Los discrecionales cupos de viviendas

Un ex funcionario, un ex líder gremial y millones de pesos se entremezclan en lo que podría ser la trama de otro escándalo en el Instituto de la Vivienda. El ex funcionario sería Miguel Jiménez Augier y el ex sindicalista Adrián Santillán. Ambos concentran la atención de otros dos gremios, el de los trabajadores del Ipvdu y la propia Uocra (el gremio de la construcción), que fue conducida por Santillán durante 22 años hasta abril pasado. El cambio de autoridades y el tembladeral institucional en el Instituto llevaron a que resurja una pregunta que hace tiempo da vueltas por calle Muñecas 455: ¿qué pasó con el “cupo Uocra”? Se refieren a las 400 casas asignadas a ese sindicato y que no estarían ocupadas precisamente por trabajadores de la construcción.

La nueva conducción del gremio estaría indignada con la situación, pero los “códigos” la habrían llevado a guardar silencio. Ese mutismo no sería suficiente porque apenas realizando un entrecruzamiento de datos se podría hallar certezas sobre si esas viviendas fueron o no a parar a la familia de los albañiles. ¿Por qué? Simple. Cuando el 5 de octubre de 2008 se sortearon las primeras 600 viviendas de Lomas de Tafí, los 13.000 inscriptos que aspiraban a acceder a una casa en el complejo habitacional Lomas de Tafí no habían tenido la suerte de los afiliados a la Uocra. En ese momento, se explicó que las únicas viviendas que no se adjudicarían por sorteo serían las 120 unidades (3% del total) destinadas a ex combatientes de Malvinas y las 400 (10%) que correspondían a la Uocra. La justificación fue que la cantidad de inscriptos en el “cupo Uocra” no superaba ese número. Es decir, había suficientes interesados de ese gremio para cubrir las 400 casas, pero no más de eso. Dato curioso teniendo en cuenta que agrupa a unos 10.000 trabajadores.

De ahí el enojo de los sucesores de Santillán y de los gremios afines. De hecho, afirman que mientras Durán presidía el Concejo Nacional de Vivienda, regía un convenio con Uocra a nivel nacional y se podrían haber replicado este tipo de operatorias. Sin ir más lejos, en el sur del país se denunció en mayo de este año al secretario de Organización de la Uocra de Tierra del Fuego, Pastor Aguilar. Entre otras irregularidades, los propios empleados de la construcción se quejaron de que Aguilar habría entregado las casas del convenio firmado con el IPV de su provincia a “hijos, sobrinos, ahijados y amigos” en vez de a los afiliados. Perdieron el cupo y Aguilar terminó detenido por otras irregularidades.

De regreso a Tucumán, lo que resta investigar es quiénes están en esas casas y, si no son de los gremios con cupos pertinentes, cómo y por qué las obtuvieron. El problema con Lomas de Tafí es que casi el 85% de las viviendas fueron entregadas de manera discrecional, con listados que dicen nombre y apellido, pero no la metodología de adjudicación. Fue lo que pasó con el legislador Emiliano Vargas Aignasse, quien reconoció que presentó todos los papeles pero no fue a sorteo. Algo similar habría ocurrido con otro parlamentario, el también peronista Renée Ramírez. Posee una casa del Ipvdu a su nombre y no se sabe si lo que lo favoreció fue el bolillero. Hay algo que es aún peor: el interventor Gustavo Durán tiene la potestad de asignar de manera discrecional casas. Puede entregar una a quien quiera sin más explicación que un decreto interno que lleve su firma. De ese modo, la función social de la construcción de casas con fondos estatales queda desdibujada por la discrecionalidad, el amiguismo y la conveniencia política.

Hasta aquí, no existiría nada ilegal. Salvo un detalle. ¿Habrá vecinos de Lomas que tuvieron que pagar para que les “adjudiquen” una casa? De ser así, ¿a quién le abonaron esos poco más de cientos de miles de pesos de aquel momento? ¿Quiénes fueron los que pusieron la firma o “gestionaron” para que a ellos les tocara una vivienda? ¿Del cupo de qué gremio o institución salieron esas casas que, supuestamente, tenían asignación específica?

Cuanto más se observa al Ipvdu, más puntos oscuros se hallan. La ecuación siempre habría sido casi perfecta. Si gremios, empresarios, funcionarios y auditores estaban dentro de la operatoria no había nadie que ponga el grito en el cielo o que cuestione los presuntos sobreprecios, la construcción sin licitación o la discrecionalidad en las adjudicaciones. Todos se habrían beneficiado y, ante ello, habrían hecho la vista gorda.