“Se piensa que lo indígena es lo arcaico”, afirma una especialista en derecho

Desde sus orígenes, la relación entre el Estado argentino y los pueblos aborígenes ha sido traumática; y esa tensión permanece en el siglo XXI, en un escenario que muestra tensiones entre las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas y las apetencias del mercado sobre esas tierras, afirma la doctora en Derecho Silvina Ramírez (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona). Docente en la UBA, y miembro del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales (IECCP) Domínguez se especializó en Derecho Indígena después de una experiencia laboral en Bolivia, en 1996, “cuando Evo (Morales) todavía era un indio cocalero”. Ya entonces, cuenta, lo que más la conmovió fue el grado de organización de los indígenas, y cómo luchaban por seguir siéndolo . “Y esa es la lucha de los pueblos indígenas en toda América latina”, reflexionó, de paso por Tucumán, en diálogo con LA GACETA.

- ¿Cómo se manifiestan en el siglo XXI las tensiones entre Estado y pueblos indígenas?

- Cuando se judicializan los conflictos porque partes del Estado no garantizan políticas públicas que lleven a hacer efectivos esos derechos, ese Poder Judicial traduce esta resistencia a reconocer al otro; esa pretensión de que el indígena se occidentalice, que sería mucho mejor que el indígena se parezca mucho a uno.

-¿ Qué ha cambiado a partir de la Constitución de 1994?

- La Constitución de 1994 significó un avance con respecto a la histórica del 53; en esa Constitución se hablaba del trato pacífico con los indios; era la conversión de los indios al catolicismo; en el 94 se introduce un inciso de un artículo (artículo 75, inc. 17), también insuficiente, pero mucho mejor que nada, en donde se reconocen derechos tales como la propiedad comunitaria, la educación intercultural...avances muy importantes. Pero no ha sido receptado como hubiera sido deseable en el Poder Judicial.

- ¿Por qué esa resistencia?

- Si sumamos a todo lo anterior el convenio 169 de la OIT, que tiene capítulos enteros con respecto a la tierra y a su territorio, derecho lingüístico; derechos laborales, uno diría que hay derecho. Pero el Poder Judicial es refractario; y a su pregunta de por qué, uno diría al comienzo que es ignorancia, desconocimiento, que falta un tiempo para que se capaciten. Pero después de más de 25 años no se puede invocar ignorancia ni desconocimiento. Y una tiene que pensar que en las últimas dos décadas los territorios indígenas se han vuelto mucho más valiosos. Hay muchos intereses en juego, y en general la Justicia ha jugado de la mano del más poderoso. Cuando el Estado debería ser un aparato pensado para el más débil. La defensa del agua hoy es central, el tema del petróleo... Los wichis están luchando para no morir de inanición. No tienen agua, comida, el desmonte los ha impactado enormemente, como ellos dicen, “el monte es nuestro almacén y nuestra medicina”. El pueblo qom, mapuche, los diaguitas, los kollas, la puna de Salta. Los últimos conflictos tan trágicos están originados en conflictos territoriales; y el Estado sigue mostrando una línea de continuidad histórica de sometimiento, de racismo; y en los últimos tiempos, con represión y criminalización.

- ¿Cómo opera el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ?

- Nunca ha sido una instancia legitimada por los pueblos indígenas. Siempre ha jugado para intereses ajenos a los de las comunidades; creo que habría que disolverlo. El INAI es la autoridad de aplicación de la ley 26160 que ordena la suspensión de los desalojos y el ordenamiento técnico catastral. A más de 11 años de esta ley, apenas se ha avanzado; y eso que la ley venía con presupuesto. Eso indica la falta de voluntad política para hacer esta mensura que permitiría alcanzar un relevamiento técnico territorial tan necesario en la Argentina.

- ¿Es el territorio su reivindicación esencial?

- Ellos construyen su identidad en base a su territorio, que es parte profunda de su cosmovisión. Hay reivindicaciones específicas, pero el núcleo duro es el territorial, porque construye identidad, y así pueden sobrevivir como pueblo. Pero hay reclamos por la educación intercultural bilingüe, por el respeto a sus instituciones; y la demanda de que se les reconozca la posibilidad de gestionar su propia conflictividad internamente, dentro de sus comunidades.

-¿ No se superponen en ese caso el Derecho ordinario con sus propias normativas?

- Es un tema fascinante, que se ha trabajado muchísimo en América latina; hay países que están muy avanzados, si bien hay que hacer un trabajo de coordinación, porque no es fácil coexistir en un mismo espacio geopolítico mirados desde mundos diferentes. Pero si se hace el esfuerzo, es posible. Eso se logra en Bolivia, en Perú, Colombia, Guatemala, con debates, pero se van superando obstáculos. Se los ve como una amenaza latente de que se constituyan como un Estado independiente. Para nada. Se trata de respetar su autodeterminación y su autonomía. Nuestra Constitución incorpora el nombre propiedad comunitaria indígena. Yo digo que habría que llamarles derechos territoriales, porque la propiedad privada remite a la propiedad individual; y parece que la propiedad privada es el “ladrillo” de nuestra Constitución. Pero la Constitución también reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, y la preexistencia es la llave y la justificación del goce de los derechos indígenas.

- ¿Qué ejemplos de articulación entre Estado e indígenas puede citar?

- Amaicha del Valle, por ejemplo, es un claro ejemplo de una articulación permanente, con sus luces y sombras, como toda articulación, donde el cacique lleva programas del Estado, va encontrando las fisuras para poder obtener beneficios para la comunidad, en aras de una mejor calidad de vida. Son comunidades que dicen: “nos sentamos y dialogamos”. Lo que pasa es que a veces no están dadas las condiciones para el diálogo.

-¿ Cuáles deberían ser esas condiciones?

- Que haya cierta simetría. Las construcciones de consensos en las democracias son muy forzadas, pero se puede. Los pueblos indígenas han llegado a un nivel de hartazgo de que les mientan y que se incumplan derechos que están vigentes, pero las instituciones están dominadas por modelos de desarrollo, de progreso, que siguen pensando que lo indígena es lo arcaico, lo primitivo. Por eso es que, ante el avance de los commodities, quienes nos dedicamos a estos temas preferimos hablar de bienes comunes naturales y no de recursos naturales.

- En Tucumán, usted dictó un posgrado en la Facultad de Derecho y participa en los Centros de Acceso a Justicia...

- Estoy asesorando un proyecto de la Nación, el Corredor Norandino, que tiene mucho potencial. Son convenios entre el Ministerio de Justicia de la Nación y ministerios de Salud de cinco provincias del Norte. Se trata de instalar en algunos pueblos Centros de Acceso a la Justicia y a la Salud; con una camioneta, que sean itinerantes, y que el abogado, el médico y el trabajador social - equipos interdisciplinarios- vayan a las comunidades. Yo estoy asesorando en materia de temas indígenas, porque hay que seguir trabajando la interculturalidad. Conozco a los comuneros y caciques y cacicas que demandan sus territorios. Y hay que trabajar; porque el Estado no solo criminaliza en términos de violencia. Por ejemplo, tenerlos procesados en un juicio por usurpación es tener una espada sobre la cabeza. Hay un problema que yo ya había visto en otras ocasiones con los jueces de Paz, que tienen cercanía con los terratenientes de la zona, y que son muy reacios a considerar los derechos de los pueblos indígenas.