Por Gustavo Rodríguez
26 Julio 2023
EL DÍA DESPUÉS. Personal realiza algunas refacciones que se hicieron en la seccional 8° horas después de que los reos protagonizarán un motín. imagen captura de video
Ezequiel “Vicky” González fue acusado del crimen de su hijastro de 15 años por una pelea que se registró en San Pablo. Estuvo varios días prófugo hasta que fue capturado por la Policía cuando se ocultaba bajo las tribunas del estadio de un club de esa ciudad. A nueve días del homicidio, fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado acordado por el fiscal Ignacio López Bustos. El penado debería haber estado en el penal de Villa Urquiza, pero durante 15 meses, por falta de espacio en el penal de Villa Urquiza, fue alojado en diferentes comisarías. Él fue uno de los cinco reos que se escaparon el lunes por la tarde de la comisaría de Famaillá.
La crisis carcelaria, que fue declarada en 2015 por el hábeas corpus presentado por los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila, llegó a su más alto nivel de gravedad. En esos tiempos, las comisarías alojaban a más de 500 reos. Hoy, a casi ocho años de haberse presentado el planteo, son 1.900 los presos ubicados en las dependencias policiales. De ese número, 1.090 son condenados (11 a prisión perpetua) y el resto, a los que se les dictó la prisión preventiva. A ellos deben agregárseles los contravencionales, que en este fin de semana, fueron unos 400.
Entre el lunes 17 y ayer, se escaparon 17 detenidos de las comisarías de El Manantial (4), 3° (6), 6° 1, Destacamento Falivene (1) y Famaillá (5). El sábado también hubo un intento de fuga en la dependencia policial de La Cocha. “La situación es insostenible. No podemos controlarlos por la manera en la que se encuentran”, dijo un jefe policial. También se registraron incidentes en las dependencias 6ª, 8ª y la de El Chañar. Todos los hechos fueron en una semana, prueba de que la crisis carcelaria está en su máximo nivel de conflictividad.
Cinco de los ocho incidentes se registraron en el ámbito de la Unidad Regional Capital. Muchos comenzaron a sospechar que detrás de esos hechos había una intencionalidad política, que fueron rechazadas de plano por las autoridades del área de Seguridad. En esta jurisdicción hay más problemas porque es la que cuenta con mayor cantidad de detenidos. En total son 1.100, cuando tiene capacidad para poco más de 300.
EN PLENA TAREA. Los trabajos avanzan en Benjamín Paz. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
“Se habló con todos los responsables de cada área y con los jefes de las comisarías para que ultimen los cuidados”, explicó el jefe de Policía, Julio Fernández. “Entiendo perfectamente que esta es una situación que molesta, pero es la misión que nos tocó cumplir y hay que aceptarla”, indicó el comisario general en una entrevista con LA GACETA.
En el Ministerio Público Fiscal también comparten ese criterio. Pero también le agregan un detalle que no es menor: las condiciones de las comisarías y los niveles de seguridad que ostentan complican aún más las tareas que deben realizar los uniformados. En el hábeas corpus presentado, los fiscales no sólo habían pedido por los presos, sino también por las condiciones laborales de los policías y por la seguridad de los vecinos. Hasta el momento, ningún integrante de la fuerza fue procesado por las fugas de la última semana, aunque la del Destacamento Falivene sigue generando dudas.
En el MPF consideraron que las evasiones pasaron a ser un delito común desde hace varios meses, pero al agravarse la crisis carcelaria hay más casos. Tanto es así que, para no generar complicaciones, decidieron organizarse. Los reos que se escapan y que están con prisiones preventivas son acusados por las fiscalías que los procesaron. Mientras que los casos de evadidos condenados son atendidos por las unidades de Atentados contra las Personas. En caso de que se descubriera que hubo algún tipo de favorecimiento, el expediente va a Delitos Complejos.
Salidas
La crisis carcelaria es el tema de conversación entre los funcionarios de los tres poderes del Estado. Los legisladores, especialmente los opositores, insisten con la presencia del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que dé explicaciones. Los operadores judiciales debaten cuáles son las alternativas que pueden tomar para descomprimir la situación y lograr que no se afecte la prevención del delito por custodiar a los presos (se informa por separado). Según las estimaciones oficiales, casi el 50% de los hombres de la fuerza están afectados a esta tarea.
ALTERNATIVA. Analizan alojar detenidos en el Instituto Roca.
El Poder Ejecutivo también está analizando lanzar una batería de medidas. Algunas son a corto plazo, otras que no podrían realizarse porque llevaría mucho tiempo ponerlas en práctica. “El drama es que debemos conseguir cuanto antes una solución y eso no depende de nosotros”, informó una fuente de la fuerza. Por ese motivo, se están buscando alternativas para descomprimir la cantidad de detenidos en dependencias policiales.
La primera posibilidad habría quedado prácticamente descartada. La empresa que está construyendo el penal de Benjamín Paz había anunciado la posibilidad de terminar algunos pabellones para que vayan ocupándose, pero habrá que avanzar con la infraestructura, tarea que no será sencilla. También manejan la posibilidad de remodelar algunos edificios para que se transformen rápidamente en centros de detención. Utilizar los predios del Instituto Roca es una posibilidad, pero tiene un inconveniente: hay que encontrar la manera que los detenidos no tengan contacto con los menores que están alojados en ese lugar. Actualmente son cinco los adolescentes que están con medidas tutelares en ese lugar. Otra es utilizar algunos edificios del ex Arsenal, pero habría que determinar cuáles, puesto que varios de ellos están siendo protegidos por la Justicia Federal, por causas de lesa humanidad. La última es utilizar un sector de la Jefatura de Policía para ubicar a las más de 200 personas (procesadas y condenadas) por narcomenudeo.
Algunas cifras:
1.920 detenidos hay en las comisarías de la provincia.
120 se sumaron en el último reporte de la fuerza.
1.020 son detenidos que ya fueron condenados por la Justicia.
11 de los reos recibieron una sentencia a perpetua.
17 reos se fugaron en la menos de una semana.
1.200 cupos tendrá el penal de Benjamín Paz.
400 aportará la cárcel y la alcaldía de Delfín Gallo.
450 lugares tendrá la alcaldía de Las Talitas.
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