Gustavo Durán tendría intenciones de renunciar al Ipvdu

EL FUTURO DEL IPVDU.- Gustavo Durán, a cargo del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) desde hace más de una década, se encuentra de licencia por cuestiones de salud. Por lo tanto, es la subinterventora Noemí Ferrioli quien conduce la entidad. Según algunos de los funcionarios de la repartición, Durán tendría intenciones de renunciar una vez que haya recuperado su estado de salud.

UNA SALIDA.- La desvinculación del ex coordinador del Ipvdu Miguel Jiménez Augier -removido de su cargo por el gobernador Juan Manzur en medio de un escándalo judicial- provocó que, formalmente, su puesto “deje de existir”. Esto se debe a que la designación había sido realizada por el Poder Ejecutivo, pero el cargo nunca formó parte de la estructura del Ipvdu. Pese a la ausencia de una designación formal, las tareas que llevaba a cabo Jiménez Augier (relacionadas a la determinación de los requisitos necesarios para obtener una vivienda social) corresponden actualmente a Gladys Salomón, directora del Área Social de la repartición.

¿SIN TRABAJO?.- Marán Constructora SRL estaría cerca de quedarse sin obras en el Ipvdu. La Justicia está investigando a esta empresa como consecuencia de un informe en el que “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA, trató una serie de presuntas irregularidades en el instituto. Martín y Sebastián Nieva, dueños de la constructora, son sobrinos políticos de un funcionario del Ipvdu que también está siendo investigado: Lucas Barrionuevo. Según autoridades de la repartición, Marán está trabajando en dos obras del Instituto. Sin embargo, no habría trabajadores suficientes avanzando en las construcciones y en el Ipvdu están analizando, en el Área Legal, cuáles serían los pasos a seguir para un eventual quite de las obras.

SIN FUNCIONES.- El coordinador de Programas Federales del instituto, Lucas Barrionuevo, tampoco está cumpliendo con sus funciones. En julio fue suspendido mientras se lo investigaba por su vínculo con empresarios, ya que es tío político de los dueños de una empresa que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones. En octubre, cuando venció el plazo de suspensión, no se presentó a trabajar argumentando problemas de salud. La investigación administrativa está pendiente de resolución hasta que haya un dictamen judicial en las causas que analizan supuestos ilícitos en el Ipvdu. En la Justicia provincial, quien lleva adelante el proceso es la fiscala Adriana Giannoni. En el ámbito federal es Pablo Camuña quien conduce la investigación.