Zaffaroni dice que no ve una tendencia autoritaria en el Gobierno

BUENOS AIRES.- Raúl Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema y una de las figuras más trascendentes de la Justicia argentina, parece jactarse de no tener pelos en la lengua y con la misma simpleza con la que pidió al Estado que deje de utilizar al máximo tribunal como su "control de calidad" aseguró que no hay "una particular tendencia autoritaria en este Gobierno".

Zaffaroni se pronunció de ese modo al preguntársele si existe injerencia del Poder Ejecutivo sobre la labor de la Corte Suprema, y de la Justicia en general, durante una entrevista que concedió a la agencia Noticias Argentinas.

En el viaje de regreso desde la Antártida, adonde concurrió junto a un grupo de legisladores para participar de un acto, el reconocido jurista reiteró que en la provincia de Buenos Aires "se necesita una mejor policía".

Además, subrayó que seguramente las causas más importantes que involucran a represores de la última dictadura estarán cerradas cuando concluya el mandato de Cristina Kirchner y enfatizó que el "mapa de la Justicia Federal no es coherente".

- ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema de Justicia?
Se está empezando a informatizar. Eso es importante para el acortamiento de tiempos procesales. La Justicia tiene dos funciones: primero, como el control de constitucionalidad es difuso, lo puede hacer cualquier juez.

Segundo, dar servicio para resolución de conflictos. En este aspecto no hay ninguna Justicia que sea buena porque los conflictos sociales superan siempre la capacidad operativa de una Justicia. Creo que lo sano es levantar la puntería. De cualquier manera la imputación de lentitud de la Justicia es universal.

Hay que ir implementando formas alternativas de resolución de conflictos. Tenemos que "desjudicializarlo" y la mediación es un primer paso, pero hay que profundizarlo. La forma de solución conciliatoria es algo importante, hay que ir a una Justicia de menor cuantía que pueda resolver conflictos que parecen de menor cuantía pero que para la gente son importantes.

- ¿El funcionamiento de la Corte mejoró?
 Ha ido mejorando, hemos reducido el número de causas o lo estamos reduciendo, hemos sacado las cosas más conflictivas, estamos terminando la producción en serie, que se deduce de dos o tres fallos que señalan el camino. Hay cosas que son mejorables y otras que no, dado la estructura constitucional.
En algún momento el Estado, sobre todo los entes autárquicos tienen que pensar que no tienen que cargarnos de causa para que seamos el control de calidad de ellos. Hay 3.000 o 4.000 causas por año que estamos firmando en serie, que es un dispendio de trabajo para nosotros e implica una demora en la resolución de los casos. Nos llegan apelaciones de multas por $ 300.

- ¿De qué entes hablamos?
 De los que se encargan del aspecto impositivo, tributario (AFIP) y provisional (Anses). Tienen la obligación los abogados de ellos de llegar a la última instancia y creo que hay que agotar la instancia de la Corte cuando es viable y no cuando se sabe que es absolutamente inútil.

- ¿El hecho de que se haya reducido de nueve a siete el número de miembros fue positivo?
Sí, como funcionamos con sala única -porque la Corte no se divide en salas- el mayor número de ministros no da mayor rapidez, al contrario, demora, obliga que las causas circulen por dos salas más.

- Se dice que este Gobierno avanza sobre las instituciones y no permite la independencia de los poderes ¿Cómo es el caso con la Corte?
Tenemos una relación normal, supongo que habrá cosas que le molestarán al Gobierno como a cualquiera que se le quiera poner algún límite. Nunca hemos tenido conflicto, una constitución implica un reparto de poder y puede haber algún roce en este sentido, pero no veo una particular tendencia autoritaria ni una presión.

- ¿No hay llamados?
  (Interrumpe) No. Hay comunicación, eso sí, porque muchas veces nosotros no tenemos los elementos para saber cuáles son las consecuencias de las cosas que resolvemos, eso es necesario entre poderes del Estado y por otra parte lo hacemos en forma abierta. Creo que habría que intensificarla y habría que tener más contacto con el Congreso.

