El Gobierno nacional prevé para 2018 una inflación del 12% y el dólar en torno de los $ 21
BUENOS AIRES.- El Poder Ejecutivo Nacional trabaja contrarreloj para delinear los últimos aspectos del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2018, que será remitido esta semana al Parlamento y que prevé una tasa de crecimiento del 3,5%.
El Ministerio de Hacienda confirmó que la iniciativa será presentada el viernes en el Congreso Nacional por el titular de la cartera Nicolás Dujovne.
Además del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5%, los principales lineamientos del proyecto establecen una inflación de un 12%, que está en línea con la meta del Banco Central (BCRA), y un dólar promedio en orden de los $ 21.
Si bien el Ejecutivo enviará al Legislativo el proyecto en los plazos previstos por la Constitución Nacional (CN), se estima que la discusión podría demorarse hasta después del 10 de diciembre, cuando se integre el nuevo Congreso surgido de las elecciones del 22 de octubre.
Uno de los puntos sobre los que se espera mayor debate es el nivel de endeudamiento que asumirá el país para cumplir con sus compromisos.
Se estima que durante 2018 se deberán tomar créditos por unos U$S 30.000 millones, de los cuáles U$S 10.000 millones serán para renovar vencimientos de deuda y el resto para cubrir el déficit fiscal.
La UIA y Dujovne acordaron una reforma tributaria gradual.
El mayor desafío será la reducción del déficit a 3,2% desde el 4,2% proyectado para este año.
La estrategia del Gobierno es mantener el nivel de gasto en términos reales, buscando reducir el déficit en forma gradual y a partir del crecimiento de la economía.
Durante 2017, las cuentas públicas tuvieron el auxilio del blanqueo de capitales, que aportó cerca de $ 120.000 millones, con lo cual el recorte de gastos deberá ser amplio, aunque jugará a favor el crecimiento de la economía que permitirá atenuarlo.
En el Gobierno nacional hacen foco en que el 60% del gasto presupuestado para el próximo ejercicio se destinará a servicios sociales.
El segundo punto de debate que el Gobierno define es la incorporación de la prórroga de la Emergencia Económica que vence este año. Esta norma le transfiere facultades del Poder Legislativo (PL) al Ejecutivo para la administración de partidas presupuestarias, beneficio que surgió tras la crisis de 2002 y lleva 15 años de vigencia, ya que la última prórroga había sido en 2015 y se había extendido por dos años.
“La reforma laboral debe discutirse después de octubre”.
Otro de los puntos que podría generar polémica durante el tratamiento de la ley es el incremento en las tarifas de los servicios públicos y del transporte, ya que el Gobierno planea aumentos en el último bimestre de este año que impactarán directamente en las cuentas públicas del año próximo.(DyN)