Caso “Más Cerca”: el fiscal pide seis indagatorias

Tres años y nueve meses pasaron desde la primera denuncia de irregularidades ligada al programa de obra pública “Más Cerca” que formuló la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos). En ese plazo, el fiscal federal N°1, Carlos Brito, recolectó pruebas suficientes para imputar la supuesta comisión de delitos a seis funcionarios de segunda línea. El 10 de octubre pasado, Brito requirió al juez federal N°1, Daniel Bejas, las citaciones a indagatoria de Nora Elvira Belloni y Ramón Vicente Nicastro, respectivos responsables técnico y contable del “Plan Más Cerca”; Sergio Gustavo Sánchez, presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept); Adrián Cúneo Vergés, ex interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys); José Rolando Erazu, ex gerente general del Ente Regulador de Servicios de Aguas y Cloacas de Tucumán (Ersact), y Lucio Tamburo, ex titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Brito también cuestionó el proceder de Ana Cecilia Araujo como auditora del Ministerio del Interior de la provincia.

El requerimiento de más de 100 carillas del fiscal ingresó al Juzgado Federal N°1 antes de que Bejas se expidiese sobre el conflicto de competencia trabado en la causa en junio (se informa por separado). Ello augura que a este proceso con repercusiones institucionales de por sí enredado le queda mucho recorrido por delante y que el futuro del pedido de indagatoria es más incierto que de costumbre. Los antecedentes obligan a la cautela: en marzo y en el ámbito de otra denuncia de Elías de Pérez por la ejecución del “Más Cerca”, el fiscal federal porteño Carlos Stornelli había requerido la convocatoria a declarar como acusados del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del ex secretario de Obras Públicas detenido, José López, y del ex gobernador José Alperovich, entre otros. Pero ese requerimiento no prosperó por la declaración de incompetencia de Luis Rodríguez, juez de los Tribunales Federales de Comodoro Py. A posteriori, las actuaciones de Stornelli terminaron acumuladas con las que llevaba Brito, en la Fiscalía de este.

Una “cuenta premeditada”

Después de analizar un centenar de informes oficiales y pruebas técnicas relativos a las obras que había cuestionado Elías de Pérez en ocho presentaciones distintas, el fiscal manifestó que existían numerosos proyectos a los que se les habrían transferido fondos, que estaban paralizados o inconclusos, pese a encontrarse ampliamente vencidos los plazos fijados para su ejecución. Y precisó: “hay 111 obras cuyos fondos fueron transferidos y que se encuentran pendientes de rendición por parte de las municipalidades y comunas del interior”.

Brito describió la serie de vicisitudes que experimentó la investigación: desde la falta de vehículos y combustible para trasladar a los técnicos hasta el rechazo de dos allanamientos solicitados a Bejas. La pesquisa progresó con mayor fluidez a partir de 2016, lo que permitió constatar diversas irregularidades en la incorporación de infraestructura de agua y cloacas (perforaciones de pozos; tendido de redes y cañerías, y conexiones domiciliarias). El “Plan Más Cerca” fue el programa emblemático de pequeñas obras públicas de la gestión kirchnerista. Según un informe de junio de 2016 del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, Tucumán recibió $ 245 millones gracias al “Más Cerca”. Estos fondos fueron administrados con la participación del Ministerio del Interior del Gobierno de Alperovich. El dictamen señala que el 22 de enero de 2013, el ex mandatario y Osvaldo Jaldo, entonces ministro del Interior, y hoy vicegobernador con licencia y candidato a diputado justicialista, firmaron el decreto 71/10 de designación de Belloni y Nicastro como responsables de la ejecución del “Más Cerca”.

“Como primer punto, hay que analizar la violación a la normativa creada a los efectos de la ejecución, verificación y rendición de cuentas del ‘Plan Nacional Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria’. Se puede señalar claramente que el Ministerio del Interior, responsable en la ejecución y fiscalización del plan, debía realizar los controles y verificación de avances sobre las obras en estricto cumplimiento de lo prescripto por la ley, sin apartarse ni generar excepciones de ningún tipo”, expresó el fiscal, quien mencionó específicamente la Ley 8.577, de marzo de 2013. Esta norma autorizó a Alperovich a suscribir convenios con De Vido con motivo del “Más Cerca” y para “brindar soluciones urgentes a las necesidades básicas de los tucumanos”. La Ley 8.577 facultó a las comunas y municipios a ejecutar los proyectos sin licitación pública o mediante contratación de directa previo cotejo de precios.

