Por Gustavo Rodríguez
25 Julio 2023
UN ETERNA POLÉMICA. Abogados penalistas se quejan del exceso de rigurosidad, en el MPF señalaron que la política es proteger a las víctimas. ministerio público fiscal
Paola Tacacho fue una joven profesora de inglés que fue asesinada por su acosador en pleno Barrio Norte en octubre de 2020. Durante años buscó una solución en la Policía y en la Justicia, pero nadie la escuchó. Fracasaron las prohibiciones de acercamiento, la detención del acusado en una oportunidad y hasta un proceso de mediación. Su femicidio generó un tembladeral en los tres poderes del Estado, cuestionados por no haber evitado una muerte anunciada. El juez Francisco Pisa fue destituido a través de un juicio político por su actuación en el expediente.
La tragedia tuvo el efecto del extremo cuidado actual de los funcionarios judiciales en estos casos. Un comisario hasta le puso un nombre: “efecto Tacacho”. Así define la dureza con la que actúa el Poder Judicial contra los acusados de cometer delitos de violencia de género. Una realidad que genera debate entre los operadores judiciales y el agravamiento de la crisis carcelaria en la provincia.
Oficialmente no se informó cuántos detenidos hay en la provincia por violencia de género. Algunos dicen que alcanzarían al 50% de los de los 1.800 reos que están alojados en las comisarías, que sólo tienen capacidad para poco menos de 500 personas. Por esa razón, los responsables de la fuerza tuvieron que buscar alternativas para poder alojarlos. Primero se acondicionó la sede de la Dirección de Guardia Urbana; después la de Trata de Personas y finalmente, se construyó un arresto para 70 detenidos en la Jefatura de Policía. Pero todos colapsaron y los procesados por este ilícito pasaron a ser los principales ocupantes de las oficinas de las dependencias policiales. “Como son los reos más tranquilos, los ubicamos ahí porque no generan problemas”, indicó un comisario.
Lo que sí se conoce, al menos de manera estimativa, es que esto incide de algún modo en los planes de prevención del delito. Al menos el 80% de las casi 800 consignas policiales fijas son para proteger a las víctimas, y el 90% de las más de 2.000 custodias móviles que deben realizar los uniformados. Con estos guarismos, serían más de 4.000 los efectivos que diariamente tienen que desarrollar esta tarea. Representan más de la tercera parte de los 11.000 agentes de la fuerza.
“Sincronización, ese es el concepto que no se aplica en la política criminal que se lleva a cabo en nuestra provincia”, sostuvo el abogado Patricio Char. “No pueden los tres poderes tener políticas criminales distintas porque generan problemas en vez de aportar soluciones”, añadió.
El profesional consideró como una decisión sabia la de adoptar una tolerancia cero contra los violentos. “Esto provoca un incremento en las medidas privativas de la libertad que buscan erradicar la violencia de género. Pero al mismo tiempo, tantos presos hacen colapsar el sistema carcelario, por lo que no puede cumplirse con el fin de una pena que buscan nuestras leyes. Y no es otra cosa que lograr una reinserción social que erradique la reincidencia y nos otorgue más seguridad”, opinó.
Prisiones preventivas
Con sólo analizar las estadísticas que publica regularmente la Corte Suprema de Justicia de la provincia alcanza para entender la gravedad del problema. En el primer semestre del año, los delitos contra la propiedad y la violencia de género motivaron el mayor número de dictámenes de prisiones preventivas. Por el primero, según los datos oficiales, fueron 450 (369 robos y 81 hurtos). Mientras que por el segundo, 418 (lesiones 244 y 174 amenazas). “Hay que revisar esta cuestión porque muchas veces hay un exceso en el dictado de estas medidas cautelares. Con una simple denuncia, un hombre no sólo es enviado a una celda, sino que a veces hasta se lo expulsa del hogar con lo puesto. Es un tema delicado que se debe debatir de manera urgente”, explicó el abogado Javier Lobo Aragón.
En las condenas también se refleja el “efecto Tacacho”. Hasta el 30 de junio se dictaron 1.311 sentencias, de las cuales 641 fueron de cumplimientos condicional y 670, efectivas, es decir, que los imputados terminaron tras las rejas. Por lesiones y amenazas, recibieron penas de hasta tres años 323 (223/100) y por delitos contra la propiedad 159 (130 por robo y 29 por hurto). “Esta es una prueba clara de lo que está sucediendo en el sistema. A los acusados se les dicta la prisión preventiva y para resolver la cuestión la única solución alternativa es un juicio abreviado. Nuestros defendidos, al escuchar el ofrecimiento, aceptan con tal de recuperar la libertad”, explicó el penalista Ernesto Baaclini. “Ni siquiera se puede recurrir a una probation, que sería otra posibilidad”, añadió.
En el Ministerio Público Fiscal sostienen que no modificarán la línea que vienen desarrollando. “Es una política criminal asumida y que se mantendrá. Nuestra misión es proteger a las víctimas”, indicó una fuente del MPF. “Sí, también es cierto que se inician varias causas porque aquí encuentran respuestas más rápidas que en un juzgado de Familia, pero el análisis que se hace en cada uno de los expedientes es para determinar si efectivamente es un caso que requiere atención”, añadió.
El número de condenas de cumplimiento efectivo también es elevado, si se tiene en cuenta que la mayoría de los delitos vinculados a violencia de género tienen penas excarcelables, es decir, menores a tres años. Según el informe de la Corte, hubo 233 sentencias por robos, 70 por lesiones, 69 por amenazas y 67 por hurtos. “El problema es la reincidencia. Como ya fueron condenados, al volver a cometer el delito, el cumplimiento debe ser efectivo”, aclaró una fuente del MPF. Los índices de reincidencia son mantenidos en secreto por el Poder Judicial. Sin embargo, se estima que de 10 condenados por este tipo de ilícitos, al menos cinco vuelven a cometerlos.
Algunas cifras:
- 900
detenidos de los 1.800 que hay en comisarías son por violencia de género.
- 418
prisiones preventivas se dictaron por delitos vinculados a VG en el primer semestre.
- 462
condenas se firmaron por ilícitos relacionados a la violencia machista en 2023.
- 740
efectivos están asignados a cubrir custodias fijas por casos de VG
- 3.600
uniformados son movilizados por día para cumplir con las custodias móviles.
- 4.340
efectivos son utilizados para este servicio. La fuerza tiene 11.000.
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