23 Abril 2006
LA GACETA / FRANCO VERA
Reforma de la Constitución no es lo mismo que reforma del Estado. En este punto coinciden los especialistas consultados por LA GACETA, quienes sostienen que la transparencia y la eficiencia de la administración pública exigen algo más que compromisos o acuerdos políticos. El desafío pasa por modificar una cultura de gestión que está arraigada desde hace décadas.
La discusión cobra actualidad en Tucumán a partir del proceso de reforma de la Carta Magna que se inició en diciembre de 2004. La Convención Constituyente, aunque mantiene en secreto la mayoría de los puntos que están sometidos a debate, avanzaría en la redefinición de algunas de las bases sobre las que se organiza el Estado provincial. Pero el punto medular de la discusión no pasa por aquellos aspectos vinculados con la relación entre la administración y los ciudadanos, sino con el diseño del poder constituido.
La agenda de la reforma constitucional, en efecto, avanza sobre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia. También, sobre la relación entre esas tres patas de la organización institucional. La polémica sobre la revocatoria de mandatos y la posibilidad de reformar la Constitución por enmiendas tiene algún vínculo con la participación ciudadana, pero desde una matriz estrictamente política.
El control de la administración pública es otro asunto de interés para los reformistas, aunque también aparece limitado a la incorporación de algunos institutos (Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo) en el texto que comenzará a regir tras ser jurado el 9 de julio en la Casa Histórica. No hay, y se discute respecto de si tendrían que aparecer en el marco de la Convención, debates abiertos sobre la responsabilidad en la gestión de los funcionarios o la definición de políticas de Estado de largo plazo.
Mejores relaciones
El politólogo Mario Krieger reconoce que la crisis que hizo eclosión en diciembre de 2001 impuso la necesidad de redefinir el rol del Estado. En una recopilación de trabajos realizada por la Fundación Unión el año pasado ("Los desafíos de transformar el Estado y la gestión pública en la Argentina), el investigador precisó que esta redefinición exige mejorar la relación entre el Gobierno y la sociedad, para reivindicar el rol de la administración pública como herramienta para el desarrollo.
"Se trata de recrear un Estado para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad posindustrial, un Estado para el siglo XXI que, además de garantizar el cumplimiento de los contratos económicos, debe ser lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos sociales y la competividad de cada país en el escenario internacional". manifestó Krieger en la presentación del trabajo en la Feria del Libro de 2005.
En la misma línea, Oscar Alberto Reali propone develar si lo que suele presentarse como reformas del Estado no es, en realidad, la implementación de una serie de medidas de orden económico y social destinadas a justificar un modelo político. El docente de la UBA explica que las reformas realizadas durante la década del 90 provocaron un desguace del Estado. Al igual que Oscar Oszlak ( ver "La Gestión...) sostiene que quedaron muchas cosas por hacer que habían sido comprometidas a la población. "Las urgencias políticas y las crisis externas e internas del país, cuando no el desinterés de las autoridades, no dejaron espacio para la implementación de tales propuestas que, adecuaciones mediante, se mantienen como necesidades para el logro de un Estado moderno, eficaz y participativo", resume Reali en un escrito sobre la reforma del Estado en los 90.
Requisitos previos
En Tucumán hubo avances importantes en la modernización de la administración pública durante los últimos tres años. Pero aún hay una cultura que se mantiene enquistada en muchos funcionarios y sectores del poder. El debate de la reforma de la Constitución es un claro ejemplo de falta de transparencia y de la ausencia de vocación por habilitar la participación ciudadana. Ambos son requisitos previos para cualquier reforma del Estado y no se están cubriendo en la que es la madre de todas las discusiones sobre la organización institucional del poder.
Krieger concluye que el desafío de los tiempos del superávit financiero es encontrar el equilibrio entre la transparencia de la política, la necesidad de retornar el crecimiento económico y de reducir la desigualdad entre los que más y menos tienen en la sociedad. Enmienda de la Constitución y reforma del aparato estatal podrían tener aquí un punto en común para comenzar a desandar un camino marcado por los desencuentros entre la sociedad y sus dirigentes.
