23 Diciembre 2007
POR FUERA SEGUIRA IGUAL. La fachada de la actual Dirección Provincial de Rentas no sería demolida, pero el interior se transformará en un shopping. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
La proximidad de las fiestas navideñas y de fin de año no frenará el accionar de las instituciones ni de los dirigentes sociales que se oponen a los cambios recientemente sancionados por la Legislatura a la ley que protegía el patrimonio arquitectónico, histórico y urbanístico de Tucumán. Mañana volverán a reunirse integrantes del Grupo Alberdi y del Colegio de Arquitectos, entre otros, para consensuar un plan de acción que incluirá presentaciones en la Justicia.
Una de las estrategias es salir del contexto provincial y nacionalizar el debate sobre la autorización dada al Poder Ejecutivo para desprenderse de inmuebles centenarios como la Secretaría de Educación (sería demolida para construir un complejo comercial y habitacional) y la Dirección Provincial de Rentas (sólo subsistiría su fachada, pero adentro sería un shopping). En la parte central de la ex Brigada de Investigaciones de la Policía se edificará el nuevo recinto de la Legislatura. En la mesa de conversaciones estará la posibilidad de recurrir a los tribunales federales para pedir que se protejan los bienes patrimoniales amenazados. Esta opción surge a partir de que Tucumán está adherida a una ley nacional que dispone la preservación y el cuidado de ciertas propiedades, como parte del patrimonio cultural intangible del país en su conjunto.
Además, por separado, se solicitaría formalmente al Poder Ejecutivo el veto de la ley y se continuará con una campaña pública de concientización y movilización ciudadana, que contempla la firma de una nota. "La protección del patrimonio cultural es un deber ineludible de nuestros gobernantes. Por lo tanto, solicitamos que se cumplan las leyes Nº 7.500 y Nº 7.535, y que no se demuela ningún edificio perteneciente a nuestro patrimonio arquitectónico", dice, simplemente, el texto de encabezado.
Asimismo, no se descarta la apertura de causas en la Justicia provincial, bajo la figura de amparos colectivos, en defensa de los inmuebles afectados, por considerar que se vulneran principios constitucionales al disponer su venta sin limitaciones. Esta alternativa fue adelantada por las arquitectas Gabriela Lo Giudice y Silvia Rossi (representantes de la Unsta y de la UNT en la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, respectivamente), en un expediente dirigido al presidente del Ente Tucumán Cultura, Mauricio Guzmán. En el escrito pidieron su intervención oficial ante la Justicia para impedir la destrucción de los bienes.
Sin quórum
La Comisión Provincial se reunió el miércoles, pero no logró quórum para emitir dictamen o declaración con relación a este tema, que dominó la deliberación. La idea mayoritaria era repudiar la reforma legal.
El cuerpo sesiona una vez por semana. Esa vez asistieron las delegadas de la Unsta y de la UNT; la directora de Patrimonio Cultural de la Provincia, Jorgelina García Azcárate; y los representantes del Consejo Provincial de Cultura, Roberto Rojas, y de la Comisión Nacional de Monumentos, Blanca Ferreira. No concurrieron Guzmán; la legisladora Olijela Rivas (no votó la nueva ley) y el representante de la Universidad Tecnológica Nacional, Jorge Perera, lo que impidió dar un pronunciamiento.
Una de las estrategias es salir del contexto provincial y nacionalizar el debate sobre la autorización dada al Poder Ejecutivo para desprenderse de inmuebles centenarios como la Secretaría de Educación (sería demolida para construir un complejo comercial y habitacional) y la Dirección Provincial de Rentas (sólo subsistiría su fachada, pero adentro sería un shopping). En la parte central de la ex Brigada de Investigaciones de la Policía se edificará el nuevo recinto de la Legislatura. En la mesa de conversaciones estará la posibilidad de recurrir a los tribunales federales para pedir que se protejan los bienes patrimoniales amenazados. Esta opción surge a partir de que Tucumán está adherida a una ley nacional que dispone la preservación y el cuidado de ciertas propiedades, como parte del patrimonio cultural intangible del país en su conjunto.
Además, por separado, se solicitaría formalmente al Poder Ejecutivo el veto de la ley y se continuará con una campaña pública de concientización y movilización ciudadana, que contempla la firma de una nota. "La protección del patrimonio cultural es un deber ineludible de nuestros gobernantes. Por lo tanto, solicitamos que se cumplan las leyes Nº 7.500 y Nº 7.535, y que no se demuela ningún edificio perteneciente a nuestro patrimonio arquitectónico", dice, simplemente, el texto de encabezado.
Asimismo, no se descarta la apertura de causas en la Justicia provincial, bajo la figura de amparos colectivos, en defensa de los inmuebles afectados, por considerar que se vulneran principios constitucionales al disponer su venta sin limitaciones. Esta alternativa fue adelantada por las arquitectas Gabriela Lo Giudice y Silvia Rossi (representantes de la Unsta y de la UNT en la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, respectivamente), en un expediente dirigido al presidente del Ente Tucumán Cultura, Mauricio Guzmán. En el escrito pidieron su intervención oficial ante la Justicia para impedir la destrucción de los bienes.
Sin quórum
La Comisión Provincial se reunió el miércoles, pero no logró quórum para emitir dictamen o declaración con relación a este tema, que dominó la deliberación. La idea mayoritaria era repudiar la reforma legal.
El cuerpo sesiona una vez por semana. Esa vez asistieron las delegadas de la Unsta y de la UNT; la directora de Patrimonio Cultural de la Provincia, Jorgelina García Azcárate; y los representantes del Consejo Provincial de Cultura, Roberto Rojas, y de la Comisión Nacional de Monumentos, Blanca Ferreira. No concurrieron Guzmán; la legisladora Olijela Rivas (no votó la nueva ley) y el representante de la Universidad Tecnológica Nacional, Jorge Perera, lo que impidió dar un pronunciamiento.
Lo más popular
