Ipvdu: En 2014, el funcionario echado había iniciado trámites para formar una empresa constructora

La polémica en torno del ex funcionario del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) Miguel Jiménez Augier sigue sumando nuevos elementos. En el año 2013, cuando llevaba cerca de 10 años trabajando como coordinador de Políticas Habitacionales de la repartición “armó” una sociedad cuyo objeto principal consistía en realizar tareas de obras públicas, entre otros fines.

Según el Boletín Oficial número 28227, del 17 de marzo de 2014, Jiménez Augier y Benito San Román buscaron constituir la sociedad “Grupo Suma SRL (Constitución)” en noviembre de 2013. Al momento de la publicación en el boletín, el instrumento correspondiente se encontraba en trámite de inscripción. “No existe, nunca existió. Se armó como una sociedad, pero nunca se concretó nada”, sostuvo el ex funcionario en diálogo con LA GACETA. Esta sociedad pretendía dedicarse a realizar obras de diversa naturaleza -civiles, públicas y privadas- y a trabajar en los rubros inmobiliario y financiero.

Tanto Jiménez Augier como San Román hubieran ejercido, en caso de concretarse la existencia de la sociedad, la representación legal de la SRL y hubieran compartido el carácter de “socio gerente”. Además, la publicación oficial detalla que las cuotas sociales se habrían dividido en partes iguales entre ambos.

En el Ipvdu hay, también, casos de funcionarios vinculados a los dueños de empresas constructoras. El coordinador de Programas Federales, Lucas Barrionuevo, está siendo investigado por su relación con los dueños de Marán Constructora SRL -empresa que recibió casi $ 50 millones del Ipvdu mediante contratación directa-. Es que Sebastián y Martín Nieva, propietarios de Marán, son sobrinos políticos de Barrionuevo.

El coordinador, actualmente de licencia por motivos de salud (según fuentes del Área Legal de la repartición), también enfrenta otro tipo de denuncias. Mediante una Carta al Director publicada por LA GACETA el 3 de agosto, el empresario de la construcción Javier Zerda acusó a Barrionuevo de haberle requerido una coima. “Me pidió para él un departamento para agilizarme la gestión y sacarme el pago del anticipo”, rezaba la misiva.

Además, el propio interventor Gustavo Durán -a cargo del Ipvdu desde 2003- reconoció que la empresa de su cuñado trabaja en al menos una obra de la repartición. “Cometí un error, si lo cometo al error me hago responsable”, dijo Durán. La constructora en cuestión es Kursk SRL y uno de sus socios es Raúl Eduardo Beverina, cuñado del funcionario.

Una decisión política

Mediante un decreto del Poder Ejecutivo firmado el lunes, Jiménez Augier fue separado de su cargo en el Ipvdu. “Tomé la decisión de separarlo del Gobierno hasta que se aclare la situación en el orden judicial”, confirmó el mandatario provincial Juan Manzur. Ayer, este diario consultó a Jiménez Augier sobre su desvinculación. “Cualquier funcionario está a decreto del gobernador. Fue una decisión del señor gobernador, eso es lo único que puedo decir”, declaró.

El episodio se dio en el marco de una causa judicial en la que se investigan supuestos ilícitos en el Ipvdu. Luego de que el ciclo televisivo de LA GACETA, “Panorama Tucumano”, transmita un informe sobre presuntas irregularidades en la repartición, la fiscala provincial Adriana Giannoni abrió una causa de oficio. Uno de los elementos que se investigan es la situación patrimonial de Jiménez Augier, ya que había cerca de US$ 500.000 en una caja de seguridad a su nombre.

La información surgió a raíz de una serie de procesos civiles en los que está involucrado el ex funcionario. En esos expedientes había un documento según el cual el dinero habría pertenecido a Álvaro Arraya, quien la semana pasada explicó que conocía a Jiménez Augier del ámbito “del básquet”. Pese a que el documento habría estado firmado por ambos, fuentes judiciales informaron que Arraya negó ante la fiscala Giannoni que el dinero le haya pertenecido. Además, habría explicado que firmó el documento con el objetivo de “hacerle una atención en el juicio civil” al ex funcionario. También habría dicho ante la Justicia que Jiménez Augier lo contactó de forma reciente para pedirle que mantenga la versión de que el dinero era suyo. Sin embargo, siempre según fuentes judiciales, Arraya negó ser el propietario del medio millón de dólares.

El ex funcionario optó por no brindar más detalles sobre este tema. “Está todo en el juzgado correspondiente, toda la documentación”, se limitó a afirmar cuando este diario le preguntó por las declaraciones de su conocido. Luego de haber escuchado a Arraya, en la Fiscalía se analiza la posibilidad de que se hayan configurado los delitos de enriquecimiento ilícito y estafa procesal. Según trascendió, Giannoni planea citar a Jiménez Augier en el transcurso de la semana.