Sostienen que la gestión debería ser controlada
Oscar Oszlak está convencido de que un proceso de reforma de la Constitución como el que está viviendo Tucumán puede contribuir a consolidar los principios que hacen a mejorar la calidad del Estado. Sin embargo, advierte que aquellas líneas de acción que se definieron con las reformas de segunda generación aún están pendientes en casi todas las administraciones y requieren otro tipo de decisiones políticas.
Oslak es uno de los investigadores del manejo de Estado más prestigiosos de la Argentina. Trabaja en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), es docente de posgrado en varias universidades del país y del mundo, y dirige la Maestría en Administración Pública de la UBA. En diálogo telefónico con LA GACETA, analizó el impacto que podría provocar en el Estado una enmienda constitucional.
"Hay que ser muy precisos. Un cambio en la Constitución implica modificar o discutir las reglas de juego de cómo se distribuyen los poderes público. Una reforma del Estado, en cambio, se relaciona más directamente con el rol que tiene el aparato institucional en aquellos aspectos que hacen a su intervención social", precisó el investigador.
Oszlak recordó que, durante la década del 90, se llevó adelante un proceso de reforma que se denominó de primera generación. "Se minimizó el papel del Estado. Hubo un desmantelamiento que, en muchos casos, implicó la expulsión de los responsables de algunas áreas clave y se privatizaron masivamente las empresas públicas", dijo.
En el caso los gobiernos provinciales, las reformas de primera generación sumaron más problemas. Oszlak sostuvo que se les transfirieron servicios esenciales como salud y educación, sin que las empresas estuvieran preparadas para asumir la responsabilidad. "El proceso de traspaso se había iniciado durante el último gobierno militar, pero terminó de consolidarse con resultados dispares en todo el país", aseguró.
Transparencia
Al analizar el contexto del problema, Oszlak lamentó que la mayoría de las reformas de segunda generación hayan quedado postergadas. "No se trata de tener un menor Estado, sino un mejor Estado. Para ello, hay que reestructurar personal, avanzar hacia el gobierno digital, desburocratizar la administración y hacer más transparente el manejo de la cosa pública", dijo.
En este punto, Oslak admitió que puede haber una vinculación entre reforma del Estado y enmienda de la Carta Magna. "Con toda seguridad, se pueden introducir en la Constitución cláusulas que hagan a la participación ciudadana y otras cláusulas que preserven a la gente de los abusos que puede cometer la administración en su actuación cotidiana", afirmó.
Planes estratégicos
En la entrevista con LA GACETA, el investigador del Conicet también se refirió a la necesidad de asegurar los controles de quienes ejercen el Gobierno. Sin embargo, avanzó sobre la idea del monitoreo de la gestión.
"La gestión pública tiene que ser sometida a un seguimiento permanente, a controles, a evaluación de resultados porque, de otra manera, no hay posibilidad de responsabilizar al funcionario de turno. Habrá que operar los mecanismos de control que permitan determinar si, dentro de un plan estratégico y de un modelo de planeamiento operativo, quien se comprometió a hacer cosas efectivamente cumplió con esas metas. Es la única manera de que la gestión pública pueda operar en tres dimensiones: pasado, presente y futuro", concluyó el investigador.
Por Julio Saguir - Sec. de Planeamiento del PE
Se puede entender la modernización del Estado como la introducción de prácticas administrativas e innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar la provisión de los servicios públicos. La palabra "mejorar" supone un juicio valorativo: mayor eficiencia, transparencia y acceso equitativo de la población, en particular los más necesitados. Las prácticas son variadas: renovación de los procesos administrativos, selección y capacitación de los recursos humanos y tecnología informática, entre otras.
