Se cumplen 26 años del atentado a la embajada de Israel

El acto central por el 26° aniversario del atentado contra la embajada de Israel se realizó este mediodía en el Archivo General de la Memoria, en la ex ESMA, donde se repitió el reclamo por el fin de la impunidad con mensajes de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y del embajador de Israel en la Argentina, Ilan Sztulman.

A diferencia de otros años, el acto central no se desarrolló en la calle Arroyo al 900 -donde estaba ubicada la sede diplomática-, sino que se trasladó a la ex ESMA. En el lugar del ataque se congregaron un grupo de familiares y sobrevivientes para homenajear a los fallecidos, en un encuentro que se desarrolló después del acto central.

Michetti consideró que el traslado del acto central a la ex ESMA es "un símbolo de que es un tema de máxima prioridad en la agenda de derechos humanos del Gobierno". Señaló además que "la herida de lo acontecido el 17 de marzo de 1992 es un clamor de Justicia".

La vicepresidenta pidió "que cada 17 de marzo no sea sólo un día de dolor y tristeza, sino que hagamos un llamado para que cada aniversario de este atentado sigamos construyendo", informó Télam.

En el acto se recordó a las 22 víctimas fatales del ataque perpetrado en la sede diplomática, con una vela encendida. Además se inauguró formalmente la muestra fotográfica "Solidaridad es Memoria", que expone imágenes del día del atentado y que estará abierta al público dos semanas para después pasar a formar parte del Archivo General de la Memoria. 

El atentado

La embajada del Estado de Israel en Buenos Aires era volada el martes 17 de marzo de 1992 en un atentado terrorista que dejó un resultado de 22 muertos y 242 heridos, y que aún permanece impune. A las 14.47 de aquella jornada, el centro de Buenos Aires fue sacudido por una explosión en Arroyo 916, domicilio de la sede diplomática israelí en el país.

En medio de la conmoción causada por el ataque, el entonces presidente Carlos Menem lanzó una rápida conjetura sobre los autores del hecho: "los responsables son sectores del nazismo, pero ya fueron derrotados en el país", dijo, en alusión a los militares carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.

Sin embargo, la principal hipótesis de la investigación se inclinó por culpar a la organización Hezbollah, con base en Líbano y apoyada por la República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual de ese ataque.

Como el atentado afectó a una delegación extranjera, la causa quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de marzo de ese año abrió el expediente 143/1992, que continúa en poder del máximo tribunal. En tanto, las pesquisas de la instrucción quedaron en manos de la Comisaría 15 de la Policía Federal.

Un dato llamativo es que la Corte rechazó el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los custodios de la Federal que se retiraron de la puerta de la Embajada poco antes de la explosión.

Recién cuatro años después del atentado, esos efectivos policiales fueron citados a brindar testimonio, junto al titular de la comisaría 15. Al momento del hecho, se realizaban obras de remodelación en la sede diplomática y los familiares de las víctimas solicitaron que los propietarios de la empresa constructora encargada de esos trabajos declararan en el expediente.

El fallecido ministro de la Corte Ricardo Levene, por entonces a cargo del expediente, formuló en 1996 la teoría de que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo colocado en su interior.

Otros peritos señalaron en cambio la presencia de una camioneta Ford F-100, que merodeó la zona al momento del siniestro, y que, cargada de explosivos, fue conducida por un terrorista suicida que la explotó frente a la delegación diplomática.

Esa terminó siendo la versión oficial sobre el ataque que se impuso tras la creación, en 1997, de una Secretaría Especial que asumió la investigación bajo la dirección de Esteban Jorge Canevari, funcionario de la Corte.

La detención de cuatro ciudadanos de Paquistán y la imposibilidad de determinar el número exacto de muertos, son dos hechos que indican la manera en la cual Levene llevó el caso hasta la puesta en funciones de Canevari.

Los ciudadanos paquistaníes fueron detenidos tres días después del ataque y, aunque quedaron liberados una semana después, continuaron vinculados a la causa durante siete años, hasta que finalmente los sobreseyeron.

En cuanto a la cantidad de víctimas, inicialmente se consignó que hubo 29 fallecidos, luego 26, y finalmente, en 1999, la Corte ratificó que fueron en realidad 22 víctimas fatales.

Ese año, la investigación pareció cobrar un nuevo impulso, al solicitar Canevari la captura internacional de Imad Mughniyieh, entonces jefe militar de Hezbollah.

En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte Suprema, compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay, declaró la causa como "imprescriptible".

Con esa acordada, el tribunal ratificó el trabajo de Canevari, a pesar de los escasos avances verificados en la investigación, y confirmó las órdenes de captura pedidas por el secretario, que a partir del 1 de abril este año se jubilará de su puesto en el Poder Judicial.

El 18 de julio de 1994, otro atentado voló la mutual judía de la AMIA en el barrio de Once y provocó 85 muertos en un hecho que tampoco pudo esclarecerse y que nadie pudo desvincular fehacientemente de la matanza perpetrada en la calle Arroyo.