El dictamen añade que el Enohsa estaba obligado a controlar, dentro de los 10 años de finalizadas las obras, la operación y funcionamiento de estas con capacidad para disponer inhabilitaciones: “esto tampoco fue cumplido por el ente de contralor, no encontrándose registros de sanciones”.

Brito también enfatizó que la normativa del “Más Cerca” obligaba a las autoridades tucumanas a operar con cuentas del Banco Nación y que estas se apartaron deliberadamente con la idea de “provincializar” el eventual debate de responsabilidades penales. “Resulta llamativo que la Provincia, quien aún no tenía una cuenta creada para el depósito de los fondos nacionales, abriera una cuenta en el Banco de Tucumán y no en el Banco Nación como mandaba la norma. Esto evidencia la premeditación para discutir, en el futuro, la competencia jurisdiccional al investigarse las conductas delictuales”, dijo. El fiscal advirtió que ante la detección de irregularidades manifiestas en las auditorías efectuadas por los inspectores del Ministerio del Interior, estas no fueron informadas al Enohsa ni al Ministerio de De Vido. Brito reprochó asimismo la aprobación unilateral de las obras y la omisión de restituir los fondos sobrantes a la Nación.

IMPUTACIONES 
LA ACUSACIÓN DEL FISCAL EN EL CASO “MÁS CERCA” 

El fiscal federal N°1, Carlos Brito, pidió la indagatoria de seis funcionarios públicos vinculados a la ejecución del “Plan Más Cerca”. A Nora Elvira Belloni, responsable técnica del programa en la Provincia, le endilgó el haber consentido las conductas delictuales detectadas en el desarrollo de los proyectos de obra pública. Según Brito, Belloni habría avalado  verificaciones que dieron lugar al pago de trabajos no terminados, que generaron un perjuicio al Estado nacional. El fiscal dijo que Ramón Nicastro, responsable contable del “Más Cerca” en Tucumán, habría autorizado el pago de fondos a sabiendas de que los certificados de obra no guardaban las formalidades reglamentarias y apartándose de la Ley Nacional de Obras Públicas, lo que determinó el falseamiento de datos consignados en las planillas de rendiciones de cuentas. Sergio Gustavo Sánchez, presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), fue responsabilizado por la probable omisión de los controles que le competían en el ámbito de su función. Idéntica imputación formuló el fiscal respecto de Adrián Cúneo Vergés, ex interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys); José Rolando Erazu, ex gerente general del Ente Regulador de Servicios de Aguas y Cloacas de Tucumán (Ersact), y Lucio Tamburo, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) entre 2013 y 2015. Aunque no solicitó la indagatoria de la auditora del Ministerio del Interior, Ana Cecilia Araujo -la petición sería inminente-, Brito dijo que esta habría practicado informes de auditorías que detectaron inconsistencias, pero que luego los avaló con otros informes contradictorios, que habilitaron el pago de fondos transferidos por el Estado nacional. 

SIETE PISTAS PARA ENTENDER LA CAUSA “MÁS CERCA”

El 11 de abril de 2013, la opositora Silvia Elías de Pérez (hoy senadora) denunció irregularidades en la ejecución de obras del “Plan Más Cerca”. 

Después de tres años y nueve meses de investigación, el fiscal federal N°1, Carlos Brito, solicitó la indagatoria de seis funcionarios públicos de segunda línea.

Según el fiscal, los funcionarios con pedido de indagatoria habrían permitido el pago total de obras inconclusas y omitido el control que les competía.

El dictamen señala que las autoridades tucumanas se apartaron de la ley para “provincializar” el eventual debate de las responsabilidades penales.

El requerimiento de indagatorias debe ser resuelto por el juez federal N°1, Daniel Bejas, quien tiene pendiente pronunciarse sobre un conflicto de competencia.

Existen dos resoluciones judiciales contradictorias sobre quién debe investigar el caso “Más Cerca”: una dice que la Justicia Federal, otra que la Justicia provincial.

Norma Belloni, una de las funcionarias públicas con pedido de indagatoria, instó la resolución que indica que la causa ha de tramitar en los Tribunales locales.