Las mejoras en los procedimientos han sido una preocupación de la actual gestión desde el inicio: desde la reingeniería del Boletín Oficial, que culminó en su digitalización y puesta en la página Oficial de la Provincia, hasta los actuales procesos de mejoras y adaptación a normas de calidad internacionales por parte de áreas de Fiscalía, Salud, Turismo y Planeamiento. La introducción de nuevos procedimientos de administración financiera abren las puertas para un cambio sustantivo en la gestión y control interno de los recursos económicos por parte de las áreas de gobierno.
Los concursos introducidos para la selección de habilitados y sectorialistas de personal muestran a un Estado dispuesto a utilizar la competencia abierta como práctica transparente de incorporación y desarrollo de sus recursos. Procesos similares se han utilizado internamente para seleccionar a los participantes del Programa de Jóvenes Profesionales. Además de programas de capacitación específicos por áreas de gobierno, hay otros de alto impacto en el Estado Provincial, como la Terminalidad Secundaria para cerca de 2.500 empleados estatales y municipales, y la Diplomatura en Gestión Pública, que ya incluye 200 mandos medios de la Administración.
Estos importantes esfuerzos del Gobierno por la capacitación de sus recursos requieren quizás del marco global de una carrera administrativa remozada para terminar de organizar con eficiencia todos estos esfuerzos.
La incorporación de tecnología informática es uno de aquellas prácticas donde se experimenta con mayor sensibilidad avances que culminan no sólo en una mayor información y transparencia, sino también en la mejora concreta de la atención y servicio al público.
Recientemente, 30.000 posibles jubilados solicitaron su turno a través de internet, en tanto 9.000 jóvenes se inscribieron y presentaron sus formularios en 2005 (y lo repiten ahora) directamente vía página Oficial de la Provincia, sin necesidad de concurrir a una dependencia del Estado. Cualquier ciudadano puede en estos momentos consultar el estado de su trámite a través del mismo instrumento. Estos ejemplos muestran que la Administración Pública ha alcanzado un desarrollo tecnológico capaz de servir mejor a la gente y, lo que es más importante, una sociedad dispuesta a aprovechar tales prácticas para acceder a los servicios públicos.
La discusión cobra actualidad en Tucumán a partir del proceso de reforma de la Carta Magna que se inició en diciembre de 2004. La Convención Constituyente, aunque mantiene en secreto la mayoría de los puntos que están sometidos a debate, avanzaría en la redefinición de algunas de las bases sobre las que se organiza el Estado provincial. Pero el punto medular de la discusión no pasa por aquellos aspectos vinculados con la relación entre la administración y los ciudadanos, sino con el diseño del poder constituido.
La agenda de la reforma constitucional, en efecto, avanza sobre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia. También, sobre la relación entre esas tres patas de la organización institucional. La polémica sobre la revocatoria de mandatos y la posibilidad de reformar la Constitución por enmiendas tiene algún vínculo con la participación ciudadana, pero desde una matriz estrictamente política.
El control de la administración pública es otro asunto de interés para los reformistas, aunque también aparece limitado a la incorporación de algunos institutos (Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo) en el texto que comenzará a regir tras ser jurado el 9 de julio en la Casa Histórica. No hay, y se discute respecto de si tendrían que aparecer en el marco de la Convención, debates abiertos sobre la responsabilidad en la gestión de los funcionarios o la definición de políticas de Estado de largo plazo.
Mejores relaciones
El politólogo Mario Krieger reconoce que la crisis que hizo eclosión en diciembre de 2001 impuso la necesidad de redefinir el rol del Estado. En una recopilación de trabajos realizada por la Fundación Unión el año pasado ("Los desafíos de transformar el Estado y la gestión pública en la Argentina), el investigador precisó que esta redefinición exige mejorar la relación entre el Gobierno y la sociedad, para reivindicar el rol de la administración pública como herramienta para el desarrollo.
