Causa Lebbos: el tribunal debe resolver si detiene al ex chofer de Sánchez por falso testimonio

Los motivos de la presencia de Hugo Raúl Sánchez y de Eduardo Di Lella, en Raco, en la noche del 26 de febrero de 2006, en las horas posteriores a la desaparición de Paulina Lebbos, son uno de los principales enigmas que hasta el momento no fueron develados en el juicio en el que se investiga qué sucedió con la joven asesinada, cuyo cuerpo fue hallado el 11 de marzo de ese año a la vera de la ruta 341.

En la jornada previa al receso judicial de invierno, Guillermo Arturo Polli, quien era chofer del ex jefe de la Policía, y quien lo trasladó aquella noche hasta la villa veraniega, declaró como testigo y quedó al borde se ser investigado por el delito de falso testimonio.

Gustavo Carlino, defensor del ex subjefe de la Policía Luis Nicolás Barrera, solicitó que el testigo sea procesado por ese delito. Emilio Mrad, representante de la querella, se sumó a ese pedido. Ambas partes consideraron que el testigo había incurrido en ese delito durante su declaración.

El fiscal Diego López Ávila pidió al Tribunal que postergara la decisión hasta el reinicio del debate. Los integrantes de la Sala III, Dante Ibáñez (presidente), Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, hicieron lugar luego al pedido y postergaron la resolución de la situación procesal de Polli.

Polli, de 55 años, es un suboficial mayor y se desempeña en la actualidad como conductor en la División Criminalista de la Policía de la provincia. Entre 2004 y 2005 había sido designado como uno de los choferes de Sánchez, el ex jefe de la fuerza de seguridad local, tras su paso por la entonces División de Toxicomanía y Narcotráfico (Ditonar).

El suboficial mayor -el grado más alto en ese rango del escalafón- contó en la audiencia del jueves 5 de julio que el día de la desaparición de Paulina, había trasladado al funcionario hasta la localidad de Raco para participar en un “evento social”.

Aseguró que Sánchez había sido invitado por el entonces secretario de Seguridad, Di Lella, quien también estuvo en la reunión organizada en el conocido Club de Veraneantes.

Para Alberto Lebbos, aquella noche, Sánchez y Di Lella no asistieron a ese evento social, sino que llegaron a Raco para reunirse en una vivienda de un familiar del ex Secretario de Seguridad para planificar el encubrimiento del crimen de Paulina.

“Ahí es donde comenzaron a gestarse las maniobras entre (Enrique) García, Sánchez y Di Lella. Polli, indudablemente, quedó muy comprometido. Daba la impresión que nunca fue a Raco”, señaló Lebbos.

“Los testigos, en vez de decir la verdad, creen en la obediencia debida, y entonces rápidamente caen en contradicciones para defender a verdaderos delincuentes. Les pido que digan la verdad y así eviten ir presos”, agregó.

Tras la declaración testimonial, las partes, que adhirieron al pedido del letrado Carlino, remarcaron datos inexactos y contradictorios de Polli, teniendo en cuenta también que la organización de esa velada había sido el argumento de las defensas, tanto de Sánchez como de Di Lella, para rechazar la hipótesis de un encuentro entre las autoridades del área de seguridad de la provincia, con relación al asesinato.

El Ministerio Público y la querella hicieron preguntas al testigo para obtener descripciones precisas, como el tiempo que le habría llevado el viaje desde la capital hasta esa localidad, la llegada a Raco y las ubicaciones de la comisaría y del club, además de las características de los inmuebles, entre otras.

“El fundamento del pedido de detención fue porque cometió un delito en la audiencia. Polli Jamás fue a Raco, nunca fue a esa comisaría ni la pudo ubicar. Tampoco logró describirla. Cometió numerosas irregularidades durante su relato, mintiendo y entorpeciendo el curso del juicio. Esta defensa fue la que más medidas de detención por falso testimonio solicitó. No tenemos ningún tipo de compromiso con Sánchez”, manifestó Carlino.

Otro pedidos

No se trata de la única demanda de detención por falso testimonio de un testigo, según los argumentos de las partes, que deberán evaluar los vocales durante el juicio oral por el crimen de la estudiante de Ciencias de la Comunicación y posterior encubrimiento del hecho.

El Tribunal tiene que definir el estado procesal de otras cuatro personas, quienes declararon en esta primera parte del proceso penal por el homicidio de la joven, ocurrido en febrero de 2006. Lo resolverá durante las audiencias o serán incluidas en el último fallo, en el final.

Estas personas son Hugo Cabeza, Dionisio Guerra y René Aguirre (todos integraron la fuerza de seguridad durante 2006), y Carlos Andrés Cisneros, quien trabajaba en “la yesera”, la planta que funcionaba cerca del lugar donde encontraron los restos de la víctima. En lo que va del proceso oral, ya hubo ocho detenidos por diferentes motivos; la mayoría, por falso testimonio.