Por Gustavo Rodríguez
25 Julio 2018
Los enfrentamientos entre clanes despertaron la alarma en las fuerzas de seguridad. ARCHIVO
Los más de 26 clanes que existirían en la provincia se han apoderado de las calles, o al menos demostraron que tienen el poder necesario para hacerlo. Y lo logran porque hay un Estado que todavía no hizo un diagnóstico real del grave problema que están generando en la toda la provincia.
En los últimos tres meses los tucumanos recibieron tres cachetazos que los hicieron chocar con la dura realidad, esa que no ven (o no quieren ver) nuestros dirigentes.
En abril, el Clan Robles secuestró y cobró un rescate de $500.000 (dicen que fueron $2 millones) para liberar a Margarita Toro, “La Jefa” del Clan Toro.
Ese hecho provocó una tensión que derivó en varios enfrentamientos en Villa 9 de Julio. En junio, “El Gordo”, integrante del Clan Reyna, acabó con la vida de Fabio Farías, del Clan Farías, por creer que él había aportado los datos para que la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal desarticulara la banda familiar que está acusada de dirigir una red de narcomenudeo en los barrios Juan XXIII (“La Bombilla”) y Manantial Sur.
En 2016 había hecho lo mismo con el hermano de la víctima, Gustavo Farías, y con su primo, Exequiel Navarro. Todos estos hechos, según los investigadores, habrían estado originados por una disputa territorial entre ambos grupos.
Ahora, el mismo adolescente, que tiene apenas 17 años, se fugó del Instituto Roca con un ardid inédito y digno de una serie de narcotraficantes de Netflix que incluye una supuesta complicidad policial.
Con todos estos episodios, los clanes han demostrado que se creen impunes. Y tienen esa sensación porque el Poder Ejecutivo viene minimizando su poder desde hace varios años, aunque con un particular énfasis en los últimos meses.
Estos son los grupos que venden muerte en dosis y que se han transformado en dueños de los barrios. La droga es uno de los motores que impulsa el crecimiento de la inseguridad.
En una encuesta realizada por el fiscal Washignton Navarro Dávila quedó demostrado que el 85% de los detenidos por robos reconocieron ser adictos y que justamente se las compra a esos grupos.
Estos grupos tienen decenas de causas desparramadas en todas las fiscalías, pero el Ministerio Público Fiscal no tomó la decisión de unificarlas para que su investigación se más rápida y se consiga, si es que se lo considera, una imputación más grave.
La Corte Suprema de Justicia tampoco pidió mayor celeridad para que se enjuicie a todos los miembros de estos grupos que normalmente están años sin enfrentar a un tribunal. El Poder Legislativo no transforma en leyes todos los proyectos para ayudar a frenarlos ni ejerce su rol de controlar los errores que cometen los otros dos poderes.
Los obedientes oficialistas guardan un respetuoso silencio para no hacer quedar mal la gestión y los opositores no consiguen imponer sus ideas. Por todo eso los clanes tienen a Tucumán rendidos a sus pies.
En los últimos tres meses los tucumanos recibieron tres cachetazos que los hicieron chocar con la dura realidad, esa que no ven (o no quieren ver) nuestros dirigentes.
En abril, el Clan Robles secuestró y cobró un rescate de $500.000 (dicen que fueron $2 millones) para liberar a Margarita Toro, “La Jefa” del Clan Toro.
Ese hecho provocó una tensión que derivó en varios enfrentamientos en Villa 9 de Julio. En junio, “El Gordo”, integrante del Clan Reyna, acabó con la vida de Fabio Farías, del Clan Farías, por creer que él había aportado los datos para que la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal desarticulara la banda familiar que está acusada de dirigir una red de narcomenudeo en los barrios Juan XXIII (“La Bombilla”) y Manantial Sur.
En 2016 había hecho lo mismo con el hermano de la víctima, Gustavo Farías, y con su primo, Exequiel Navarro. Todos estos hechos, según los investigadores, habrían estado originados por una disputa territorial entre ambos grupos.
Ahora, el mismo adolescente, que tiene apenas 17 años, se fugó del Instituto Roca con un ardid inédito y digno de una serie de narcotraficantes de Netflix que incluye una supuesta complicidad policial.
Con todos estos episodios, los clanes han demostrado que se creen impunes. Y tienen esa sensación porque el Poder Ejecutivo viene minimizando su poder desde hace varios años, aunque con un particular énfasis en los últimos meses.
Estos son los grupos que venden muerte en dosis y que se han transformado en dueños de los barrios. La droga es uno de los motores que impulsa el crecimiento de la inseguridad.
En una encuesta realizada por el fiscal Washignton Navarro Dávila quedó demostrado que el 85% de los detenidos por robos reconocieron ser adictos y que justamente se las compra a esos grupos.
Estos grupos tienen decenas de causas desparramadas en todas las fiscalías, pero el Ministerio Público Fiscal no tomó la decisión de unificarlas para que su investigación se más rápida y se consiga, si es que se lo considera, una imputación más grave.
La Corte Suprema de Justicia tampoco pidió mayor celeridad para que se enjuicie a todos los miembros de estos grupos que normalmente están años sin enfrentar a un tribunal. El Poder Legislativo no transforma en leyes todos los proyectos para ayudar a frenarlos ni ejerce su rol de controlar los errores que cometen los otros dos poderes.
Los obedientes oficialistas guardan un respetuoso silencio para no hacer quedar mal la gestión y los opositores no consiguen imponer sus ideas. Por todo eso los clanes tienen a Tucumán rendidos a sus pies.
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