Informe testimonial de las FF.AA.

Una minuciosa encuesta dispuesta por el Ministerio de Defensa para establecer las inquietudes y opiniones de los miembros de las Fuerzas Armadas sobre sus situaciones institucionales y como partes de la sociedad, acaba de arrojar esclarecedora luz sobre el rol actual de las fuerzas castrenses y sobre el distanciamiento de la realidad nacional con que se las observa.
   Esa investigación ha merecido, por parte de la ministra Nilda Garré, quien la dispuso, una síntesis muy expresiva. “Me parece muy clara la reafirmación democrática y republicana en las fuerzas”; comentario lógico a la vista de los numerosos cuestionarios concretos respondidos anónimamente por militares, marinos y aviadores cuya inmensa mayoría están desarrollando sus carreras desde la restauración constitucional o apenas fueron parte de las FF.AA en los tiempos de la militarización de la política y los llamados años de plomo.
   Es por eso que el rechazo al golpe de Estado de marzo de 1976 resultó abrumador y que las cuestiones que encabezan mayores inquietudes conciernen al reducido presupuesto (30%), a los salarios (22%) y al trato deparado por el Gobierno nacional, así como a la falta de claridad en los objetivos fundamentales y específicos. Abruma, por cierto, el deterioro con que se percibe a las instituciones castrenses para los próximos 10 años que, en el caso de la Fuerza Aérea, estima el 71%.
  Un interrogante que debería motivar la preocupación de las autoridades y que la ministra Garré permite entrever en sus comentarios, se refiere a la imagen que las FFAA tienen en la sociedad.
   El 68% del Ejército, el 63% de la Armada y el 73% de la Fuerza Aérea sostienen que es la peor desde el actual gobierno. La titular de Defensa ha manifestado en la misma ocasión que una de las instrucciones que recibió del presidente Néstor Kirchner fue fortalecer la vocación democrática y normalizar la relación con la sociedad.
   Sin duda, se trata de una dirección correcta, mas debe reconocerse que no siempre el discurso político oficial fue el cauce elegido. La reivindicación y la defensa de los derechos humanos frecuentemente rozaron el pasado militar en la vida pública argentina y sus estragos finales, como si fuera una deuda pendiente de las FFAA. Instituciones cronológicamente renovadas por quienes, a pesar de los graves errores históricos, sintieron la vocación de servir a la Nación con el compromiso más absoluto como ciudadanos.
   Es cierto, como dice Garré, que nadie ha pretendido nunca delimitar específicamente a las Fuerzas Armadas, disolverlas o sancionarlas. Pero en los hechos se trata de una verdad relativa si se la encapsula en un acuartelamiento político que las aísla de la ciudadanía o se las debilita mediante un financiamiento famélico. Criterio este que en la actualidad contrasta con los casos de Chile y Brasil, que no dejan de observase a sí mismos desde una perspectiva externa y con una visión geopolítica que no excluye hipótesis de conflictos.
   La ministra de Defensa ha reclamado también, como una demanda novedosa en nuestra realidad, que la civilidad y la dirigencia política se involucren en los temas de defensa y seguridad, alentando un diálogo fecundo con las FFAA. Es de esperar que ese también sea el rumbo del futuro gobierno, para el que la ministra de Defensa ha sido confirmada.