- ¿Evalúa favorablemente los cambios en el Ministerio de Justicia?
 Bueno, ahí hubo una reestructuración del Ministerio, se ha adosado Seguridad a Justicia, creo que le puede dar al Ministerio mayor espacio, porque anteriormente los Ministerios de Justicia tenían poco espacio: en una república donde hay Consejo de la Magistratura y Corte Suprema, el Ministerio de Justicia se ocupaba del Servicio Penitenciario y de los registros, lo cual es medio inútil.

- ¿Comparte las críticas a la reforma del Consejo de la Magistratura?
 Sobre eso no puedo opinar porque está la impugnación de esa reforma en la Corte. Estaría adelantando opinión al respecto.

- Hay un reclamo permanente para que se unifiquen o se aceleren causas de derechos humanos. ¿Qué se está haciendo en ese sentido?
 Nos estamos ocupando, tenemos un secretario que se ocupa del tema, estamos coordinando eso con la Procuración, lo que pasa es que se pueden unificar causas en ciertos casos y en otros no, porque una causa está muy adelantada y otra atrasada y atrasaríamos a la primera si las unificamos. No se puede dar una solución generalizada, las soluciones tienen que ser particulares.

- La Presidenta pidió que esos juicios estén terminados cuando concluya su mandato, ¿Es viable?
 Creo que las causas grandes sí. Las medianas y menores no me atrevería a afirmarlo porque son muchas, pero las mayores sin lugar a dudas.

- Usted habla de regionalizar algunas cuestiones de la Justicia. ¿Cómo sería?
 Hablo de regionalizar tribunales orales, pero tengo mis dudas de que esto se pudiera aplicar a estas causas porque estaríamos alterando competencias y hay que tener cuidado de no violar garantías. Pero el mapa de la Justicia Federal no es coherente, se fueron creando a medida que un diputado o senador quería tener en tal lugar un juzgado y se hicieron tribunales federales en todas la provincia, algunas están sobrecargados, otros tienen un trabajo normal y otros no tienen.
Por eso ha llegado la hora de racionalizar el mapa judicial y establecer regiones para los tribunales orales.

- Hace poco dijo que el problema de la Seguridad es la Policía.
 Cuando hablamos de seguridad, periodísticamente se entiende el delito común, el robo. Ese delito tiene dos formas de prevención, una es ir al origen de la conflictividad que es la inclusión social, ahí se puede hacer algo.
 
Independientemente de eso se puede hacer una prevención general más específica, y creo que en la provincia de Buenos Aires es indispensable. Consiste en orientar los programas sociales hacia los grupos de riesgo.

Todo esto siempre es más barato que hacer una prevención secundaria que es la que hace la policía. Pensar que todo se resuelve con reformar leyes.
Y el problema de la policía no es que se necesite que sea más numerosa, se necesita una mejor policía, lo que significa muchas cosas: mejorar entrenamiento, salarios, condiciones laborales, permitirle la sindicalización para discusión horizontal de las condiciones de trabajo.

Insisto desde hace muchos años que el problema de seguridad frente al delito común hay que encararlo a través de un organismo que lo pueda planificar. Un observatorio de política criminal, que al margen de los intereses sectoriales, hagan una investigación de campo y un diagnóstico de la situación. Nadie puede prevenir lo que no conoce. El aumento de penas y la mano dura no son los caminos, entonces. Ni aumentar el número de policía por aumentarlo. Creo que el presupuesto en seguridad es muy grande y lo pagamos todos: hay que optimizarlo y para optimizarlo hay que saber orientarlo.

- La solución es más civil que policial.
Es que la policía es civil, eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza, el policía es un trabajador como cualquier otro.

- ¿Pudo evaluar la reforma judicial bonaerense?
No, estaría aventurando. Sí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, una reforma al Código Penal es gratis, cuesta papel, una procesal no, es cara. Necesita infraestructuras, locales, funcionarios, defensores, fiscales, jueces. Lo ideal es ir a un sistema acusatorio democrático, pero para que funcione, se necesita dinero. (NA)