13 Septiembre 2017
La polémica generada por la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Córdoba, por la cual se elimina el azúcar de las mesas de los establecimientos gastronómicos de esa jurisdicción, ha llegado al Senado.
La senadora Silvia Elías de Pérez anticipó que pedirá la intervención del Ministerio de Agroindustria de la Nación y presentó un proyecto de declaración por el cual se rechaza la controvertida ordenanza. “Queremos llegar a un acuerdo para proteger la actividad azucarera”, señaló. En sus fundamentos, Elías de Pérez señaló que los motivos que generaron la iniciativa fueron proponer una mejora en la alimentación de la población. “Pero es necesario reconocer que la problemática es compleja y debe ser abordada en forma multidisciplinaria y con una visión global”, sentenció. Asimismo, señaló: “actualmente la industria azucarera es una generadora de miles de puestos de trabajo, que pueden ser puestas en peligro ante las propuestas de una imagen totalmente negativa de productos alimenticios, sin comprender que el producto con conlleva en sí ningún mal”.
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En este sentido, Elías de Pérez solicitó un abordaje multisectorial del problema, que contemple un riguroso análisis del impacto e implicancias que tendrá la implementación de normas de estas características.
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En tanto, en Tucumán, el legislador José María Canelada presentó ayer en la Legislatura un proyecto de resolución por el cual se rechaza enfáticamente la ordenanza cordobesa y solicitó al Poder Ejecutivo que “arbitre los mecanismos necesarios para entablar un diálogo razonable con la Municipalidad de Córdoba a fin de que se revea la medida adoptada”. En sus fundamentos, Canelada señaló que en Tucumán existen 5.000 productores azucareros y 15 ingenios, lo que implica que en esta actividad trabajan alrededor de 45.000 personas. “La medida adoptada por la Municipalidad de Córdoba tiene un impacto negativo en nuestra economía regional. Por eso se debe aunar esfuerzos en defensa de los tucumanos, resaltando que la promoción de hábitos saludables puede hacerse por mecanismos que no impliquen un claro perjuicio para miles de familias tucumanas”, señaló.
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