30 Junio 2002
El Gobierno está frente a una bifurcación de caminos: o veta o promulga la ley que regula la operatoria FET de canje de bonos por efectivo a 35 días. No tiene una tercera vía, aunque las derivaciones políticas de seguir una u otra alternativa generarían deserciones en el gabinete del gobernador Julio Miranda.
La convulsión en el Poder Ejecutivo es tal que si esta semana el mandatario promulga la polémica norma el ministro de Economía, Joaquín Ferre, se alejaría del cargo. En medios oficiales trascendió ayer que Ferre no está dispuesto a pagar el costo político de tal decisión, ya que no están aún asegurados los fondos para cumplir con el pago normal de los bonos que se depositen en la operatoria FET.
Es más; el ministro sugeriría mañana a Miranda que vete la ley, para evitar consecuencias negativas para las finanzas públicas y ante la posibilidad de que la Legislatura insista en la norma. Por su parte, a título personal, el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, opinó que la ley debería ser promulgada para darle mayor confianza al bono.
Organizaciones civiles
Mientras las peleas se agudizan en el gabinete, los tenedores de bonos reclaman al Estado un mayor control hacia las empresas de servicios para que acepten los bonos para el pago del 100% de las facturas. Faro Ciudadano y el Foro de Asociaciones de Usuarios y Consumidores iniciaron una campaña de concientización ciudadana. "No hay control de la Dirección de Comercio Interior respecto de la ley que obliga a recibir los bonos", manifestaron sus dirigentes.
La convulsión en el Poder Ejecutivo es tal que si esta semana el mandatario promulga la polémica norma el ministro de Economía, Joaquín Ferre, se alejaría del cargo. En medios oficiales trascendió ayer que Ferre no está dispuesto a pagar el costo político de tal decisión, ya que no están aún asegurados los fondos para cumplir con el pago normal de los bonos que se depositen en la operatoria FET.
Es más; el ministro sugeriría mañana a Miranda que vete la ley, para evitar consecuencias negativas para las finanzas públicas y ante la posibilidad de que la Legislatura insista en la norma. Por su parte, a título personal, el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, opinó que la ley debería ser promulgada para darle mayor confianza al bono.
Organizaciones civiles
Mientras las peleas se agudizan en el gabinete, los tenedores de bonos reclaman al Estado un mayor control hacia las empresas de servicios para que acepten los bonos para el pago del 100% de las facturas. Faro Ciudadano y el Foro de Asociaciones de Usuarios y Consumidores iniciaron una campaña de concientización ciudadana. "No hay control de la Dirección de Comercio Interior respecto de la ley que obliga a recibir los bonos", manifestaron sus dirigentes.
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