15 Octubre 2017
“La eficacia del sistema penal hoy es casi nula”, aseguró el abogado Facundo Maggio. “La sociedad quiere escuchar más sobre condenas o absoluciones y no sobre trámites procesales como pericias o allanamientos”, indicó.
El profesional sostuvo que esta situación se está dando por la lentitud del sistema procesal. “La primera es que transcurren plazos exorbitantes de prisión preventiva sin que el imputado afronte un juicio y muchas causas terminan prescribiendo. Los procesos llevan más de seis años cuando en realidad deberían demandar uno. De 70.000 expedientes que se inician por año, sólo llega a juicio el 5%”, agregó.
Patricio Char, también abogado penalista, expresó: “los números son contundentes y no mienten. Tanto el Ministerio de Seguridad, como el Público y la Policía trabajan para frenar la inseguridad. Sin embargo, esto tiene que ir en armonía con la Justicia y los jueces que deben colaborar en la lucha”.
Otros abogados también analizaron que esta situación tiene que ver con las reformas que se realizaron hace varios años y que no tuvo las respuestas esperadas. “Esta situación se debe al aumento exponencial del delito en la provincia y a la no aplicación de las pocas reformas acertadas al Código Procesal, como fue la flagrancia. No conozco a nadie que haya enfrentado un juicio oral y público en el plazo establecido con el cambio”, opinó el abogado Álvaro Zelarayán.
Su colega Geraldine Salazar coincidió con él, aunque fue más explícita aún: “todo comenzó cuando se les empezó a exigir a los fiscales que establecieran un plazo en el dictado de las prisiones preventivas. El mínimo era de tres meses y, como se dieron cuenta de que ese tiempo no les alcanzaba para terminar de cerrar las investigaciones, las comenzaron a solicitar hasta por 24 meses. Pero ahora, desde la Cámara de Apelaciones están disminuyendo esos plazos”.
“La reforma generó numerosos problemas. Se fue incursionando sobre la marcha y hay situaciones que rozaron lo bochornoso. Por ejemplo, a una persona que cometía un robo agravado se le pedía que estuviera privada de su libertad durante dos meses y lo mismo ocurría con un abusador. No se tiene en cuenta la proporcionalidad con el plazo de una condena factible”, destacó Salazar.
“Ese número de libertades tienen que ver con el vencimiento de las prisiones preventivas, plazos en la que la fiscalías deben cerrar las investigaciones y no lo hacen, ya sea por el desborde de cantidad de trabajo o bien porque no cuentan con elementos de convicciones suficientes para requerir la elevación a juicio de una causa”, opinó también el abogado José María Molina.
“No es menos cierto que nuestro Poder Judicial hace lo que puede con el personal que tiene. Es necesario e indispensable la creación de nuevas fiscalías, juzgados y salas de juicio. Continuando como lo hacemos hoy, vamos a seguir con el mismo problema. Aumenta el delito y quienes investigan (Poder Judicial) mantiene los mismos recursos”, señaló.
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