13 Julio 2007
BUENOS AIRES.- Organizaciones de derechos humanos estimaron que el fallo que declaró inconstitucionales los indultos a militares podría allanar el camino para que se juzguen a "más de 1.000 imputados" en causas por delitos de lesa humanidad.
Sucede que la anulación de un indulto retrotrae al acusado a la situación en la que se encontraba en el momento en que fue dictada esa amnistía. De esta forma, se favorece a que prosiga el juzgamiento de los imputados, beneficiado por el ex presidente Carlos Menem.
El titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodolfo Yanzón, expresó que la decisión de la Corte podrían alcanzar a "más de 1.000 imputados en causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país".
Si bien consideró que los procesos no "son tan simples", señaló que las organizaciones de derechos humanos "trabajarán para avanzar en sus realizaciones".
Por su parte, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra resaltó que más allá de la anulación de los indultos, el Gobierno debe impulsar una serie de medidas que "agilicen los procesos" que se reabrirían de ahora en más.
"Las víctimas y la sociedad requieren justicia y los victimarios tiene derecho a que se resuelva rápido su situación. No podemos estar veinte años más con estas causas, se tienen que dictar medidas que las agilicen", enfatizó Lavedra.
Según evaluó, lo ideal sería "enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que estos procesos pudedan desarrollarse de una manera más pronta". (NA)
Sucede que la anulación de un indulto retrotrae al acusado a la situación en la que se encontraba en el momento en que fue dictada esa amnistía. De esta forma, se favorece a que prosiga el juzgamiento de los imputados, beneficiado por el ex presidente Carlos Menem.
El titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodolfo Yanzón, expresó que la decisión de la Corte podrían alcanzar a "más de 1.000 imputados en causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país".
Si bien consideró que los procesos no "son tan simples", señaló que las organizaciones de derechos humanos "trabajarán para avanzar en sus realizaciones".
Por su parte, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra resaltó que más allá de la anulación de los indultos, el Gobierno debe impulsar una serie de medidas que "agilicen los procesos" que se reabrirían de ahora en más.
"Las víctimas y la sociedad requieren justicia y los victimarios tiene derecho a que se resuelva rápido su situación. No podemos estar veinte años más con estas causas, se tienen que dictar medidas que las agilicen", enfatizó Lavedra.
Según evaluó, lo ideal sería "enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que estos procesos pudedan desarrollarse de una manera más pronta". (NA)
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