Por Luis María Ruiz
02 Agosto 2018
LEGISLATURA
La causa penal sobre las valijas cargadas con millones que desfilaban desde un banco hasta la sede de la Legislatura en el 2015 electoral tuvo un primer impulso.
El fiscal Claudio Bonari envió el mediodía del martes los 30 cuerpos que contiene el expediente al juez Facundo Maggio, y adjuntó a la voluminosa documentación un requerimiento de instrucción que contemplaría una serie de medidas de prueba. Así lo confirmaron los denunciantes del caso, el peronista disidente Oscar López, autor del planteo inicial, y el legislador radical Eudoro Aráoz, cuya denuncia fue incorporada a la pesquisa original.
Los dirigentes de la oposición se presentaron ayer en la sede penal de Tribunales, ubicada en avenida Sarmiento al 400, y se reunieron con Maggio en su despacho. “Lo que sucedió en 2015 fue de una gravedad institucional escandalosa. El juez nos recibió con mucha deferencia, cosa que destacamos. Nos resta conocer el contenido exacto (del requerimiento de instrucción), pero siempre es un buen síntoma que al menos una parte del Poder Judicial funcione”, expresó López a LA GACETA. El legislador Aráoz también se mostró satisfecho con el resultado de la entrevista con Maggio. “Nos aseguró que se va a abocar a la lectura del expediente. Esencialmente, debe determinar su competencia. Vamos a ser atentos vigilantes de este proceso penal, y más allá de que no pudimos acceder al escrito (de Bonari), es un enorme paso adelante que un fiscal se haya animado a hacer un requerimiento de esta naturaleza al juez de Instrucción”, indicó el ex presidente del Colegio de Abogados.
A casi tres años de la apertura del expediente 66.114/15, sería la primera vez que el Ministerio Público da intervención al Juzgado en esta causa. En noviembre de 2015, días después de una serie de publicaciones de LA GACETA, el ex candidato a legislador López planteó una denuncia por presunta malversación de fondos públicos en contra de toda la anterior composición del cuerpo colegiado, apuntando a legisladores y autoridades. Adjuntó copias de la investigación periodística, en la que -a través de fotos y de informes bancarios- se evidenció el traslado de valijas cargadas con unos $6 millones cada una, en un vehículo oficial, desde una sucursal bancaria hasta la sede parlamentaria de calle Muñecas 951. La ejecución presupuestaria de 2015 de la Cámara indica que se desembolsaron más de $615 millones en supuestos subsidios, aunque la lista de los beneficiarios se mantiene bajo estricta reserva por parte de conducción del Poder Legislativo.
En paralelo, el legislador Aráoz formuló una denuncia por considerar que ese año se realizó una transferencia irregular de fondos desde el Ejecutivo a la Legislatura. Según el radical, el ex gobernador José Alperovich autorizó el envío de $570 millones para sueldos, cuando -afirma Aráoz- el entonces vicegobernador, Juan Manzur, necesitaba unos $70 millones para cubrir el incremento de haberes en la Cámara. “El resto de esos fondos públicos fueron utilizados en ‘gastos sociales’. Pero tenemos la certeza de que los destinaron a solventar la campaña del oficialismo”, agregó.
El caso “valijas” fue instruido en un primer momento por el fiscal Washington Navarro Dávila. En septiembre de 2016, este dispuso el archivo del expediente. Al cabo de algunas horas, el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, ordenó que fuera reabierto y retomado por Bonari. En 2017, a ese caso se sumó la denuncia de Aráoz. En este tiempo no hubo imputados en la causa.
Repercusiones
Con expedientes abiertos en distintos ámbitos
El caso “valijas” de la Legislatura motivó distintas denuncias y planteos judiciales. En el fuero contencioso administrativo se formularon demandas con el objetivo de acceder a los beneficiarios de los más de $600 millones ejecutados como subsidios en 2015. La Justicia Federal investiga además si existió evasión impositiva por parte de los legisladores y los funcionarios legislativos que cobraban “gastos sociales”. Además, en el fuero penal provincial se analiza una posible malversación de fondos.
Traslados, gastos sociales y denuncias
1. El presupuesto original de la Legislatura en 2015 era de unos $950 millones. Tras una ampliación autorizada por ley, los fondos legislativos sumaron $1.590 millones.
2. Del total de fondos de 2015, unos $615 millones fueron usados en supuestos subsidios. La plata era trasladada en valijas, en un vehículo oficial, a la sede de la Cámara.
3. El escándalo derivó en la eliminación de los gastos sociales, que funcionaban desde los 90, y en la apertura de diversas causas judiciales en diversos fueros.
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