A los gobernadores no les sobra ni el dinero ni el tiempo

Buenos Aires avanza. Parece un eslogan de campaña, pero no. Es la estrategia judicial que la gestión de María Eugenia Vidal le ha imprimido al planteo por la restitución de gran parte de esa torta llamada Fondo del Conurbano Bonaerense. La mandataria ya ha mostrado que está dispuesta a mantener su postura por más que sus pares de otras provincias pataleen. No es para menos: un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le puede redituar al principal distrito de la Argentina una suma similar a lo que Tucumán gasta en un año: $ 55.000 millones. El Gobierno nacional la acompaña hasta donde puede. El presidente Mauricio Macri ha considerado justo el reclamo, pero los gobernadores justicialistas y también aquellos que responden a la Casa Rosada han planteado no que frenarán ese intento.

Por caso, hoy –reunidos en la Casa de San Juan- mandaron un mensaje directo al máximo tribunal del país. Dijeron que una decisión de tal naturaleza causaría un perjuicio financiero con fuertes consecuencias sociales. Es que el dinero que se resignaría por esa situación no es poco. Por caso, a Tucumán le dejarían de enviar unos $ 3.500 millones anuales, que es el equivalente a una planilla y media de salarios, el equivalente al costo salarial de las paritarias de este año o a tres recaudaciones mensuales de la Dirección de Rentas.

Desde hace algunos meses, los mandatarios, sus ministros de Economía y hasta los fiscales de Estado vienen advirtiendo que aquella pretensión bonaerense pone en peligro el precario equilibrio fiscal de las provincias con menos necesidades de financiamiento. Pero hundiría más a las jurisdicciones que aún viven del oxígeno financiero que le da el Gobierno nacional.

En estos días, varias provincias deben contestar a la Justicia sobre qué piensan del planteo efectuado por la gobernadora bonaerense, aunque varios mandatarios sostienen que la decisión judicial ya está tomada.

¿Por qué el tiempo apremia a las provincias? Sencillamente porque, de acuerdo con las pautas constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional deberá elevar el proyecto de Presupuesto 2018 hasta el 15 de este mes. Si hay decisión judicial previa, entonces la Nación se verá obligada a ajustar las pautas presupuestarias; de demorarse el fallo, las provincias ganarían tiempo y quedarían en manos de la voluntad de ambas Cámaras del Congreso. Eso es lo que quiere evitar la gestión de Macri, dirimir una cuestión en un territorio donde no tiene los votos asegurados, más aún cuando ha señalado que pretende avanzar con la reforma tributaria.

Si ninguna provincia quiere ceder su parte sobre el Fondo del Conurbano Bonaerense, ¿cómo reaccionarían ante el intento del Ministerio de Hacienda de la Nación de eliminar gradualmente el impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos o sustituirlo por otro a las ventas finales? La respuesta es más que clara. No habrá cesión al menos que la Casa Rosada compense la sangría financiera con parte de sus recursos fiscales. El argumento también es claro: son las provincias las que se encargan de administrar los principales servicios al ciudadano: educación, salud y seguridad. La disputa Nación-provincias recién comienza.