Causa de los cuadernos: cuáles fueron los argumentos de Cristina para defenderse

En su Facebook, Cristina sintetizó las causas penales y su rol: “siempre soy la jefa”

“Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadio. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadio como brazo de persecución contra mi persona. Se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del juez parcial o ‘no juez’ que enseñaba Baigún: se trata del juez enemigo, actor principal del Lawfare (nuevo término que significa ‘guerra no convencional en la que la ley es usada como medio para conseguir un objetivo militar’). Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI. Hoy, Bonadio me cita a indagatoria nuevamente acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa. Desde hace dos años vengo pidiendo una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Macri. El hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás ‘Nicky’ Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la ‘Patria Contratista’ surgida en la última dictadura militar y consolidada en la década de los 80 y los 90. Además, resulta absurdo que esos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o prácticas. Abundante bibliografía, investigaciones y documentación dan cuenta de un problema estructural de nuestro país”. Así presentó la ex presidenta las direcciones del sitio donde pueden leerse los tres escritos.

La ex mandataria cuestiona la prueba y la falta de sorteo

El planteo de nulidad que presentó el doctor Carlos Alberto Beraldi en nombre de la ex presidenta tiene dos fundamentos. El primero está relacionado con la prueba o la legitimidad de los cuadernos, y el otro con las garantías que hacen al debido proceso. En cuanto al primero, se nombra al periodista Diego Cabot, de La Nación, para inferir sobre cómo ocurrieron los hechos, y a Jorge Bacigalupo, como depositario de la caja que contenía los cuadernos, y a quien Oscar Centeno le confió su resguardo. Relata que Bacigalupo entregó al periodista el material, que fotocopió sin que supiera Centeno, y que éste se enojó cuando le pidió la caja y vio que había sido abierta. Por eso, Beraldi apela a la Constitución para plantear el orígen ilícito de la causa, referido a que los papeles privados son inviolables, y que en este caso, según relato de Bacigalupo y de Cabot, se habría abierto indebidamente la caja que debía resguardar, para entregarle el supuesto contenido a un periodista para que éste lo publicara. Otra objeción es la “irregular” detención e indagatoria de Centeno, que derivó en la figura del arrepentido y su liberación. Y respecto del segundo planteo de nulidad, la falta de un debido proceso legal, precisa que la ley determina que el juez que interviene en un proceso debe revestir la condición de imparcial o, al menos, encontrarse fuera de cualquier situación que conduzca a un temor objetivo de parcialidad. Al respecto, remarcó la falta del sorteo para que Bonadio se adjudique la causa de los cuadernos. “Se habría omitido realizar el sorteo de práctica en virtud de que existiría un supuesto de conexidad -aparentemente subjetivo- entre la nueva investigación de asociación ilícita y el delito que se persigue en la causa del ‘gas licuado’”, destaca el escrito del doctor Braldi, que firmó Cristina.