“Al café lo tomo con chuker”. Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, no abandona el típico humor de su provincia para sacarle dramatismo a la pelea política, económica y, posiblemente, judicial entre Tucumán y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, por las limitaciones al consumo de azúcar en establecimientos gastronómicos de esa capital. Y la situación no está para chiste. Ni en esa provincia, ni en este distrito. Allá, el intendente Ramón Javier Mestre le pidió al mandatario de su provincia que, en vez de evadir las consultas periodísticas, se pronuncie a favor de la ordenanza que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, en favor de los hábitos saludables de consumo de la población. Aquí, en Tucumán, el gobernador Juan Manzur mantiene su postura de llegar hasta las últimas consecuencias para defender el cultivo tradicional de la provincia.
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“Politizar este debate como hizo el gobernador Manzur es una locura. Es un tema de salud”, dijo Mestre en una entrevista con el diario cordobés “La Voz”, luego de un viaje por Estados Unidos. “La ordenanza fue debatida un año en el Concejo. Fue presentada en abril de 2016 y se votó por unanimidad. Los representantes de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria le dieron su aval. Y más allá de las polémicas, está bien perfilada y genera hábitos saludables de consumo, no prohibe el azúcar”, continuó el jefe municipal que responde a Cambiemos.
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Manzur tiene previsto convocar hoy a los industriales, a los cañeros y a los representantes sindicales de los obreros del surco, con el fin de alinear una estrategia de defensa de la actividad, ante la posibilidad de que el “efecto Córdoba” se replique en otros municipios del país.
La Sociedad Rural de Tucumán también tomó postura en este asunto. Le envió ayer una nota al gobernador, firmada por su titular José Ignacio Lobo Viaña, expresando el apoyo al rechazo a la decisión adoptada por la municipalidad cordobesa. “Consideramos que esta acción inconsulta atenta contra el federalismo y la libertad de los ciudadanos de expresarse en forma libre”, indica en la misiva. Y acota: “afecta a nuestra principal agroindustria, por lo que manifestamos nuestro repudio” a la medida. Asimismo, avala las acciones que encararán los factores de la actividad.
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En tanto, el vicegobernador Osvaldo Jaldo insistió con el argumento de una cuestión política por detrás de la ordenanza aprobada en Córdoba. “Hay una intención de asfixiar a la provincia económica y financieramente, hay intencionalidad de avanzar sobre las economías regionales”, declaró ayer a la prensa.
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El intendente Mestre tiene todavía nueve días hábiles para promulgar la ordenanza, pero ayer declaró que la analizará con detenimiento. En ese aspecto, reclamó a sus funcionarios que examinen la normativa, con el fin de evitar defectos legales que puedan hacer naufragar la iniciativa. El jefe municipal dijo que no sale de su asombro frente a la “insólita” acusación del gobernador tucumano de que se ataca la economía regional por pertenecer a Cambiemos. “Es evidente que Manzur no está pensando en la salud, está pensando en cómo ganar la elección en su provincia, que la tiene muy complicada”, expresó.}
En Tucumán, varios abogados ya están analizando la cuestión y consideran que puede ser declarada su inconstitucionalidad, por más que en la provincia mediterránea sostengan que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población.