Combatir la trata de blancas es casi imposible
Los especialistas advierten que hay un vacío legal para contrarrestar el accionar de los proxenetas, que cada vez captan a más mujeres. Una vez que las víctimas son secuestradas pueden ser llevadas a distintas provincias, e incluso al exterior. Drogadas, golpeadas y violadas. Hogares humildes.
"Son casos muy complejos porque es difícil que las mujeres sometidas denuncien el hecho, ya que muchas veces se encuentran amenazadas por los proxenetas", explica la fiscal Adriana Reinoso Cuello, que investiga la desaparición de "Marita". La fiscal indicó que se actúa de oficio cuando reciben denuncias sobre sitios que estarían funcionando como prostíbulos, pero cuando se realizan allanamientos, las mujeres, muchas veces, aducen que son camareras.
Entre otras trabas, la Policía enfrenta la dificultad de rastrear a las víctimas. "En los casos de explotación sexual tenemos que utilizar lo que nos brinda el Código Penal, pero no tenemos todas las herramientas para investigar. Hay un vacío legal en ese sentido", explicó el subcomisario Miguel Gómez, jefe de Seguridad Personal. El policía, además, advirtió que desmantelar los prostíbulos es muy difícil.
Un triángulo
Una vez que las mujeres son captadas pueden ser llevadas a distintas provincias, e incluso fuera del país. Los investigadores advierten que hay una red triangular entre Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, en la cual van rotando a las víctimas, pero que además pueden ser llevadas a otros destinos, sobre todo a La Rioja o a Río Gallegos. Según cifras oficiales, los proxenetas llegan a regentear hasta a 30 mujeres.
En base a los datos que se obtuvo en el caso Verón, los investigadores describen de esta forma el proceso de captación: en primer lugar, los secuestradores efectúan un trabajo previo de inteligencia para localizar a mujeres. Luego, interceptan a las víctimas en la vía pública y las suben a un automóvil. Otra variante es la sentimental. Se convierten en sus novios y luego logran que se escapen con ellos. Posteriormente son drogadas y trasladadas a un lugar donde las violan y las golpean. Si la víctima se niega a ser explotada, comienzan las amenazas de muerte hacia ella o su familia. En la casa se considera como fuga del hogar. Los Policías, conversando con amigas y allegados a la víctima, terminan deduciendo que la chica se fue con un novio. Pero, por lo general, tampoco tienen datos del hombre. Sólo les dicen que son de otra provincia, y les conocen algún apodo. En algunas ocasiones, cuando se sienten seguidos de cerca, los proxenetas liberan a las chicas. Pero cuando no se detecta a estos hombres, se las terminan llevando.
La fiscal Reinoso Cuello señaló que las distintas redes de prostitución que funcionan en el país se encuentran comunicadas entre sí y que resulta muy difícil descubrir y desarticular estas organizaciones que trabajan en la clandestinidad. "Generalmente reclutan a jóvenes de hogares humildes y las engañan con ofertas laborales", recalcó.
A pesar del incremento en los casos de secuestros para la explotación sexual, en la Argentina, la trata de personas no está tipificada como delito. "Nuestro Código Penal no pena la trata interna, es decir la que se realiza de una provincia a otra", explicó Gómez. "La consecuencia es que no se puede imputar ni penalizar a los tratantes, porque no estarían cometiendo un delito", dijo el abogado penalista Alejandro Diéguez.
"Las mujeres entran en estas redes de prostitución debido a la gran necesidad económica que padecen", aseguró el abogado Roberto Flores, que defiende a algunos de los acusados por la desaparición de "Marita". Flores explicó que la trata de personas se inicia cuando las jóvenes responden a los ofrecimientos laborales. Por lo general se requieren mozas para trabajar en otras provincias. "La mayoría de estas chicas ni siquiera tiene estudios primarios terminados y necesitan un trabajo", señaló el abogado. "Pero inconscientemente, ellas saben que el fin último es ejercer la prostitución", aseguró. "En la época en que estamos y por toda la información que se recibe de los medios de comunicación, cualquier persona coherente sabe que en realidad no le están ofreciendo un trabajo honesto", sentenció Flores, que responsabilizó al Estado de que estas mujeres se resignen a ser engañadas. "Si existiera una política desde el Gobierno que garantizara educación y trabajo todos los jóvenes, esta situación no existiría", finalizó.