Un empresario procesado y enviado a juicio oral como supuesto testaferro del detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José Francisco López, reclamó ante la Cámara Federal porteña que le entreguen como "depositario judicial" la casa de Dique Luján, valuada en U$S 680.000, donde vivía el ex funcionario hasta que fue detenido al intentar esconder U$S 9 millones en un monasterio de General Rodríguez.
"Hasta el día de la fecha mi asistido viene sosteniendo económicamente" la casa de Tigre "mientras que a la vez se deteriora materialmente por no acceder a su tenencia provisoria", sostuvo la abogada del empresario Eduardo Gutiérrez, María Valeria del Bono Lonardi, en un escrito donde pidió a los camaristas de la sala II del Tribunal de Apelaciones, Eduardo Farah y Martin Irurzun, que acepten nombrarlo "depositario judicial" de la vivienda, según el texto al que accedió Télam.
Gutiérrez es dueño de la constructora "Farallón", fue contratista de obra pública en el kirchnerismo y el juez federal Daniel Rafecas lo procesó junto a otros tres empresarios como supuestos testaferros de López, quien quedó preso al ser sorprendido intentado esconder bolsos con 9 millones de dólares dentro de un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez.
Rafecas se negó a entregarle la casa y el empresario apeló ante la Cámara Federal que ahora deberá resolver
La vivienda está deshabitada desde la detención de López y tiene dictada una medida de "no innovar" por parte del magistrado hasta que se resuelva su destino y haya una sentencia firme contra el ex funcionario, su esposa María Amalia Diaz y los demás acusados. Si la Justicia considera probado que fue parte del enriquecimiento ilícito del ex secretario de Julio De Vido será decomisada y pasará al Estado Nacional.
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Mientras tanto Gutiérrez reclamó que se la entreguen y ratificó que la casa valuada en U$S 680.000 con piscina, muelle propio, ubicada en Belgrano 1018 de Dique Luján, Tigre, es suya y se la alquilaba a López, que se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza. "La entrega provisoria al titular dominial sería una solución adecuada a derecho porque de otra manera se aplicaría una pena anticipada y el bien perdería significativamente su valor", argumentó la defensa en el escrito de apelación.
La Cámara Federal fijará una audiencia para que las partes presenten sus fundamentos referidos al destino del chalet y luego resolverá.
Según la investigación, el terreno donde se edificó la vivienda fue propiedad primero de otro empresario contratista de obra pública procesado como supuesto testaferro de López, Andrés Galera, quien en el 2010 lo vendió a Gutiérrez.
Este último constructor levantó la casa y se la alquiló a López, algo que según el procesamiento dictado a todos los acusados, se hizo en el marco de una operación simulada para encubrir al entonces funcionario del Ministerio de Planificación Federal, quien no podía justificar el origen del dinero usado para adquirir la vivienda.
Dentro de esa casa, según confesó el mismo López, escondió los U$S 9 millones provenientes "de la política" que sacó la madrugada del 14 de junio de 2016 para intentar esconderlos en el Monasterio, donde fue detenido.
López, su esposa Díaz, los empresarios Galera, Gutiérrez, Carlos Gianni y Marcos Marconi serán juzgados por el delito de enriquecimiento ilícito por el Tribunal Oral Federal 1. En ese juicio también se sentará al banquillo la hermana María Inés Aparicio, por presunto encubrimiento al ex funcionario al abrirle la puerta y ayudarlo a ingresar los bolsos al monasterio de General Rodríguez.