Inseguridad y alarma azul

La inseguridad se ha instalado en la vida de los tucumanos. No se trata de una sensación, sino de la más cruda realidad. En las últimas semanas se han conocido historias de todo tipo. De habitantes que tuvieron que cambiar sus vidas para protegerse; de quejas porque en algunas comisarías no reciben denuncias; de miedo porque los que realizan las demandas terminan siendo perseguidos por los delincuentes; y de los que no tienen problemas en cortar las calles de sus barrios una, dos y hasta tres veces hasta lograr lo que tanto anhelan: vivir tranquilos.

Tucumán fue declarado en estado de Emergencia en Seguridad y se creó una comisión integrada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Su fin era el de colaborar con el Ejecutivo para solucionar problemas como el crecimiento del delito, las adicciones y la crisis carcelaria, entre otros. A dos años de haberse dado este importante y necesario paso, poco y nada cambió. Lo que debería haber sido una herramienta para buscar mejorar las cosas, terminó siendo una usina de reuniones (que incluían interminables lecturas de informes) y de polémicas (como el pedido de prórroga que pidió el ministro Claudio Maley) que más credibilidad le quitó.

En la Legislatura la casa no está en orden por culpa de la inseguridad. Los parlamentarios opositores se subieron a la ola de las críticas por la prórroga que pidió Maley para responder las preguntas que realizaron sobre cuestiones de seguridad. Los oficialistas se llamaron a un obediente silencio, pero jamás se imaginaron que el funcionario los cuestionaría porque no aceptaron su idea de presentarse todos los martes a brindar informes. A raíz de ello, varios solicitarán al “jefe” Osvaldo Jaldo que tome cartas en el asunto. No se olvidan que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que la seguridad será clave en las campañas.

Cuestión de imagen

Para colmo, la situación se complica aún más por la caída de la imagen de la Policía. En la Encuesta Nacional de Victimización (ENV), que es la última medición que se realizó, la fuerza de la provincia fue aplazada. Solo el 15% de los tucumanos considera que es honesta, el 21% cree que trata de manera igual a los tucumanos y el 18% sostiene que es profesional. Cuentan los especialistas que la credibilidad ha caído considerablemente y que está muy cerca del nivel al que llegaron a tener después de los saqueos de 2013.

Los hombres de la fuerza están desorientados. Entienden que están pagando el costo político por decisiones que se toman en otros ámbitos. Y ponen a la crisis carcelaria como el principal problema que deben afrontar. Cuentan, por ejemplo, que desperdician los pocos recursos humanos cuidando o trasladando presos de un lado a otro. Reniegan por las inequidades que están viviendo. Señalan que dos hombres que están acusados de homicidio agravado por el crimen de Facundo Ferreira realizan tareas administrativas, mientras que al o a los carceleros que se le escapa un preso puede o pueden ser sancionados. Relatan un hecho insólito que se produjo en la Seccional 12ª: como esa dependencia policial no tiene arrestos, los detenidos permanecen en el comedor de la guardia. De allí se fugó un procesado que luego fue recapturado. Administrativamente, la responsabilidad es del oficial de turno que debe ordenar la tropa, atiende el teléfono, recibe a los vecinos y, de reojo, vigila a los hombres.

Aunque no haya mayores precisiones sobre el caso, algunos aseguran que las amenazas que recibió el jefe de Policía el miércoles tienen que ver con el descontento que existe entre los azules. Hace más de dos semanas que se habla sobre quiénes serán los comisarios que se retirarán, pero no hay una definición concreta porque el gobernador Juan Manzur no firmó el decreto autorizándolos. Otros, en cambio, opinan que ese hecho forma parte de una estrategia para desgastar a los responsables del área de Seguridad. Dentro de la misma fuerza hay serios cuestionamientos a la política que desarrolla la conducción. Hablan de un desmembramiento del Servicio 911 (pilar fundamental para la prevención) que termina afectando a las otras jurisdicciones en las que normalmente no pasaba nada o pasaba poco. Esta teoría toma mayor fuerza si se tiene en cuenta que en las últimas horas se comenzaron a viralizar audios e informaciones falsas que generan preocupación entre los habitantes como el intento de copamiento a los tiros de la Seccional 14ª o las advertencias por los casos de secuestros de mujeres en distintos puntos de la provincia.

Un mapa

Desde hace tres semanas, LA GACETA publica un Mapa del Delito, confeccionado con los hechos de inseguridad que se producen cada siete días en el Gran San Miguel de Tucumán. Elaborado con los datos que brinda la Policía (en base a las detenciones que concretan), algunas de las causas que llegan a Tribunales y las denuncias de los lectores. La idea era determinar cuáles eran las zonas más conflictivas y mostrarlas para que los tucumanos tomaran algunos recaudos y las autoridades supieran dónde deberían actuar. Es, en realidad, una herramienta utilizada en casi todo el mundo desde hace ya varios años.

Los habitantes de la provincia aplaudieron la iniciativa, pero las autoridades no lo entendieron así. No vieron que las zonas más comprometidas están muy cerca de los barrios que desde hace años son sospechados de ser lugares donde la droga se consigue muy fácilmente y que a la inseguridad no se la combate únicamente con mayor presencia policial en las calles, sino generando de una vez por todas una política en contra de las adicciones. Tampoco observaron que en los dos primeros mapas el parque 9 de Julio aparecía como un lugar peligroso, tierra de nadie. Días después se robaron “Meditación”, una estatua de más de 100 kilos que pertenece al patrimonio de todos los tucumanos. Increíble, pero real.