Economía tiene a su cargo la venta de edificios históricos

El Ministerio de Economía será el responsable de llevar adelante los procesos de licitación para vender edificios que estaban protegidos por la ley de patrimonio y de Activo por Activo. Precisamente, el Gobierno está desde ayer legalmente habilitado para enajenar seis inmuebles del Estado, al publicarse en el Boletín Oficial el texto de la ley 7.990, aprobada el 21 de diciembre por el oficialismo legislativo.
La norma deja en manos del titular de la cartera económica, Jorge Jiménez, la venta de los locales del Siprosa (Mendoza y Rivadavia), de la ex Dirección de Comercio (San Martín 730), de la guardería de 24 de Septiembre 570, de las Juntas de Clasificación Docente (Córdoba 759/765) y la manzana de Sarmiento al 800 (Secretaría de Educación), además de la sede de Rentas.
El funcionario dispone ahora de 30 días para confeccionar los pliegos de licitación si es que pretende cumplir con la instrucción dada por el gobernador José Alperovich. El mandatario manifestó públicamente su intención de que el edificio de Rentas, en Maipú y San Martín, sea ofertado hasta el 15 de febrero. El valor del inmueble, según fuentes del mercado, tendría una cotización cercana a los U$S 3 millones.

Destino difuso
Si bien el Ministerio de Economía aparece como autoridad de aplicación de la ley, en el texto se aclara que serán los titulares actuales de cada inmueble (el PE, la Caja Popular de Ahorros y el Siprosa) los responsables de fijar el destino preferente que se dará a las respectivas ventas.
Otro aspecto significativo de la norma en vigencia es la discrecionalidad de la que gozará la Provincia a la hora de disponer el uso de los recursos obtenidos. "La finalidad de las ventas y de los fondos obtenidos de las mismas será para desarrollo urbano y social", se sostiene en el primer párrafo del artículo siete.
La desafectación de inmuebles incluidos en el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y en el Régimen de Activo por Activo generó la reacción de diferentes sectores de la sociedad. En efecto, todos los viernes se realizan manifestaciones en repudio a la medida oficial en la plaza Independencia. La decisión, además, derivó en la renuncia -en medio de un escándalo- de la directora de Patrimonio Cultural, Jorgelina García Azcárate.
A partir de la publicación de la ley, la enajenación de los edificios en cuestión sólo podría ser impedida por una decisión de la Justicia. Aún está pendiente de resolución una acción de amparo colectivo impulsada por la Junta de Estudios Históricos y por el Colegio de Arquitectos de Tucumán. La causa está en manos de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.