Los gobernadores se convocan en Buenos Aires. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, viaja a Yavi (Jujuy) para encabezar un acto con fuerzas militares en zona de frontera. La distancia entre un y otro punto geográfico es de 1.800 kilómetros tanta como las diferencias que existe entre la Nación y los distritos que reclaman a la Casa Rosada por la eliminación del Fondo Federal Solidario o Fondo Soja. Los mandatarios del interior, particularmente de signo justicialista, se convocarán en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar una postura contra el Gobierno nacional que avanzó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), mediante el cual aplicó un ahorro forzoso de $ 8.500 millones para este año y de $ 26.500 millones para 2019 por la eliminación del fondo que se constituyó hace una década para financiar obras menores en municipios y en comunas rurales.
Las posturas entre los mandatarios son disímiles, pero todas contra la medida federal. Algunos señalan que la decisión de Macri implica la ruptura del último pacto, denominado Consenso Fiscal, que aseguraba el giro de esas partidas, al menos hasta el año que viene. Otros, en tanto, consideran que aún hay instancias de diálogo, pero no con posturas intransigentes. “Hace seis meses firmamos el pacto fiscal, pagamos un elevado costo político y ahora lo incumplen”, dicen los colaboradores cercanos al gobernador Juan Manzur.
En los días previos, el mandatario había instado a intendentes y a comisionados rurales a rechazar el ajuste en las partidas para obras. Ayer la Legislatura avanzó en esa dirección, al igual que la mayoría de los concejos deliberantes. “Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar que le quiten el dinero a los tucumanos”, había dicho el mandatario, mientras la Fiscalía de Estado avanza en la presentación de un recurso de amparo, con el fin de evitar la quita.
Según el ministro del Interior Miguel Acevedo, “esta quita impactará sobre todo en las comunas, en las obras iluminación, recuperación de espacios públicos, inundaciones, entre otras”.
Llamadas
Los gobernadores intercruzaron ayer llamadas telefónicas para definir el temario del encuentro de hoy. Para muchos de ellos, resignar más fondos implicará ingresar en el déficit fiscal en sus cuentas públicas. Para otros, en tanto, será la profundización de una situación financiera complicada, en tiempos de freno de la economía que, a su vez, golpea la recaudación de impuestos.
De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía de la provincia, el Fondo Soja previsto para este año era de $ 1.177 millones para este año, pero con la vigencia del DNU, dejarán de ingresar unos $ 550 millones hasta fines de año. Pero, además, ya estaba pautado que el año que viene Tucumán iba a contar con otros $ 1.245 millones por el Fondo Federal Solidario, tomando en cuenta la evolución inflacionaria.
Los gobernadores insisten en que la Nación incumplió el Consenso Fiscal firmado el 16 de noviembre pasado. Particularmente, hacen alusión al punto “h” de los Compromisos asumidos por la Nación que sostiene: “distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario (en la medida que éste exista) entre las jurisdicciones que adhieran y cumplan con este Consenso, sin incluir al Estado Nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el régimen general de coparticipación federal, acrecentando proporcionalmente su participación sobre la de las jurisdicciones que no participan (por no haber adherido o por no cumplir con el Consenso)”.
Ese acuerdo indicaba que, cumplidas las pautas convenidas, las provincias debían desistir de iniciar demandas judiciales nuevas y “de los procesos judiciales ya iniciados relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de competencias, servicios o funciones”. Son 59 demandas que estaban en curso, una de ellas iniciadas por Tucumán, indica el Anexo II del Consenso Fiscal. La eliminación del Fondo Soja activaría la instancia judicial.
En medio de esta disputa, trascendió además que la Casa Rosada analiza quitarle cinco puntos de la coparticipación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Es muy difícil que esa medida pase por el tamiz del Congreso”, indicaron en el entorno de Manzur. Sucede que los bloques que responden al Partido Justicialista ya sentaron posición, en ambas cámaras, que no permitirán recorte alguno de fondos a las provincias.
Los gobernadores esperan señales de la Casa Rosada, mientras se agota el tiempo para definir las partidas de gastos que se distribuirán en cada una de las jurisdicciones durante el año electoral que se avecina. El Gobierno nacional tiene tiempo hasta el 15 de septiembre próximo para elevar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2019. Una de las posibilidades es que se repita el ejercicio de este año, que contempla gastos por unos $ 3 billones, en caso de que se mantenga la postura de las provincias de no acceder al recorte de partidas.