Más que una cuestión semántica

Si prosperara el pedido del presidente Chávez a las agencias gubernamentales de Colombia, los Estados Unidos y la Unión Europea de que modifiquen su definición de las FARC como “grupo terrorista”, con todo lo que esto significa a partir del 11-S, por la de “movimiento insurgente”, cambiaría la lectura política y social de la situación colombiana, y ese cambio tendría consecuencias jurídicas de beneficio inmediato para los guerrilleros. Los miembros de las FARC encarcelados bajo cargo de terrorismo, podrían reclamar su libertad como “presos políticos” sobre la base de tratados internacionales suscriptos por el estado colombiano. Sus cabecillas, a su vez, podrían viajar por el mundo una vez que no pesarían sobre ellos pedidos de captura. Y la ocupación por la fuerza de territorios que hoy mantienen el ELN y las FARC, donde no rige la ley colombiana sino la suya propia, perdería gradualmente su condición terrorista de “agresión militar en tiempos de paz”, que justifica la intervención total del ejército regular, y podría ser entendido como un conflicto político y social.
Por todo esto, se trata de una concesión que ni el estado colombiano ni el resto del mundo que hoy respalda su lucha contra la guerrilla estarían dispuestos a dar si no es a cambio de contundentes señales de distensión por parte de las FARC. Es decir, la liberación de todos los rehenes, la deposición de las armas, la retirada territorial. El presidente Chávez sabe que nada de lo anterior es posible por ahora, pero su juego es de largo plazo. Su interés es el empoderamiento de una coalición afín en Colombia, en condiciones de disputar el poder, que incorpore a las FARC como actor y rompa el equilibrio político bogotano. Para ello, busca instalar la legitimación social de la lucha armada a la fecha -no su continuación- y, simultáneamente, deslegitimar la actuación del gobierno colombiano. La definición de terrorismo supone el ataque a blancos inocentes por parte de un grupo irregular, y no un conflicto entre dos partes. Si la opinión pública internacional comienza a ver al gobierno colombiano como co-responsable de la violencia, Chávez habrá ganado una batalla importante. (Especial para LA GACETA)