La mujer de Medina quiere saber por qué lo trasladaron al penal

La muerte del interno Sebastián Medina puso en la mesa de discusión las responsabilidades legales del sistema judicial y penitenciario respecto del caso. Sin embargo, a 10 días del asesinato del reo dentro del penal de Villa Urquiza, su esposa, Ana Silva, reclamó a la Justicia explicaciones sobre quién ordenó el reingreso de su marido a la cárcel días antes del ataque, y por la falta de seguridad dentro del edificio, cuando se trataba de un testigo protegido.

“Quiero que alguien me diga por qué no se actuó con rapidez. Estuve dos días en la puerta del Juzgado (de Ejecución Penal) esperando una solución que nunca llegó”, indicó la mujer.

Silva hizo hincapié en que ella y la abogada, Silvia Furque, se habían dirigido al Juzgado, a cargo de Roberto Guyot, para denunciar que Medina recibió amenazas dentro del penal días previos a la muerte, el miércoles 22 del mes pasado.

“Veníamos denunciando que lo querían matar, pero nadie nos escuchó. Es más, nos enteramos que lo habían matado cuando estábamos esperando que nos atiendan. Horas antes, nos había hablado mi esposo para avisarnos que le habían entregado una punta a uno que lo quería matar. Y a la hora cumplieron con su promesa”, dijo.

“Lo que más me duele que fueron dos días de espera en la puerta del Juzgado y nunca recibí ninguna respuesta. Siempre me decían que no podían hacer nada porque el juez y su secretaria estaban en un curso de capacitación y que no podían resolver ningún tipo de planteo”, agregó.

Medina había denunciado, junto con otro testigo de identidad protegida, a guardiacárceles del Servicio Penitenciario por comercialización de drogas dentro de la cárcel. La familia sostuvo que el interno se había negado a seguir vendiendo estupefacientes.

“Es increíble que hasta ahora nadie me pueda decir porque lo trasladaron (desde la Comisaría Séptima) y porque no le dieron la protección necesaria para protegerlo”, expresó Silva.

La mujer del interno asesinado había manifestado en la edición de ayer de LA GACETA que podía identificar, con nombre y apellido, a los “guardiacárceles que supuestamente venden drogas en el interior del penal. “Hay muchos chicos que deben estar sufriendo lo mismo que padeció mi marido cuando estuvo en el penal, pero mi esposo tuvo el valor de hablar”, enfatizó.

El Juzgado, según la normativa actual, actúa en las aspectos relacionados con la ejecución de la pena; la solicitud de libertad condicional; y en las cuestiones referidas a “la observancia de todas las garantías incluidas en las constituciones de la Nación (CN), de la provincia, y en los tratados internacionales”. Además, en los “incidentes y cuestiones suscitadas en la etapa de ejecución”; los recursos contra sanciones disciplinarias; las medidas de seguridad aplicadas a mayores de 18 años, entre otras condiciones.

Entre sus funciones, la Dirección de Institutos Penales, a cargo de Guillermo Snaider, debe actuar “por la seguridad y custodia de las personas sometidas a procesos y las condenadas a sanciones penales privativas de la libertad, procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar y mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental”.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia (CSJT) solicitó al Juzgado de Ejecución Penal que le remita un informe detallado sobre el caso, en particular, la actuación de esta unidad judicial ante el crimen del interno de Villa Urquiza. Así lo confirmó el titular de la CSJT, Daniel Posse, quien, además, remarcó que a partir de ese informe la Corte evaluará el caso y definirá alguna medida oficial, en caso de que se requiera la intervención del máximo Tribunal de Tucumán.