Dejar o no la Legislatura, la disyuntiva de Jaldo

Hoy empieza otro tiempo de definiciones para Osvaldo Jaldo. El vicegobernador con licencia y diputado electo debe resolver si se desprenderá o no de la conducción del Poder Legislativo provincial para asumir en el Congreso de la Nación. O si recalculará la promesa de ser el primero en jurar en la Cámara Baja, y reincidirá en las postulaciones testimoniales en las que incurrió en 2009 y 2013. Tanto Jaldo como el gobernador Juan Manzur garantizaron que esta tercera candidatura iba en serio: ante las dudas alimentadas por el archivo, el primero incluso se comprometió a plasmar su intención de “defender” a Tucumán en Buenos Aires ante un escribano.

Ser un diputado más a 1.200 kilómetros de distancia, o ser eso y, además, conservar la jefatura latente de uno de los tres brazos del Estado: esta es la cuestión. El problema se configura si Jaldo pretende lo que nadie nunca, es decir, acumular dos cargos electivos -de orden provincial y federal- a la vez mediante el artilugio de una “licencia especial” otorgada por la Legislatura que preside. No sería la primera vez que un vicegobernador eche mano de ese expediente para irse a trabajar a la Nación: Manzur consiguió aquella autorización para desempeñarse como ministro de Salud de la ex presidenta Cristina Kirchner entre julio de 2009 y febrero de 2015. Para obtener el permiso, invocó cláusulas incorporadas a la Constitución por la reforma de 2006 que dirigió el propio Manzur, una Carta Magna abollada por las sentencias adversas.

En su momento nadie judicializó la “licencia especial”: el constitucionalista Dante Mirra interpretó en agosto que una cosa era pedir permiso para ejercer un puesto no electivo en el gabinete presidencial (supuesto de Manzur) y otra era hacerlo para acceder a otro cargo conferido por el voto popular (supuesto de Jaldo), hipótesis que, según su criterio, resulta inadmisible. Pero los expertos Carmen Fontán y Rodolfo Burgos advirtieron que el artículo 9 de la Constitución de Tucumán no hacía esa distinción, y que la incompatibilidad existió respecto de Manzur así como existiría para Jaldo si este retuviese la vicegobernación con una “licencia especial”. “Un antecedente reñido con la normativa no es un antecedente válido”, reflexionó Burgos. Él y sus colegas constitucionalistas Fontán, Mirra, Sergio Díaz Ricci y Arturo Lazarte afirmaron que no había dudas de que el número dos de la provincia debía renunciar a uno de sus cargos. Lazarte incluso observó que cualquier otra solución sería a todas luces contraria a la estructura y a la lógica del sistema federal de gobierno, y contraria a la ética, puesto que ambas funciones demandan de independencia de criterio. A esa posición adhirieron los legisladores opositores Eudoro Aráoz y Luis Brodersen.

El oficialismo evitó las posturas terminantes, pero dio señales de que soltar algo no está en los planes de Jaldo. “Entiendo que si tomara una licencia, no estaría ejerciendo los dos cargos de manera simultánea”, deslizó Ramón Santiago Cano, el titular del bloque oficialista en la Legislatura. La tesitura de la acumulación recibió un respaldo con connotaciones simbólicas de parte de la académica Gilda Pedicone de Valls, quien en 2015 asumió como presidenta de la filial local de la Fundación Pensar, el think tank de Cambiemos. Pedicone de Valls se pronunció pública y espontáneamente por la validez de la reedición de la “licencia especial”. Según su criterio, los artículos 9 y 61 de la Constitución de Tucumán no son aplicables a Jaldo: el primero dice que no podrán ser acumulados dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aun cuando uno sea provincial o municipal y el otro nacional, mientras que el segundo dispone que la aceptación por parte de un legislador de un empleo público nacional, provincial o municipal deja vacante su banca, y que la Legislatura podrá otorgarle licencia.

La solución adoptada para despejar la disyuntiva de Jaldo valdría hipotéticamente también para la diputada electa Gladys Medina, quien integra el bloque oficialista en la Legislatura. Pero príncipes del foro de distinta prosapia pronostican que el empeño de los nuevos representantes del pueblo de la Nación en mantener los cargos electivos provinciales podría dar pie a la batalla judicial que -¿por docilidad o ineptitud opositora?- no tuvo que enfrentar Manzur cuando se marchó a la capital del país. Corren aires distintos para la concentración y la división del poder. Por su propia subsistencia, la Justicia hoy parece abominar las tendencias políticas que hasta hace poco estimulaba. Ese aire se cierne sobre Jaldo, quien desde que sorprendió con su candidatura evitó anticipar movimientos alegando que toda definición resultaba prematura y extemporánea.