20 Abril 2006
DICTAMENES CONSENSUADOS. Los reformadores se comprometIeron a atender las inquietudes de las comunidades indígenas autóctonas. LA GACETA / HERCTOR PERALTA
Los representantes de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita reclamaron ayer a los convencionales que se incorpore en la nueva Constitución una cláusula en la que se reconozcan los derechos de las comunidades originarias. El planteo se realizó en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Políticas Especiales y de Declaraciones, Derechos y Garantías a las que fueron invitados representantes de los grupos aborígenes.
Un conflicto judicial por tierras en la zona de Rearte en Trancas se transformó, imprevistamente, en el argumento que utilizaron los aborígenes para justificar su reclamo constitucional. El caso se originó en el marco de la sucesión de los herederos de Fernando López de Zavalía, que reclaman el desalojo de Donato Nieva y su familia. Antonio Caro, representante de la comunidad de Quilmes, aseguró que estas personas viven desde hace siglos en la zona, pero ahora están a merced de un fallo injusto.
“La jueza Lucía del Valle Alcorta nos dijo que no hay nada que hacer, que la orden está dictada. Pero nosotros creemos que la Justicia debe preservar a un grupo de personas que no tiene adónde ir si les quitan sus tierras. Si la Constitución reconoce nuestro derecho sobre las tierras originarias, estos problemas se terminarán”, manifestó Caro.
Por el consenso
Los dirigentes indígenas les ratificaron a los convencionales que en Rearte la medida judicial será resistida hasta las últimas consecuencias. “Hay seis niños que se quedarán si hogar”, explicó Juan José Palacios, referente de los habitantes de Tolombón.
En la discusión específica de la nueva Carta Magna, se avanzó en la definición de los puntos que deberían incorporarse.
Los aborígenes reclaman que se tome como base el artículo 74, inciso 17, de la Constitución Nacional, en el que se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Mario Quinteros, de la comunidad de Amaicha del Valle, explicó que este debiera ser el piso para empezar a discutir. “A partir de allí habrá que tomar en cuenta nuestros derechos sobre las tierras y reconocer las costumbres originarias, entre otras cuestiones. Los convencionales se comprometieron a consensuar el dictamen que llegará al recinto.
Un conflicto judicial por tierras en la zona de Rearte en Trancas se transformó, imprevistamente, en el argumento que utilizaron los aborígenes para justificar su reclamo constitucional. El caso se originó en el marco de la sucesión de los herederos de Fernando López de Zavalía, que reclaman el desalojo de Donato Nieva y su familia. Antonio Caro, representante de la comunidad de Quilmes, aseguró que estas personas viven desde hace siglos en la zona, pero ahora están a merced de un fallo injusto.
“La jueza Lucía del Valle Alcorta nos dijo que no hay nada que hacer, que la orden está dictada. Pero nosotros creemos que la Justicia debe preservar a un grupo de personas que no tiene adónde ir si les quitan sus tierras. Si la Constitución reconoce nuestro derecho sobre las tierras originarias, estos problemas se terminarán”, manifestó Caro.
Por el consenso
Los dirigentes indígenas les ratificaron a los convencionales que en Rearte la medida judicial será resistida hasta las últimas consecuencias. “Hay seis niños que se quedarán si hogar”, explicó Juan José Palacios, referente de los habitantes de Tolombón.
En la discusión específica de la nueva Carta Magna, se avanzó en la definición de los puntos que deberían incorporarse.
Los aborígenes reclaman que se tome como base el artículo 74, inciso 17, de la Constitución Nacional, en el que se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Mario Quinteros, de la comunidad de Amaicha del Valle, explicó que este debiera ser el piso para empezar a discutir. “A partir de allí habrá que tomar en cuenta nuestros derechos sobre las tierras y reconocer las costumbres originarias, entre otras cuestiones. Los convencionales se comprometieron a consensuar el dictamen que llegará al recinto.
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