provincia”. Pasaron siete años y lo único que se hizo hasta el momento fue anunciar y comenzar los trabajos para una nueva penitenciaría en Benjamín Paz, pero cuya concreción aún es incierta.

¿Es una cuestión de nombres? Evidentemente no. Para no hacer tanta historia, el gobierno de Juan Manzur tuvo dos ministros de Seguridad. El primero fue el ex jefe de Gendarmería Claudio Maley, un hombre considerado operativo, al que se le reconocía sobre todo conocimiento de la fuerza y de estrategias para combatir el crimen basado en su experiencia. Manzur confió en él para intentar mantener a flote un barco que ya se estaba hundiendo. Fracasó. Y le llegó el turno a Eugenio Agüero Gamboa, un técnico con mucha experiencia en el Ministerio Público Fiscal, con un perfil diametralmente opuesto al de su antecesor, más teórico. ¿Otros discursos en el mismo sentido con respecto a la situación carcelaria? En marzo de 2018 Luis Ibáñez asumió como secretario de Seguridad en la provincia. En ese momento una de sus primeras declaraciones estuvo relacionada con esto. “La crisis carcelaria, la falta de lugar en las dependencias policiales y, como consecuencia, los problemas de hacinamiento de los reclusos en la provincia es muy preocupante. Es necesario trabajar de manera urgente para resolver las malas condiciones en la que se encuentran los reclusos”, dijo. Pasaron más de cinco años y la situación es exactamente la misma. Ese mismo año, 2018, la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenó al Poder Ejecutivo medidas urgentes para resolver la crisis carcelaria. En ese momento había 770 reclusos alojados en comisarías. Hoy hay 1.800. Ni la orden judicial sirvió para dar una solución.

En medio de una transición de Gobierno anodina, en estos últimos días se sucedieron hechos que golpearon fuerte las bases de la estructura de seguridad. El asesinato de dos policías, con horas de diferencia, la amenaza armada contra otro agente que estaba solo custodiando a un preso en un destacamento en pleno San Miguel de Tucumán y la fuga de 17 presos de las comisarías de Famaillá, El Manantial y la 3a, son alarmantes. Jaldo está frente al principal problema que aqueja a la sociedad, y eso que aún no asumió formalmente. Pero le faltan más de 100 días para acceder a la primera magistratura. Los rumores aseguran que Agüero Gamboa tiene asegurado su puesto en el nuevo gabinete, en una clara señal de apoyo a la gestión. Tanto Manzur como Jaldo recalcan que uno de los principales motivos de esta crisis carcelaria tienen que ver con la cantidad de operativos y detenciones que se producen. La ley de narcomenudeo acentuó esto ya que los procedimientos se acrecentaron notablemente. A esto hay que sumarle el número de sentencias que se están dictando en Tribunales, sobre todo en juicios abreviados, que también terminan con personas encarceladas. Pero la seguridad tiene su base en la planificación. Era sabido que a partir de la ley que impulsó el mismo Jaldo iba a haber más detenidos. ¿No se previó que no iba a haber lugar para alojarlos? Hasta aquí cuando se habla de planes de seguridad la letanía parece ser la misma: más policías, más patrulleros, más cámaras. Pocas veces hay respuesta para saber qué se va a hacer realmente con esos recursos. Hasta aquí cantidad está lejos de acercarse a calidad.

Tucumán cuenta con una cárcel, el penal de Villa Urquiza, que en 2027 cumplirá 100 años y que está absolutamente obsoleta, a pesar de lo cual hay casi 2.000 hombres detenidos en su interior. A ella se suman las penitenciarías de Banda del Río Salí (de mujeres) y la de Concepción. La crisis carcelaria no es nueva. Y la verdad es que al ciudadano le importa muy poco. Lo único que el vecino reclama es poder salir tranquilo a la calle y no vivir con la sensación de que en cualquier momento pueden ser víctimas de un delincuente. Y por eso piden, reclaman, que los asaltantes estén detrás de barrotes más gruesos y de paredes más altas, sin importar dónde sea. Más allá de que el primer pilar de un plan de seguridad debe ser la educación, prever una estructura para cada situación debe ser prioridad. Nadie puede decir que esta situación que atravesamos ahora no era ya conocida. Pero desde hace años prefieren prometer. Y ya lo decía Quevedo: “nadie promete más que el que no va a cumplir”.