"Se trata de recrear un Estado para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad posindustrial, un Estado para el siglo XXI que, además de garantizar el cumplimiento de los contratos económicos, debe ser lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos sociales y la competividad de cada país en el escenario internacional". manifestó Krieger en la presentación del trabajo en la Feria del Libro de 2005.
En la misma línea, Oscar Alberto Reali propone develar si lo que suele presentarse como reformas del Estado no es, en realidad, la implementación de una serie de medidas de orden económico y social destinadas a justificar un modelo político. El docente de la UBA explica que las reformas realizadas durante la década del 90 provocaron un desguace del Estado. Al igual que Oscar Oszlak ( ver "La Gestión...) sostiene que quedaron muchas cosas por hacer que habían sido comprometidas a la población. "Las urgencias políticas y las crisis externas e internas del país, cuando no el desinterés de las autoridades, no dejaron espacio para la implementación de tales propuestas que, adecuaciones mediante, se mantienen como necesidades para el logro de un Estado moderno, eficaz y participativo", resume Reali en un escrito sobre la reforma del Estado en los 90.
Requisitos previos
En Tucumán hubo avances importantes en la modernización de la administración pública durante los últimos tres años. Pero aún hay una cultura que se mantiene enquistada en muchos funcionarios y sectores del poder. El debate de la reforma de la Constitución es un claro ejemplo de falta de transparencia y de la ausencia de vocación por habilitar la participación ciudadana. Ambos son requisitos previos para cualquier reforma del Estado y no se están cubriendo en la que es la madre de todas las discusiones sobre la organización institucional del poder.
Krieger concluye que el desafío de los tiempos del superávit financiero es encontrar el equilibrio entre la transparencia de la política, la necesidad de retornar el crecimiento económico y de reducir la desigualdad entre los que más y menos tienen en la sociedad. Enmienda de la Constitución y reforma del aparato estatal podrían tener aquí un punto en común para comenzar a desandar un camino marcado por los desencuentros entre la sociedad y sus dirigentes.
Sostienen que la gestión debería ser controlada
Oscar Oszlak está convencido de que un proceso de reforma de la Constitución como el que está viviendo Tucumán puede contribuir a consolidar los principios que hacen a mejorar la calidad del Estado. Sin embargo, advierte que aquellas líneas de acción que se definieron con las reformas de segunda generación aún están pendientes en casi todas las administraciones y requieren otro tipo de decisiones políticas.
Oslak es uno de los investigadores del manejo de Estado más prestigiosos de la Argentina. Trabaja en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), es docente de posgrado en varias universidades del país y del mundo, y dirige la Maestría en Administración Pública de la UBA. En diálogo telefónico con LA GACETA, analizó el impacto que podría provocar en el Estado una enmienda constitucional.
"Hay que ser muy precisos. Un cambio en la Constitución implica modificar o discutir las reglas de juego de cómo se distribuyen los poderes público. Una reforma del Estado, en cambio, se relaciona más directamente con el rol que tiene el aparato institucional en aquellos aspectos que hacen a su intervención social", precisó el investigador.
Oszlak recordó que, durante la década del 90, se llevó adelante un proceso de reforma que se denominó de primera generación. "Se minimizó el papel del Estado. Hubo un desmantelamiento que, en muchos casos, implicó la expulsión de los responsables de algunas áreas clave y se privatizaron masivamente las empresas públicas", dijo.
En el caso los gobiernos provinciales, las reformas de primera generación sumaron más problemas. Oszlak sostuvo que se les transfirieron servicios esenciales como salud y educación, sin que las empresas estuvieran preparadas para asumir la responsabilidad. "El proceso de traspaso se había iniciado durante el último gobierno militar, pero terminó de consolidarse con resultados dispares en todo el país", aseguró.
Transparencia
Al analizar el contexto del problema, Oszlak lamentó que la mayoría de las reformas de segunda generación hayan quedado postergadas. "No se trata de tener un menor Estado, sino un mejor Estado. Para ello, hay que reestructurar personal, avanzar hacia el gobierno digital, desburocratizar la administración y hacer más transparente el manejo de la cosa pública", dijo.
