La otra pandemia que padecemos

Luego de un 2020 en el que como provincia habíamos alcanzado los más altos niveles históricos de homicidios dolosos (152) se pensaba en una bisagra en la política de seguridad. Pero el asesinato en ocasión de robo a comienzos de este año de la jubilada Susana Mansilla, a manos de un delincuente con numerosos antecedentes criminales, nos recordaba a los tucumanos la situación de riesgo colectivo en la que vivimos permanentemente. Y especialmente que aquella “emergencia” en materia de seguridad, adicciones y carcelaria declarada por unanimidad en la Legislatura en 2016 continuaba más vigente que nunca.

Hay que destacar también que durante 2021 hubo mejoras en algunos indicadores, lo cual es positivo. A la vez, debe ser una prioridad para las autoridades responsables del área el sostener estos descensos, y en especial dilucidar cuáles fueron las estrategias implementadas que los permitieron. Sin embargo lejos estamos de poder hablar de un avance tal que nos permita salir de esta profunda crisis de inseguridad.

El 90% de los tucumanos posee al menos una medida de seguridad en el hogar, sólo el 29% se siente seguro caminando por su barrio, mientras la confianza en la Policía y la Justicia no supera el 20%, una de las tasas más bajas del país. Todo esto converge en que a nivel provincial las cifras de no denuncia alcanzan el 70% promedio, lo que nos incapacita para tener información, diagnósticos certeros, elaboración de políticas efectivas y un seguimiento de los resultados que generan. Esto último constituye una de las principales carencias de nuestra política criminal, que expone su lado más vulnerable también en un sistema carcelario colapsado, que sufrió múltiples fugas de comisarías en 2021, con el caso Rejas como fiel muestra de ello.

En octubre, el gobernador Osvaldo Jaldo busco relanzar la gestión en seguridad reemplazando a Claudio Maley. Asumió como ministro Eugenio Agüero Gamboa. A dos meses de este cambio está claro que no deberían solicitársele resultados inmediatos, pero sí la presentación de un plan para la emergencia, y de mediano y largo plazo, algo que todavía está pendiente.

Los desafíos para la nueva conducción en seguridad pasan por adoptar una visión estratégica, que no se limite a administrar el problema, como sucede hace 20 años en la provincia y con un delito cada vez mayor en escala e intensidad, sino llevar adelante una agenda transformadora de las reformas estructurales necesarias en los sistemas policial, judicial y carcelario. Para que los tucumanos podamos vivir seguros y sin miedo.