En estas elecciones hubo más denuncias de clientelismo que nunca

Lejos de amainar, el fantasma del clientelismo se agiganta en Tucumán. Pese a todas las advertencias y previsiones, ayer fue una jornada signada por las versiones de compraventa de sufragios y de traslado de electores. Hasta las 18 del domingo, la Fiscalía Federal N°1 había iniciado 73 actuaciones preliminares: 10 más que durante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto pasado, que ya habían colocado a la provincia en el primer puesto de la tabla de denuncias de clientelismo. No será difícil que se consolide en ese puesto desafortunado a juzgar por el nivel y el volumen de incidentes observados en el resto del país.

El saldo de la jornada dejó 48 actuaciones por traslado de electores; 13 por dádivas de diferente tipo; 10 por reparto de votos y de dinero, y 2 por irregularidades varias. A diferencia de la PASO, cuando la superabundancia de denuncias no se tradujo en ninguna comprobación, en esta ocasión se practicaron algunas medidas útiles. La Gendarmería secuestró tres automóviles identificados con insignias de animales en Banda del Río Salí y uno más en Las Talitas (se informa por separado). En la Fiscalía Federal N°1 a cargo de Carlos Brito explicaron que los procedimientos en el territorio bandeño fueron resistidos por dirigentes afines a Darío Monteros, intendente justicialista y esposo de la diputada electa Gladys Medina. Después de una discusión, la tensión aflojó y Gendarmería pudo llevarse los autos presuntamente afectados al traslado de votantes. Fuentes judiciales comentaron que, luego de estos secuestros, disminuyó en forma sensible el número de denuncias ligadas a la “movilización”.

La fiscalía de Brito llegó al punto máximo de saturación hacia las 12.30: para ese momento, 47 presentaciones habían ingresado por los diferentes canales habilitados (teléfono, WhatsApp, Twitter y mesa de entradas convencional). El colapso estuvo impulsado por una especie de guerra de denuncias cruzadas: tanto el Frente Justicialista del oficialismo como Cambiemos se imputaron, sucesiva y recíprocamente, las mismas prácticas irregulares. Ello sucedió de manera nítida respecto de la modalidad novedosa de clientelismo: los vales de comida adjuntados a las boletas. Marcelo Caponio, legislador y apoderado del oficialismo, golpeó primero con una presentación contra el sector de José Cano, pero luego Walter Berarducci, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, denunció que eran los partidarios del vicegobernador con licencia y diputado electo Osvaldo Jaldo quienes habían entregado los tickets de alimentos. A instancias de Caponio, el juez federal N°1, Daniel Bejas, ordenó un control policial en las sucursales del supermercado que habría emitido los vales. Esta medida tuvo lugar mientras comenzaba el escrutinio provisorio.

En la fiscalía de Brito, que mantiene un perfil bajo, este domingo se tomaban la cabeza por varias razones. La primera, porque sirvió de poco y nada la resolución inédita de la Junta Electoral Nacional en Tucumán que anunció que los promotores de clientelismo iban a ser arrestados. En segundo término, persiste la frustración por la imposibilidad para constatar de manera inmediata los hechos denunciados -por naturaleza fugaces- y, eventualmente, de frenarlos: para esta tarea, la Fiscalía N°1 depende de las fuerzas de seguridad nacional y provincial que custodian la votación. “No pueden estar en todos lados”, reflexionaban. Agravada por el aumento de actuaciones, la dificultad para comprobar si “los fantasmas” existen o son sólo una estrategia para debilitar al adversario plantea un horizonte desalentador, sobre todo porque en 2019 habrá más intereses políticos en juego.