En este punto, Oslak admitió que puede haber una vinculación entre reforma del Estado y enmienda de la Carta Magna. "Con toda seguridad, se pueden introducir en la Constitución cláusulas que hagan a la participación ciudadana y otras cláusulas que preserven a la gente de los abusos que puede cometer la administración en su actuación cotidiana", afirmó.
Planes estratégicos
En la entrevista con LA GACETA, el investigador del Conicet también se refirió a la necesidad de asegurar los controles de quienes ejercen el Gobierno. Sin embargo, avanzó sobre la idea del monitoreo de la gestión.
"La gestión pública tiene que ser sometida a un seguimiento permanente, a controles, a evaluación de resultados porque, de otra manera, no hay posibilidad de responsabilizar al funcionario de turno. Habrá que operar los mecanismos de control que permitan determinar si, dentro de un plan estratégico y de un modelo de planeamiento operativo, quien se comprometió a hacer cosas efectivamente cumplió con esas metas. Es la única manera de que la gestión pública pueda operar en tres dimensiones: pasado, presente y futuro", concluyó el investigador.
PUNTO DE VISTA
"Mejorar el acceso al público"Por Julio Saguir - Sec. de Planeamiento del PE
Se puede entender la modernización del Estado como la introducción de prácticas administrativas e innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar la provisión de los servicios públicos. La palabra "mejorar" supone un juicio valorativo: mayor eficiencia, transparencia y acceso equitativo de la población, en particular los más necesitados. Las prácticas son variadas: renovación de los procesos administrativos, selección y capacitación de los recursos humanos y tecnología informática, entre otras.
Las mejoras en los procedimientos han sido una preocupación de la actual gestión desde el inicio: desde la reingeniería del Boletín Oficial, que culminó en su digitalización y puesta en la página Oficial de la Provincia, hasta los actuales procesos de mejoras y adaptación a normas de calidad internacionales por parte de áreas de Fiscalía, Salud, Turismo y Planeamiento. La introducción de nuevos procedimientos de administración financiera abren las puertas para un cambio sustantivo en la gestión y control interno de los recursos económicos por parte de las áreas de gobierno.
Los concursos introducidos para la selección de habilitados y sectorialistas de personal muestran a un Estado dispuesto a utilizar la competencia abierta como práctica transparente de incorporación y desarrollo de sus recursos. Procesos similares se han utilizado internamente para seleccionar a los participantes del Programa de Jóvenes Profesionales. Además de programas de capacitación específicos por áreas de gobierno, hay otros de alto impacto en el Estado Provincial, como la Terminalidad Secundaria para cerca de 2.500 empleados estatales y municipales, y la Diplomatura en Gestión Pública, que ya incluye 200 mandos medios de la Administración.
Estos importantes esfuerzos del Gobierno por la capacitación de sus recursos requieren quizás del marco global de una carrera administrativa remozada para terminar de organizar con eficiencia todos estos esfuerzos.
La incorporación de tecnología informática es uno de aquellas prácticas donde se experimenta con mayor sensibilidad avances que culminan no sólo en una mayor información y transparencia, sino también en la mejora concreta de la atención y servicio al público.
Recientemente, 30.000 posibles jubilados solicitaron su turno a través de internet, en tanto 9.000 jóvenes se inscribieron y presentaron sus formularios en 2005 (y lo repiten ahora) directamente vía página Oficial de la Provincia, sin necesidad de concurrir a una dependencia del Estado. Cualquier ciudadano puede en estos momentos consultar el estado de su trámite a través del mismo instrumento. Estos ejemplos muestran que la Administración Pública ha alcanzado un desarrollo tecnológico capaz de servir mejor a la gente y, lo que es más importante, una sociedad dispuesta a aprovechar tales prácticas para acceder a los servicios públicos.
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