Los límites borrosos y la tierra de la confusión

La frontera que debe separar el Estado del partido oficialista parece haber desaparecido en la Argentina y en Tucumán. Ese límite es sustancial. Distingue el territorio donde están la cosa pública y su sistema republicano de poderes que se contrapesan, por un lado, del terreno de las fuerzas políticas, que sólo deben responder al interés de sus líderes, por el otro. El resultado es la confusión que reina hoy en la Nación y en la Provincia.
El conflicto con el campo, que mantiene en vilo a la sociedad, se desató por la reputada Resolución 125, una medida del Ministerio de Economía de la Nación por la que el Gobierno, sin poner un peso en el campo, se declaró socio de los productores para retener la mitad de lo que exportan los sojeros.
Sin embargo, no es un miembro del Gabinete sino un hombre sin cargo público el que representó la voz del Ejecutivo en la antesala de las votaciones de la Cámara de Diputados y del Senado: Néstor Kirchner, esposo de la mandataria nacional y titular del PJ, que exhibe una actuación similar a la de una suerte de copresidente en funciones de superministro.
El PJ, en este caso, pareciera demostrar que posee, incluso, mayor peso, mayor poder real, que el Estado mismo. Y por eso se convierte en una muleta, que intenta suplir el déficit en la construcción de autoridad de la Presidencia, como diagnosticó el columnista de "Clarín" Eduardo van der Kooy, en el Ciclo de Conferencias de LA GACETA.
La coyuntura es en extremo delicada. La Nación (al cierre de esta edición) ganaba en las Cámaras pero perdía en la calle. Los ruralistas estremecieron al Gobierno con una manifestación, nada menos que en Capital Federal, que duplicó a los movilizados oficialistas.
José Alperovich eligió no mandar militantes esta vez, tras el doble luto en Tucumán, con las tragedias de Carlos Marriera y de Juan Valdez en sendos actos para Cristina. Y, aunque lo que presenciaba el martes no era la plaza Independencia llena de cacerolantes que lo repudiaban, aseguran que volvió a tomar dimensión del riesgo de haber apostado todas sus fichas por un gobierno que ni siquiera pudo llenar la Plaza del Congreso.

¿De todos o del candidato?
La confusión entre Estado y partido tiene características especiales en Tucumán. Porque aquí, el gobernador concentra la suma del poder estatal. Tiene domesticados a 19 intendentes, 93 comisionados rurales, 44 legisladores y al vicegobernador. Para que sus decisiones se convaliden no necesita más que tener papel a mano donde plasmar un decreto. Y, por supuesto, la lapicera con que firmar.
Complementariamente, el PJ es aquí, antes que un instrumento político, una herramienta de movilización gerenciada por la esposa del mandatario.
Pese a esto, la división entre una estructura y la otra se torna difusa con los llamativos gastos de la Secretaría General de la Gobernación. Sólo entre fondos que estuvieron pendientes de rendición de cuentas hasta hace 15 días, figura $ 13,7 millones en programas sociales. Por vía de esta lógica, el Ministerio de Desarrollo Social debiera pagar las cinco "entregas" de $ 62.000 cada una para viáticos, o los $ 10.000 por el "Viaje a Paraguay del Gobernador", en 2007.
La posibilidad real de que se trate de dineros gastados con fines clientelísticos durante el año en que hubo tres elecciones (las internas peronistas de abril, las elecciones provinciales de agosto y los comicios nacionales de octubre) es directamente proporcional al grado con que puede confundirse el límite del Estado con el del partido. Porque los fondos que maneja el PJ deben ser puestos al servicio de promover a sus candidatos. Pero los recursos públicos no.

¿Público o privado?
En Tucumán, la frontera institucional del Estado presenta bordes dudosos no solamente respecto del partido oficialista. Hay, también, una borrosa definición en el límite entre la cosa pública y la cosa privada.
Las erogaciones de la Secretaría General de la Gobernación, otra vez, dan testimonio de ello. Tanto la denuncia del legislador radical José Cano como lo admitido formalmente por el Tribunal de Cuentas coinciden en un gasto que sigue sin poder regularizarse. Es la compra, por casi $ 100.000, de un lujoso Peugeot 407. En los considerandos del decreto 1.770/1, se valoró como imprescindible la adquisición del rodado, en razón de la carencia de móviles de las características "necesarias e indispensables" para el traslado del titular del Ejecutivo y el desplazamiento de los funcionarios que van a Buenos Aires. Es decir, si no era un auto deportivo (modelo ST Sport), con motor naftero de 2.200 cm3 de cilindrada, no era digno de los representantes.
El gasto no puede ser legalizado por la denuncia del opositor Esteban Jerez, quien advirtió que el coche, como si no bastara, no sería usado para fines oficiales.

¿Provincia o Nación?
A la par de las mezcolanzas institucionales y económicas, el alperovichismo confunde la Provincia con la Nación. El conflicto con el campo ha trastrocado tanto las cosas que el gobernador despotrica contra la mano de obra que expulsa el cultivo de la soja, mientras siembra miles de hectáreas con ella. Y, contra la situación de una provincia donde el campo es motor de la economía, pidió a los diputados locales que votaran "como diga la Nación".
Esta identificación no le ha redituado buenas cosechas. De hecho, el mandatario reconoce que la segunda mitad del año será azarosa y menciona (como lo hicieron en LA GACETA referentes políticos y profesionales) tres situaciones acuciantes, que son herencia de sus socios nacionales: el enfriamiento de la economía, la escalada inflacionaria y la parálisis de la obra pública.
Más allá del semestre, el horizonte no se despeja. Con tantos límites borrosos, puede que buena parte de los votantes de la clase media, que tanto apoyó al mandatario en las urnas y que tantas plazas llenó contra las retenciones, piense que los candidatos del alperovichismo en 2009 serán meros levantamanos del kirchnerismo. Ya sea porque se confunda. O no.